Deuda pública: cada ecuatoriano pasó de deber $950 a $4.850 en 20 años
Un análisis de la USFQ muestra cómo, entre 2006 y 2025, la deuda pública se multiplicó, el Estado llegó a representar 37,5% del PIB y el aporte promedio de cada trabajador para sostener la nómina pública subió de $40 a $125 mensuales.
En 2006, la deuda pública que correspondía, en promedio, a cada ecuatoriano era de $950. En 2025, esa cifra llegó a $4.850. Es decir, en dos décadas, la carga individual asociada a la deuda del Estado aumentó más de 400%.
La cifra resume una transformación mucho más amplia de las finanzas públicas del país: el Estado creció, aumentó la cantidad de recursos que recibe de los ciudadanos y acumuló deuda. La pregunta que plantea un análisis de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) es si ese mayor volumen de recursos se ha traducido en más productividad, mejores servicios y una mejor calidad de vida.
El documento ‘20 años (malos) de finanzas públicas’ fue elaborado por Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la USFQ; Jorge Calderón, estudiante de Economía de la USFQ; y Leonardo Lozano, también estudiante de Economía de la USFQ.
La deuda pública de Ecuador se disparó y pasó de $13.500 millones a $87.340 millones en 20 años
El salto de la deuda pública es uno de los datos más contundentes del análisis. En 2006 representaba 33,6% del PIB. Para 2025, supera el 65,3%.
En dólares, el aumento fue de $13.500 millones a $87.340 millones. Es decir, unos $73.840 millones más de deuda acumulada en ese período.
Llevado a una escala más cercana, el documento calcula que la deuda correspondiente a cada ecuatoriano pasó de $950 a $4.850. El aumento nominal fue de más de 400%. Incluso al descontar el efecto de la inflación en dólares durante esos 20 años, el incremento real equivalente sería de alrededor de 150%. “¡Igual enorme!”, advierten los autores.
La deuda no es una factura que cada ciudadano recibe directamente en su casa. Pero sí se paga con los recursos que el Estado obtiene de la economía: impuestos, ingresos petroleros, aportes a la Seguridad Social y nuevo endeudamiento. Por eso, cuando el Estado acumula más obligaciones, también aumenta la presión futura sobre los ingresos públicos.
El análisis señala, además, que Ecuador mantiene un déficit casi permanente desde 2007, lo que significa que, durante todos estos últimos años, los gastos públicos superaron los ingresos y el país tuvo que recurrir a más deuda para cubrir la diferencia.
Es decir, vivimos levantando deuda para pagar otra deuda, y queda un espacio escaso o nulo para inversión.
El Estado ecuatoriano representa 37,5% de la economía
El segundo gran cambio está en el tamaño del Estado. En 2025, el gasto y la actividad del Sector Público No Financiero (SPNF) equivalían a 37,5% del PIB, según el análisis.
El SPNF incluye prácticamente todo el Gobierno, con excepción de las entidades financieras, como el Banco Central, el BIESS, la CFN y BanEcuador. El IESS sí está incluido.
La cifra actual es menor que la de 2014, cuando el Estado llegó a representar 45% del PIB. Sin embargo, los autores consideran que el tamaño actual sigue siendo elevado y plantean que debería bajar desde el rango de 37%-38% hasta cerca de 30% o incluso menos.
¿Qué significa esto para un ciudadano? Que, en términos muy generales, por cada $100 que genera la economía, alrededor de $37,50 están vinculados al tamaño del Estado.
Los autores sostienen que el problema no está únicamente en que el Estado gaste mucho. La pregunta central, dicen, es qué valor produce cada dólar que se administra públicamente.
“¿Los recursos en tales o cuales actividades estatales generan más o menos productividad y más calidad de vida que si se hubieran quedado en manos privadas?”, plantea el análisis.
El problema no es tener un Estado grande, sino que la economía no crezca para sostenerlo
A través de una comparación internacional, Lucio Paredes, Calderón y Lozano explican que un Estado grande no garantiza, por sí solo, un mayor nivel de desarrollo.
Dinamarca, por ejemplo, tiene un gasto público equivalente a 47,3% del PIB. Sin embargo, cuando tenía un nivel de desarrollo más cercano al actual de Ecuador, su Estado era mucho más pequeño: representaba entre 15% y 20% del PIB en los años cincuenta y alrededor de 34% en los años setenta.
La conclusión es que Dinamarca no alcanzó su nivel de desarrollo porque primero construyó un Estado grande. El crecimiento vino antes y el Estado se expandió después, con instituciones capaces de administrar ese volumen de recursos de manera más eficiente.
Esto no significa que la deuda o el gasto público sean malos por sí mismos. Un Estado puede endeudarse para construir infraestructura, mejorar la educación, fortalecer la salud o financiar inversiones que eleven la productividad y generen más crecimiento. Del mismo modo, un mayor gasto público puede ser positivo si se traduce en mejores servicios, más oportunidades y una economía más productiva.
El problema aparece cuando la deuda se acumula de manera permanente, el gasto crece sin generar resultados y la carga para financiar al Estado termina asfixiando al sector privado.
La pregunta, por tanto, no es únicamente cuánto gasta el Estado o cuánto se endeuda. La pregunta central es qué obtiene la sociedad a cambio de esos recursos. Si cada dólar adicional de gasto público genera más producción, mejores servicios, más empleo y mayor productividad, puede contribuir al desarrollo. Pero si solo aumenta la deuda, la carga tributaria y el tamaño de la burocracia, sin mejorar la capacidad de la economía para crecer, el costo termina recayendo sobre los ciudadanos y las empresas.
En ese escenario, los autores establecen la productividad del sector privado es de 80 sobre 100 y la del sector estatal de 40 sobre 100, por eso el promedio de la economía llega a 64.
Pero si el Estado eliminara actividades improductivas, mejorara su productividad hasta 50 sobre 100 y redujera su peso al 30% de la economía, el promedio subiría a 71.
La diferencia, de 64 a 71, puede parecer pequeña, pero para una economía completa representa una mejora importante en la capacidad de producir bienes y servicios, generar ingresos y mejorar el nivel de vida. (JS)
¿De dónde sale el dinero para mantener al Estado al Estado ecuatoriano?
La idea básica que hay que tener clara es que el Gobierno no tiene recursos propios.
“El ‘Gobierno no tiene recursos propios’, solo los que nosotros le otorgamos obligatoriamente”, señalan los autores.
El dinero llega por distintas vías. Están los impuestos, como el IVA, el Impuesto a la Renta y el ICE. También los aranceles, los impuestos prediales, el ISD y otros tributos.
A eso se suman los ingresos petroleros, los aportes a la Seguridad Social y la deuda interna y externa. Aunque el ciudadano no solicite directamente esos préstamos, el Estado deberá pagarlos con ingresos futuros.
Según el análisis, entre 2006 y 2025:
- El aporte del IVA y el Impuesto a la Renta subió de aproximadamente 9% a 10% del PIB.
- El aporte de otros impuestos y cargas pasó de 7% a 9,5% del PIB.
- El aporte a la Seguridad Social aumentó de 4% a cerca de 5% del PIB.
- En conjunto, el aporte de los ciudadanos pasó de alrededor de 30% a casi 35% del PIB.
En términos sencillos: la economía ecuatoriana entrega hoy una proporción mayor de sus recursos al Estado que hace 20 años.
Mantener la nómina pública le cuesta $125 al mes a cada ecuatoriano trabajador, tres veces más que en 2006
Uno de los datos más cercanos para el lector es el que relaciona el tamaño de la nómina pública con la Población Económicamente Activa (PEA).
En 2006, cada integrante de la PEA aportaba, en promedio, $40 mensuales para sostener la nómina del Gobierno. En 2025, esa cifra llegó a $125 mensuales.
El incremento es de $85 al mes por persona. En términos porcentuales, equivale a un aumento de 212,5%.
Los sueldos del SPNF equivalen aproximadamente al 100% de lo que el país recauda por IVA e Impuesto a la Renta.
En otras palabras, todo lo que los ciudadanos pagan por esos dos impuestos termina destinada a financiar los salarios del sector público.
Lucio Paredes, Calderón y Lozano también cuestionan la carga tributaria sobre los ingresos adicionales de las personas. La tarifa marginal máxima del Impuesto a la Renta para personas naturales llega a 37%. Esto significa que, para determinados niveles de ingreso, una parte importante de los ingresos adicionales queda sujeta a tributación.
El documento lo resume así: “nuestros ingresos por esfuerzos adicionales se merman en cerca del 40%”.
El problema no es solo cuánto gasta el Estado, sino cuánto valor genera cada dólar público
El déficit y la deuda son problemas importantes, pero la discusión no debería quedarse únicamente en cuánto dinero falta cada año.
La pregunta de fondo es qué ocurre con los recursos una vez que llegan al Estado.
Los autores diferencian entre actividades públicas que pueden ser necesarias, como seguridad, justicia, educación o salud, y otras que pueden generar una productividad baja o incluso negativa.
Como ejemplo están regulaciones que obligan a una empresa a cumplir trámites cuya utilidad es mínima. La empresa ya pagó impuestos para financiar la agencia que creó el trámite y luego debe destinar más tiempo y dinero para cumplirlo.
El resultado, según el análisis, es que recursos que podrían haberse utilizado para inversión terminan consumidos en una obligación de escaso beneficio. “¿Costo vs beneficio? Negativo obviamente”, concluyen.
Fuente: La HORA
