Crisis carcelaria Ecuador: agentes penitenciarios alertan falta de garantías
La Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios señalan que desde 2023 han asesinado a 60 agentes penitenciarios y piden salarios dignos, equipamiento y garantías de seguridad.
Masacres, violencia entre organizaciones criminales, fugas, control de pabellones, motines y secuestros de agentes penitenciarios han sido los escenarios de la crisis carcelaria en Ecuador, desde 2021. A partir de 2024, el Gobierno de Daniel Noboa colocó a los militares en el control penitenciario. La violencia disminuyó, pero en 2025 se registraron hechos violentos como los ocurridos en las cárceles de Esmeraldas y Machala.
En medio de este escenario, el 14 de julio de 2026, el Gobierno expuso el Plan Nacional de Seguridad 2025-2029. Noboa expidió el Decreto Ejecutivo 448 con el que declaró al plan de seguridad como política pública de aplicación en el país. En el documento se menciona que los militares estarán con el control carcelario solo hasta 2027. Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios Activos de Ecuador se emitió una alerta y se pidieron garantías para su labor.
Agentes penitenciarios alertan por su seguridad
Wilman Alarcón, presidente de la Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios Activos de Ecuador (Asoserpen), informó que en el país hay 2.500 agentes de seguridad penitenciaria para 40.000 personas privadas de libertad. Para su trabajo, los agentes se dividen en tres grupos, es decir, alrededor de 800 por grupo para controlar a los detenidos en las cárceles.
«(Esta situación) no se acerca en nada a las recomendaciones que da la misma ONU y los expertos de seguridad penitenciaria, que dicen que por lo menos debería ser un custodio para cada 10 privados de libertad en mínima seguridad», puntualizó.
Alarcón expuso que consideran que por lo menos deberían ser de 12.000 a 15.000 agentes para garantizar la seguridad penitenciaria.
Falta de garantías para realizar su trabajo
Alarcón señaló que no cuentan con armamento para cumplir su trabajo, que sus salarios son bajos y que son la institución que menos ingresos percibe, pese a que su trabajo es de alto riesgo.
Además, recordó que las mafias han focalizado la violencia sobre el cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria.
En una rueda de prensa, Alicia Borja, parte de la directiva de la Asoserpen, indicó que los agentes penitenciarios son amenazados y también son víctimas de represalias.
«Muchas veces no se sale ni siquiera a desayunar ni a almorzar por la falta de personal, porque se tiene que sacar a los privados de libertad a diligencias, a audiencias o citas médicas con las que se debe cumplir», indicó.
Por esta situación hay una acción de protección contra el Estado para que su trabajo «sea valorado y dignificado, porque muchas veces han sido criminalizados».
“Nuestros compañeros, por negarse a las mafias, están siendo asesinados«, denunció Borja.
El 5 de julio de 2026, el SNAI convocó a policías y militares en servicio pasivo a participar en el proceso excepcional de selección para incorporarse temporalmente al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.
60 agentes penitenciarios han sido asesinados
De acuerdo con cifras recogidas por la asociación, en 2023 asesinaron a 14 agentes penitenciarios, en 2024 a 20, en 2025 a 19 casos y en lo que va de 2026 a 7.
El presidente de la Asoserpen recalcó que sus compañeros han fallecido a causa de homicidios intencionales (estilo sicariato) y no por accidentes o muertes naturales. Agregó que la mayoría de los homicidios ocurrieron en provincias de la Costa, y que el más reciente a una de sus compañeras fue en Chimborazo.
«Usted puede ver la violencia en el universo de los 1.500 compañeros que tenemos, 60 compañeros han sido asesinados en estos tres últimos años y el cuarto año que está en proceso, son bastantes. Ni siquiera la Policía tiene tantos compañeros asesinados», enfatizó.
Para Alarcón, el hecho de que se realicen tantos hechos violentos contra su sistema evidencia que «no hay garantías» para su trabajo.
162 agentes penitenciarios fueron secuestrados en 2025
El presidente de la Asoserpen recordó lo ocurrido en enero de 2025, cuando 162 agentes penitenciarios fueron obligados a permanecer dentro de los centros penitenciarios, y algunos estuvieron en condiciones precarias.
«Luego de eso se instó a un habeas corpus, una garantía constitucional, con la cual la jueza dispuso al SNAI a que nos brinde algunas garantías necesarias entre esos tratamientos psicológicos, el pase de los compañeros que estuvieron en esos centros carcelarios a otros, aunque no se cumplió, a lo mucho en un 40%. En este hábeas corpus, también una de las resoluciones fue equipar de manera íntegra al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, lo cual tampoco se hizo», dijo.
Alarcón mencionó que han interpuesto procesos judiciales a su patrono «para que cumpla con algunas disposiciones que ya están dadas». Por ejemplo, por la deuda que mantienen con ellos sobre las bandas salariales. (PSR)
Fuente: La HORA
