Concurso para Fiscal debería seguir en el Cpccs, según miembro de la Veeduría Ciudadana
La Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal está formada por nueve instituciones y una de ellas es el Colegio de Abogados de Pichincha, cuyo presidente señala que el proceso de designación no debe parar.
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) sesionará este 8 de julio de 2026, a las 10:00, de manera virtual.
Hay dos puntos en la agenda de la sesión, pero ninguno referente a la resolución que aprobó la Comisión Ciudadana de Selección (CCS) el 3 de julio en la que se solicita suspender los plazos y términos del concurso para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Paúl Ocaña, abogado penalista, es presidente del Colegio de Abogados de Pichincha (CAP) y esta institución, junto a otras ocho, integran la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal.
En diálogo con LA HORA, Ocaña expone sus criterios sobre el escenario que debería ocurrir respecto al concurso.
P. ¿Qué debería suceder una vez que el presidente Andrés Fantoni retornó al Cpccs tras sus vacaciones?
¿Quién es la autoridad máxima para el concurso de la FGE? Es la Comisión Ciudadana de Selección. La Comisión no debe esperar que el Pleno del Cpccs autorice o ratifique sobre el informe de recalificación. Lo que tiene que hacer la CCS es simplemente dar a conocer cuál ha sido su resultado. Caso contrario, la CCS, que es la autoridad máxima, estaría pidiendo el aval del Pleno del Cpccs y eso no funciona así, pues la CCS tiene independencia y jerarquía para llevar a cabo el concurso.
Le guste o no le guste el informe de recalificación al Pleno del Cpccs, la CCS debería seguir el proceso. Lamentablemente, llevamos varias semanas esperando eso, no sé si es por falta de conocimiento de la CCS y de quien la preside o porque simplemente no quieren seguir adelante con el proceso, pero eso ha llamado muchísimo la atención.
La Comisión Ciudadana de Selección envió el informe final de recalificaciones de los 28 postulantes al Pleno el 8 de junio y desde allí no hay mayor avance en el concurso.
P. La CCS ha planteado la suspensión de los plazos, ¿cuál sería el escenario más oportuno para el concurso en estas circunstancias?
La CCS está pidiendo que se suspendan los plazos y términos sobre el concurso, puesto que si no se cumple como está en el reglamento, finalmente podrían ser sancionados o multados. Por allí entiendo que va la estrategia o decisión de la CCS. Insisto, la CCS no debe esperar que el Pleno apruebe el informe de recalificaciones.
El Pleno debe conocer, esa es realmente la figura jurídica. Lo que no se ha corroborado hasta el momento es que esté el Pleno constituido para que conozca este informe, mas no la aprobación o rechazo. Lo único que tiene que hacer el Pleno es conocer y para eso se debería convocar una sesión, conocen el informe y siguen adelante.
Para mí no va (la suspensión), no debería suceder eso. La CCS debería continuar, poner en conocimiento y seguir con la siguiente fase que es la impugnación.
P. Se ha señalado que la calificación de 46,5 del actual fiscal Carlos Alarcón es supuestamente irregular, pero no hay respuesta a esa y otras observaciones, ¿qué lectura tiene usted de eso?
Esto (observaciones sobre supuestas irregularidades) ya viene desde la fase de calificación, desde el primer momento y con todo el respeto a quien preside la CCS (Cynthia Jacho), pero a mi criterio es por la falta de experiencia en el tema. A pesar de ello, se están tomando decisiones y eso implica que el proceso se vaya suspendiendo, dilatando y no se llegue a establecer las bases en los tiempos determinados.
Habría que preguntar a la CCS por qué teniendo tanto cuestionamiento el tema de los puntajes no ha dado oídos a organizaciones sociales e incluso a la veeduría formal que tiene el concurso. Esa es una respuesta que tienen que dar, que nos indiquen por qué no se ha dado oídos o si dando oídos por qué no se ha justificado.
P. ¿Se observan intenciones de ayudar a Alarcón para que conserve el puesto?
Esa pregunta sería para el Pleno del Cpccs y para la CCS. Lo que nosotros hacemos como Comisión Cívica o veeduría social es, a través de la secretaría técnica, indicar las posibles alertas que pueden existir en el concurso.
P. ¿Si ganan nuevamente los vocales que van por la reelección, qué se puede esperar para el próximo periodo del Cpccs?
Sigo insistiendo en que este concurso, en el mejor de los casos, terminará en el primer trimestre del 2027. Primero decían que se terminaría en mayo, después en junio, en agosto, ahora en octubre. No, para mí este concurso terminará en el primer trimestre del 2027.
También considero que no porque gane la pregunta, que estaría en la consulta popular de noviembre del 2026 sobre traspasar la atribución de designar autoridades del Cpccs a la Asamblea Nacional, quiere decir que este concurso queda inválido. La ley no tiene efecto retroactivo, no va hacia atrás. Este concurso debe terminar con la designación de la o el fiscal que gane. Sea quienes sean los que ganen como vocales al Cpccs, deberán cumplir el mandato que se les dispuso y es este concurso.
P. ¿Eso significa que Ecuador podría tener una autoridad con poca legitimidad?
Los postulantes que están actualmente en el concurso son buenos perfiles, podría salir un buen fiscal o una buena fiscal. Considero que los perfiles, sobre todo los primeros que están en la lista: Daniella Camacho, Maritza Romero, Samno Macías, Salomón Montecé, Carlos Alarcón, tienen una política de combatir el crimen organizado, la delincuencia organizada, el narcotráfico, el lavado de activos, la minería ilegal, que es lo que tanto aqueja hoy por hoy a nuestro país.
Me llama la atención que no hayan pedido licencia para seguir en el concurso. Y me refiero a Alarcón, a Camacho y a Romero que, por ética profesional, deberían haber pedido licencia para seguir participando en el concurso. Caso contrario podría mal entenderse, por ejemplo, por lo que está pasando en el caso Sinohydro con dos de los 28 postulantes, uno (Alarcón) está acusando y otro (Camacho es parte del tribunal de juzgamiento) está administrando justicia. Eso no es bien visto. (KSQ)
Fuente: La HORA
