Asamblea debate la Ley Orgánica de Integridad Pública: Opiniones divididas sobre endurecer penas a menores por delitos graves
La incorporación de reformas al Código Penal y, especialmente, al de la Niñez y Adolescencia en una ley urgente en materia económica ha generado debate en la Asamblea Nacional donde el oficialismo está buscando apoyo mayoritario a la Ley de Integridad Pública en la Asamblea.
Pero este proyecto de ley también ha pasado al debate ciudadano y jurídico, donde hay criterios divididos acerca de cómo se está tratando esta reforma en un proyecto de carácter urgente.
Mientras en la Asamblea Nacional avanza el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública —que incluye la posibilidad de internamientos de hasta 40 años para adolescentes— en las calles de Machala muchos ciudadanos reclaman “mano dura”, y juristas alertan de vicios de inconstitucionalidad y populismo penal.
PIDEN ENDURECER LAS PENAS
Ítalo Alexander, de 18 años, no duda en que endurecer las penas para los menores infractores en delitos graves, debe ejecutarse. “Estoy de acuerdo con que los adolescentes que matan o extorsionan también sean juzgados; la ley debe ser para todos”.
Él, a pesar de ser joven, coincide con la mayoría de ciudadanos consultados de cambiar las leyes, debido a que hay un crecimiento en delitos graves en donde participan menores de edad.
Manuel Alarcón es aún más tajante: “¡Directo a la grande,! Si no, esto nunca se va a acabar”. Él considera que los menores que cometen delitos como asesinatos, secuestros y extorsiones, deben ser juzgados como adultos, porque cometen los delitos conscientes.
Jacinto Ramos, también está de acuerdo con el proyecto de ley. “Ya debía haberse endurecido; los criminales usan a los menores porque saben que las penas son leves”.
LA PROPUESTA OFICIAL QUE DIVIDE A LA ASAMBLEA
La polémica nació cuando el Ejecutivo envió la Ley de Integridad Pública como “económica urgente”. En plena discusión sobre contratación estatal y transparencia, la bancada oficialista incluyó una disposición adicional: que todo menor que incurra en delitos con penas superiores a 10 años sea procesado bajo las reglas del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de adultos y cumpla internamiento por el mismo tiempo que un mayor de edad.
El borrador superó su primer debate el 16 de junio, impulsado por Acción Democrática Nacional (ADN), que argumenta que las bandas “reclutan chicos porque salen en pocos años”. Opositores, como la Revolución Ciudadana, reprochan la “ilegalidad” de mezclar materia penal en una ley económica urgente.
ABOGADO PENALISTA: “SE ESTÁN MEZCLANDO TEMAS SIN CONEXIÓN”
El abogado penalista Andrés Suárez, consultado por CORREO, fue enfático en su análisis jurídico y dijo que este proyecto de ley forma parte de una ley económica urgente. “Pero se está incluyendo una reforma penal, lo cual vulnera el principio de unidad de materia establecido en la Constitución. La Corte Constitucional ya ha sido clara: en este tipo de leyes solo puede tratarse un tema económico, no penal”, explicó.
Para Suárez, este error de forma ya es suficiente para que la norma sea declarada inconstitucional si llega a aprobarse. “Le están poniendo en bandeja de plata a la Corte la oportunidad para tumbar este proyecto”, añadió.
Además, el experto resaltó que ya existe un sistema legal para sancionar a adolescentes infractores. “No es cierto que no se los juzga. Se los procesa y sanciona, pero con penas diferenciadas: la máxima es de 8 años, y se cumple en centros especializados, no en cárceles comunes”, aclaró.
Según el abogado Suárez, el procedimiento es prácticamente igual al de un adulto: Investigación fiscal, audiencia judicial y sentencia con base en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Lo que cambia es el tiempo de la pena. “Un adulto puede recibir hasta 35 años de prisión, o hasta 40 si hay concurso de delitos. Pero un menor infractor solo puede cumplir hasta 8 años, aunque cometa asesinato”, explicó.
Y advirtió que proponer que se los juzgue como adultos con penas mayores, como 20 o 30 años, sin adecuar todo el marco legal, sería desproporcionado y contrario a tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.
¿POPULISMO PENAL?
Aunque Andrés Suárez considera legítimo discutir el aumento de penas en delitos graves como sicariato, terrorismo o secuestro, rechaza que se haga de forma improvisada. “Este proyecto es una respuesta populista a la presión social, pero no ataca el problema estructural: pobreza, abandono escolar y falta de oportunidades”, indicó.
El proyecto debe ser debatido por la Asamblea antes del 27 de junio. Si se aprueba tal como está, sectores jurídicos ya advierten que se presentarán demandas ante la Corte Constitucional. Suárez insiste: “La forma es tan importante como el fondo. Si se viola la unidad de materia, la Corte no tendrá más opción que declarar inconstitucional la ley”.
“Como no hay penas que les afecten, las bandas se están beneficiando”
John Reimberg, ministro del Interior, mostró su apoyo a la Ley Orgánica de Integridad Pública que es tratada por la Asamblea Nacional y que entre sus reformas incluye la posibilidad de que menores de edad sean juzgados como adultos por delitos graves como asesinato, secuestro extorsivo y narcotráfico.
En una entrevista con Ecuador TV, el ministro señaló que existen aproximadamente 3.500 adolescentes infractores, algunos de ellos presuntamente implicados en sicariatos y extorsiones, que no pueden ser penalizados ni juzgados por estos delitos.
“Hay que recibir el castigo por lo que se ha hecho. Definitivamente (deben ser juzgados como adultos) en delitos como asesinato, secuestro extorsivo y tráfico de drogas”, apuntó.
Reimberg se mostró a favor que -como plantean las reformas en la Ley Orgánica de Integridad Pública- menores puedan ser sancionados como adultos, conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
“Como no hay penas que afecten a estos menores, las bandas se están beneficiando, por eso reclutan a los jóvenes, porque saben que no van a tener problemas, que no van a ir presos”, mencionó.
Criterios
Ítalo Alexander (18 años, joven machaleño): “Estoy de acuerdo con esa ley. También deben ser juzgados los adolescentes que cometen delitos como secuestros y asesinatos. La ley debe ser para todos, no importa la edad”.
Manuel Alarcón (ciudadano machaleño): “¡Directo a la grande! Que paguen sus fechorías, esos vagos abusivos. No les gusta trabajar y se escudan en la edad. Por eso yo estoy de acuerdo en que se endurezcan las penas”.
Jacinto Ramos (Jubilado): “Esa ley ya debió reformarse hace rato. Los delincuentes usan a los menores porque saben que no les pasa nada. Ya es hora de que también ellos enfrenten la justicia como los adultos”.
Andrés Suárez (abogado penalista): “El proyecto forma parte de una ley económica urgente, pero se está incluyendo una reforma penal. Eso viola el principio de unidad de materia establecido en la Constitución”.
Fuente: Correo
