Asamblea: sectores políticos afinan observaciones a proyecto de urgencia económica de Daniel Noboa

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional prevé iniciar este 21 de mayo de 2025 el trámite del proyecto de Ley para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, remitido por el Ejecutivo, el 17 de mayo, con el carácter de urgencia en materia económica.

Una vez que la mesa legislativa avoque conocimiento de la iniciativa, empezará a correr un plazo de diez días (hasta el 31 de mayo) para presentar el informe para primer debate en el Pleno. De esos 10 días se deben destinar al menos cinco para escuchar a grupos políticos y actores sociales que tengan aportes o que consideren que la propuesta les podría afectar.

El proyecto propone reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a otros cuerpos legales.

La iniciativa busca cortar los flujos financieros ilícitos que alimentan a los grupos armados organizados que operan en Ecuador.

Otro objetivo es establecer medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a establecer un marco jurídico nacional, aplicable para la desarticulación de las economías criminales, así como para proteger a la ciudadanía, la sostenibilidad del sistema económico y financiero de Ecuador y la reactivación económica en zonas afectadas.

El proyecto plantea el reconocimiento del conflicto armado interno, sustentado en un decreto que deberá identificar a los grupos armados organizados que operan en el país y podrá disponer las medidas económicas y financieras para afrontar dicho conflicto y desarticular las economías criminales.

Tareas del bloque de seguridad

La propuesta también plantea definir el Bloque de Seguridad, una entidad liderada por el Presidente o su delegado. Dicha instancia se encargaría de la coordinación operativa para planificar, ejecutar y supervisar las acciones militares y de seguridad. Sus atribuciones serían:

• Determinar medidas económicas y financieras que se consideren necesarias para desarticular economías criminales.
• Recolección de información de Inteligencia para anticipar movimientos de grupos armados, prevenir ataques y proteger a la población civil.
• Identificar zonas de seguridad.
• Coordinar la implementación de medidas de seguridad física y cibernética para prevenir sabotajes y ataques a infraestructura.
• Establecer controles fronterizos integrados y sistemas de vigilancia tecnológica.

Endurecimiento de penas

El proyecto busca reformas al COIP para que se impongan penas más severas a quienes integren o lideren grupos armados organizados. Durante la existencia de un conflicto armado interno se plantea que las personas que participen, directa o indirectamente, en un grupo armado organizado (…) serán sancionadas con pena privativa de libertad de 22 a 26 años.

Sectores políticos se preparan para hacer observaciones al proyecto

Los partidos políticos, incluso desde ADN, se preparan para presentar sus observaciones al proyecto de ley.

Aunque el Partido Social Cristiano (PSC) aún no tiene una propuesta oficial en firme, Otto Vera adelantó que sí harían recomendaciones en torno a la propuesta que establece que el domicilio o lugar en los que operen los GDO (Grupos de Delincuencia Organizada) podrán ser allanados sin tener una orden judicial.

Para Vera, esto ya se intentó incluir en un proyecto anterior. “Cuando alguien es allanado, primero debe haber una investigación, sobre todo porque en un acápite del texto dice que el Consejo de Seguridad, que plantea que sea manejado por el Ejecutivo, tendrá la potestad de poder apresar y luego deberá demostrar si es inocente o no”.

Vera señaló que con este acápite, la Función Ejecutiva estaría acaparando parte de las competencias que debe tener la Función Judicial. “Habría que ver si este tema es constitucional o no; lo vamos a analizar y si hay aspectos en lo que no estamos de acuerdo, lo diremos al país”, comentó.

Andrés Castillo (ADN) anunció que también presentará observaciones. “Para eso es el debate, todo proyecto es perfectible, hay que hacer cambios y reformas, inclusive semánticos para una mejor comprensión, yo expondré mi posición en el Pleno”.

Castillo espera que la norma no entre a regir por el ministerio de la Ley. “Espero que haya 151 votos a favor porque la ley es necesaria, la gente pide seguridad”, afirmó.

El proyecto aborda temas económicos, pero requiere que se reformen otros cuerpos normativos para su plena aplicación. Por ejemplo, para la extinción de dominio de la economía criminal, allanamientos o indultos, se debe reformar el COIP.

Desde el sector de independientes (Edwin Jarrín, Cristian Benavidez, Juan Gonzaga) se anuncia que sus observaciones serán conocidas antes del 24 de mayo, día en que el presidente Daniel Noboa será posesionado.

Juan Gonzaga (Sucumbíos) pide al Gobierno que explique cómo va a compensar las pérdidas en la economía por los toques de queda. Esto ha limitado la capacidad productiva de las familias, indicó.

Gonzaga cree que el proyecto no solo debe establecer cómo desmontar la economía criminal, sino también cómo compensar al tejido social afectado, principalmente  en zonas de frontera.

A estas observaciones se sumarán las de Pachakutik. Carmen Tiupul, tercera vicepresidenta del Parlamento dice que las sugerencias serán enviadas por escrito. (SC)

Para la aprobación se necesita 77 votos

Cuando el proyecto regrese a la comisión, una vez finalizado el primer debate, la mesa legislativa cuenta con cuatro días para presentar el informe de segundo debate con la sistematización de las observaciones presentadas. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, dispondrá la distribución del informe de segundo debate en 48 horas entre los 151 legisladores. Luego, tendrá que convocar a la sesión para tratar el informe definitivo.

Si en el debate el ponente determina que aún quedan cambios por hacer, podrá pedir la suspensión del punto y en 48 horas volver a presentar la propuesta.

Para la aprobación del proyecto se necesitan 77 votos, pero con ese mismo número se lo podrá archivar. Si hasta el 17 de junio la Asamblea no aprueba, modifica o niega el proyecto, el Presidente de la República puede promulgarla como proyecto ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial.

Fuente: La Hora