La Judicatura de Mario Godoy se prepara para declarar la emergencia en la Función Judicial
El 11 de julio de 2025, Mario Godoy mantuvo reuniones con autoridades de la Fiscalía y la Defensoría Pública para recabar información que será incorporada en los estudios técnicos que respaldan la declaratoria de emergencia en la Función Judicial.
La posibilidad de que la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), que abre la puerta a una emergencia judicial, se aplique en la gestión del actual presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, quien se encuentra prorrogado en funciones desde el 29 de enero de 2025, está muy cerca de volverse realidad.
La reforma al COFJ está incluida en el artículo 261.1 y forma parte de la Ley de Integridad Pública, que fue aprobada en la Asamblea Nacional el 24 de junio y vigente desde el 26 de junio con la publicación en el Registro Oficial.
Yolanda Yupanqui, vocal de la Judicatura, aclara que todavía no hay un plan preestablecido, pero “prácticamente” existe la decisión de declarar la emergencia.
Para tomar una decisión definitiva, el pleno del CJ solo espera la reincorporación de la vocal Solanda Goyes, quien está con permiso médico, “para que se dé la declaratoria”. Goyes pidió licencia por enfermedad del 5 al 19 de julio. “No podemos hacer nada mientras la doctora Goyes no se reincorpore”, subraya Yupangui en una entrevista con LA HORA.
Por lo pronto, las unidades de la Judicatura elaboran informes sobre la infraestructura judicial, gestión de jueces, fiscales, salarios, el requerimiento de presupuesto “y otras necesidades por las que se justifique declarar la emergencia”, dice Yupangui.
“Las áreas correspondientes de la Judicatura están trabajando a full en estos informes, esa es una disposición del presidente (Mario Godoy)”, revela la vocal, tras sostener que esta es una decisión emergente. “Si hay esa oportunidad, hay que hacerlo pronto, el Consejo necesita de esa declaratoria”, afirma.
Para las evaluaciones se requerirán informes de entidades del Estado
Yolanda Yupangui planteará que, antes de la evaluación, haya una depuración de jueces, secretarios y empleados, a través de una información que tendría que remitir la Fiscalía, la Contraloría General del Estado, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y Servicio de Rentas Interna (SRI).
“Estas entidades podrían aportar con información sobre cuántos y qué jueces tienen problemas económicos, de delitos, de juicios. Incluso hay jueces que tienen problemas de pago de pensiones alimenticias”, advierte.
En ese caso, ¿Cómo pueden ser jueces de la niñez?, pregunta Yupangui. “Cuando tengamos jueces depurados se podrán realizar la evaluación para proceder con la recategorización de cada uno de los jueces para una escala superior”. Los jueces primero deberán pasar por un filtro de idoneidad, insiste.
Yolanda Yupangui lo señala en referencia a la preocupación que han planteado gremios de abogados, que advierten de supuestos riesgos del artículo aprobado en la Asamblea. “La depuración permitirá que solo ingresen jueces limpios”, asegura la vocal.
El abogado José Alomía, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, y de la Federación de Abogados del Ecuador (Fenade), cree que la reforma podría usarse para imponer “jueces golondrina”, sin procesos públicos de selección o remover a jueces y fiscales considerados incómodos bajo el pretexto de evaluaciones.
Alomía considera que, a partir de la declaratoria de emergencia, al CJ no le tomaría más de tres meses realizar los cambios.
“Durante la gestión de Gustavo Jalkh, entre 2012 y 2013, cuando en la época correísta también se declaró la emergencia, se cambió al 80% de personal judicial en tres meses”, recordó.
Yolanda Yupangui: “Tenemos una ley que nos protege”
La evaluación no incluirá a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, solo será para jueces de instancia o provinciales”, afirma Yolanda Yupangui, quien cree innecesario, que sea el nuevo Consejo de la Judicatura para el periodo 2025-2031, el que tenga que declarar la emergencia.
“El Pleno decide por mayoría y somos tres vocales que damos quórum. Si la declaratoria de emergencia tiene que darse con dos votos no hay problema, el Pleno es el que declara la emergencia; estamos cumpliendo con una ley que está en vigencia, no nos estamos inventando, tenemos una ley que nos protege”, argumenta.
El CJ también espera aprobar un reglamento que establecerá los puntajes y calificaciones para una evaluación cualitativa y cuantitativa; se calificará formación académica, experiencia, productividad (cuántas causas están a cargo de un juez, cuántas han sido resueltas, cuántas están por resolver, cuántas diligencias se ha realizado, cuál es la carga constitucional y civil a escala nacional), etc. El estado de emergencia ayudará a sacar adelante a la Función Judicial, asegura Yolanda Yupangui. (SC)
Fuente: La Hora
El 11 de julio de 2025, Mario Godoy mantuvo las primeras reuniones con autoridades de Fiscalía y Defensoría Pública para recabar información que será incorporada en los estudios técnicos que respaldan la declaratoria de emergencia.
