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Asamblea analiza ley para regular compra y venta de bonos para reducir contaminación

El proyecto de ley plantea que Ecuador regule el mercado de bonos de carbono para financiar acciones ambientales y cumplir compromisos internacionales contra el cambio climático.

La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional del Ecuador avanza en el tratamiento de un proyecto de ley que busca regular el mercado de bonos de carbono en el país, una iniciativa que permitiría a Ecuador integrarse formalmente a mercados internacionales de compensación ambiental.

Según explicó Alex Rojas, asesor de la comisión, la propuesta nació en 2024 como una iniciativa impulsada por un asambleísta de Napo enfocada inicialmente en mitigación y adaptación al cambio climático. Sin embargo, durante el proceso de socialización y debate, el proyecto evolucionó hacia la regulación específica del mercado de carbono.

“El Ecuador ya tiene plataformas y registros nacionales de carbono porque el país firmó el Acuerdo de París y debía cumplir ciertas obligaciones internacionales. Lo que se busca ahora es regular un mercado que actualmente ya existe, pero sin normativa específica”, señaló Rojas.

Además, en ciudades como Quito, ya se comercializa con Bonos de Carbono.

Tres tipos de mercados de carbono

El proyecto contempla la creación de diferentes categorías de mercado para la generación, autorización, transferencia y uso de reducciones o remociones de emisiones de carbono.

Rojas explicó que actualmente algunas empresas ecuatorianas ya participan en mercados internacionales de carbono de manera privada, debido a la falta de regulación nacional. Países como Colombia y Perú ya cuentan con normativas que les permiten comercializar oficialmente bonos de carbono.

“El mercado ya existe a nivel internacional. Una empresa que supera sus límites de contaminación puede negociar con otra que contamina menos y tiene margen disponible. Lo que se busca es que Ecuador tenga reglas claras para participar formalmente”, indicó.

Recursos irían a mitigación y preservación ambiental

De acuerdo con la explicación entregada en la comisión, los recursos generados por la venta de bonos de carbono deberán destinarse a proyectos ambientales y de mitigación climática.

Entre las áreas que podrían beneficiarse se encuentran la preservación de bosques, manglares, ecosistemas frágiles y programas como Programa Socio Bosque, que entrega incentivos económicos a comunidades que conservan áreas natura

Rojas indicó que comunidades indígenas y sectores que protegen bosques también podrían acceder a beneficios derivados de estos mercados, aunque la distribución específica dependerá de la regulación que posteriormente emita la autoridad ambiental.

Ministerio del Ambiente sería la autoridad reguladora

La propuesta establece que el control y regulación del mercado estaría a cargo del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, específicamente mediante su subsecretaría de cambio climático.

El asesor explicó que la ley plantea lineamientos generales, mientras que los detalles técnicos y operativos serían definidos posteriormente mediante normativa secundaria emitida por el ministerio.

Además, recordó que Ecuador mantiene compromisos internacionales derivados del Acuerdo de París, los cuales incluyen metas para reducir emisiones de dióxido de carbono.

Debate sobre posibles incentivos a la contaminación

Durante la entrevista también surgieron cuestionamientos sobre si el sistema podría incentivar a empresas contaminantes a mantener sus emisiones mediante la compra de bonos de carbono.

Frente a ello, el asesor aseguró que en Ecuador muchas empresas ya están reduciendo emisiones mediante normas internacionales de gestión ambiental e implementación de certificaciones ISO.

“Las empresas están adaptándose y reduciendo contaminación incluso sin legislación específica. Además, los recursos obtenidos servirían para financiar proyectos ambientales como descontaminación de ríos, manejo de agua y protección de ecosistemas”, afirmó.

Actualmente, el proyecto continúa en fase de análisis dentro de la comisión legislativa, donde especialistas y representantes del sector ambiental presentan observaciones antes de su segundo debate en el Pleno. (EC)

Fuente: La Hora

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