Ecuador, entre los peores países en libertad educativa: ¿cuánto les cuesta a las familias la falta de autonomía escolar?

Ecuador ocupa el puesto 16 de 20 en el nuevo Índice de Libertad Educativa en América Latina. La educación en el país está muy centralizada en el Estado, con escasa participación de familias y actores no estatales. Eso genera una doble carga económica para quienes buscan mejores alternativas escolares.

Ecuador ocupa el puesto 16 de 20 en el nuevo Índice de Libertad Educativa en América Latina: un sistema altamente centralizado que restringe la participación de las familias y limita la innovación escolar.

El reciente Índice de Libertad Educativa en América Latina —elaborado por la Fundación Libertad y Progreso con apoyo de la Templeton Foundation— reveló una fuerte concentración del poder educativo en el Estado ecuatoriano. Con un puntaje de apenas 0,286, Ecuador se ubica entre los cinco países con menor libertad educativa en la región, superando solo a Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua. El informe analiza la capacidad de decisión de familias, instituciones y actores no estatales, y concluye que la autonomía educativa en el país está gravemente limitada.

El costo de no poder elegir

En Ecuador, el 74,3% de los estudiantes asiste a instituciones fiscales. Solo el 18,7% se matricula en centros privados, y una proporción aún menor accede a escuelas fiscomisionales —establecimientos privados sin fines de lucro, regulados y parcialmente financiados por el Estado.

Pero lo más relevante no es solo cuántos van a cada tipo de escuela, sino quién decide sobre el uso de los recursos públicos. En países como Chile o Panamá, los padres eligen a qué escuela destinar los subsidios mediante vouchers. En Ecuador, el gasto lo decide el Estado, lo que limita la capacidad de las familias para optar por alternativas que se ajusten mejor a sus valores, necesidades y contextos.

Según el índice, los países con mejores resultados tienden a diversificar la oferta educativa y asignar el presupuesto con base en las elecciones de los padres. Esto genera competencia, eleva la calidad y reduce la desigualdad. En cambio, en Ecuador, los padres que desean acceder a opciones más flexibles deben asumir el costo completo de la educación privada, sin ningún tipo de subsidio directo o deducción fiscal, lo que genera una doble carga económica: pagan impuestos que financian un sistema que no les ofrece alternativas, y además deben cubrir las pensiones escolares de sus hijos.

Estimación del costo directo para las familias

En instituciones privadas de Ecuador, la matrícula y pensión básica puede rondar entre $600 y $2,300 por hijo al mes, dependiendo de la institución.

A esto se suman otros gastos: transporte ($60 al mes), alimentación o comedor ( $50 al mes), uniformes ($200 anual), útiles escolares ($250 anual) y actividades extracurriculares ($50 al mes). En total, por un hijo en escuela privada de nivel intermedio, el gasto anual suele acercarse a US $5,400 o más.

Trámites largos, currículos rígidos y zonificación restrictiva

El informe identifica trabas regulatorias que desalientan la innovación. Abrir una escuela privada puede tardar entre 30 y 120 días, una demora que desincentiva la creación de nuevas instituciones. Además, el currículo obligatorio cubre el 80 % del contenido, dejando solo un 20% para la autonomía institucional, incluso en planteles privados.

La zonificación escolar también impide la libertad de elección. Aunque existen formularios para expresar preferencias, los cupos se asignan principalmente en función del lugar de residencia. Esto significa que las familias con menores ingresos, que viven en zonas con escuelas de bajo desempeño, tienen menos posibilidad de buscar mejores opciones educativas.

El costo de oportunidad de futuro: ingresos, empleos y acceso a becas

Estudios de desarrollo han demostrado que los sistemas educativos más abiertos y flexibles generan mayores oportunidades laborales. Un año adicional de educación de calidad puede aumentar los ingresos laborales en hasta un 25 %, y mejorar en más de 9 puntos porcentuales la probabilidad de ingresar a la universidad. A lo largo de la vida, esto se traduce en ingresos acumulados hasta un 200% mayores. Además, estudiantes formados en entornos rígidos y desactualizados tienen menos probabilidades de acceder a becas competitivas o a universidades de alto nivel, lo que profundiza la desigualdad de oportunidades.

Diez hallazgos clave del índice en Ecuador

1. Alta dependencia del Estado: La planificación y control del sistema educativo está totalmente centralizado.
2. Politización: Cada Gobierno impone su propia visión educativa, lo que afecta la sostenibilidad de políticas.
3. Restricciones a escuelas privadas: Trámites para abrir centros educativos toman de 30 a 120 días.
4. Cobertura desigual: Solo el 18,7% de estudiantes accede a educación privada.
5. Currículo rígido: Las escuelas privadas deben aplicar al menos el 80 % del currículo oficial.
6. Sin subsidios a la demanda: Las familias que optan por otra educación deben financiarla completamente.
7. Modelo fiscomisional regulado: Aunque reciben financiamiento parcial, están sujetas a estricta regulación estatal.
8. Homeschooling difícil de aplicar: Exige alineación curricular y control estatal.
9. Zonificación restrictiva: Los cupos se asignan según el lugar de residencia, reduciendo la elección.
10. Desigualdad en el gasto: Solo el 0,47% del presupuesto fue destinado a planteles fiscomisionales en 2023.

Lo que revela el índice: libertad educativa es más que abrir escuelas

El Índice de Libertad Educativa se compone de dos dimensiones principales:

Libertad para aprender (demanda): mide si las familias pueden elegir cómo y dónde educar a sus hijos. Incluye indicadores como vouchers, equidad en el gasto entre educación pública y privada, y facilidad para educar en casa.

Libertad para enseñar (oferta): analiza si los educadores y escuelas pueden definir métodos, contenidos, contratar libremente y operar con autonomía legal y financiera.

Ambas dimensiones tienen el mismo peso en el puntaje final. En Ecuador, los obstáculos en ambas áreas explican su posición rezagada. Tatiana Macías Muentes, investigadora del índice en Ecuador y docente de la Universidad San Francisco de Quito, sostiene que “medir estos elementos nos permite entender mejor la evolución de la gobernanza educativa y abrir espacios para modelos más centrados en el bienestar de estudiantes y docentes”. (JS)

Una reforma pendiente: más libertad, mejores oportunidades

Ampliar la libertad educativa no significa abandonar el rol del Estado, sino rediseñarlo. Significa, de acuerdo con Andrea Morales, economista, que el financiamiento público puede ir directamente a las familias, y que el control de calidad no debe impedir la diversidad pedagógica. Significa, también, que los padres deben tener el poder de decidir lo mejor para sus hijos, sin que eso dependa exclusivamente de su lugar de residencia o de sus ingresos.

“En un país con altas desigualdades educativas por provincia, como Ecuador, devolver autonomía a las familias y comunidades podría ser un factor clave para mejorar la calidad del aprendizaje, cerrar brechas estructurales, reducir la doble carga económica para familias que buscan alternativas educativas privadas y aumentar las oportunidades que los estudiantes tienen en el futuro, tanto en empleo como estudios superiores y becas”, concluyó.

Fuente: La Hora