Corte Constitucional: llueven demandas de inconstitucionalidad a leyes propuestas por Daniel Noboa y aprobadas en la Asamblea
En la Corte Constitucional se han presentado demandas de inconstitucionalidad planteadas por agrupaciones políticas y ciudadanos a proyectos de ley aprobados en la Asamblea Nacional.
A la Corte Constitucional (CC) han llegado demandas de inconstitucionalidad planteadas por agrupaciones políticas y ciudadanos que cuestionan los últimos proyectos de ley aprobados en la Asamblea Nacional. Dichas solicitudes son tramitadas por jueces constitucionales que asumieron el cargo el 5 de marzo de 2025, cuando se dio una renovación parcial.
Desde el 13 de junio esperan trámite dos solicitudes de demandas de inconstitucionalidad a la Ley de Solidaridad Nacional, que fue aprobada en la Asamblea el 8 de junio.
La primera fue presentada por Gabriel Salvador Lema, quien pide que la normativa sea expulsada del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Objeta que la norma contempla temas de seguridad, indultos con efecto diferido y beneficios tributarios por donaciones a entidades de seguridad, etc. Señala que abarca asuntos diversos sin una conexión clara entre sí.
La segunda demanda a la Ley fue presentada por el partido Unidad Popular (UP), el 20 de junio. El presidente de UP, Geovanny Atarihuana, señala que la ley busca implementar un régimen autoritario, paralelo y contrario a la Constitución, y que, con el “pretexto” de combatir la delincuencia, se pretendería concentrar el poder en el Ejecutivo.
Otras demandas en trámite
En mayo de 2024, a la CC también ingresaron demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley Tributaria, que subió el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%. Una de estas fue planteada por la Cámara de Comercio de Guayaquil y por Unidad Popular.
Además, se espera un pronunciamiento por decisiones adoptadas por los exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor, y de la actual vocal Nicole Bonifaz por la designación del superintendente de Bancos, El abogado Santiago Becdach, solicitante del seguimiento de la sentencia respecto de las actuaciones del Cpccs, pide a la Corte celeridad en su dictamen. También se espera un pronunciamiento para evitar que los concursos de méritos y oposición para designar autoridades sean objeto de acciones de protección.
Enrique Herrería: depende de la decisión del juez
Enrique Herrería, exjuez constitucional, explica que los casos que llegan a la CC se resuelven en orden cronológico, pero señala que la agilidad para el tratamiento de uno u otro depende de la decisión del juez ponente, amparado en el reglamento de la Corte. La importancia del tema a tratar permite romper el orden cronológico para resolverlo con celeridad, indica.
Agrega que para que la causa avance con rapidez también debe ser concertado con el Pleno de la Corte. Los tiempos para el tratamiento, usualmente no se los considera, a menos que sea un tema de enorme importancia, connotación o impacto social. Esas son las condiciones, subraya.
Estima que para el caso de las demandas presentadas a la Ley de Solidaridad, los jueces podrían dar un trámite ágil. “Dependiendo del tema puede darse prioridad y pronunciarse a la brevedad posible”, insiste.
Herrería cree que las dos leyes (Ley de Solidaridad y Ley de Inteligencia) aprobadas en la Asamblea son polémicas, por lo tanto sería deseable que el caso de la Ley de Solidaridad se resuelva a la brevedad posible. “Es una ley que tiene una importancia capital porque se trata de temas que se relacionan con la seguridad de los ecuatorianos”. Herrería pide objetividad en la resolución de los mismos. (SC)
ADN defiende decisiones adoptadas en la Asamblea
La Ley de Solidaridad se aprobó en la Asamblea en medio de cuestionamientos y anuncios de demandas de inconstitucionalidad. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, se muestra despreocupado por las demandas de inconstitucionalidad. Afirma que la aprobación de los proyectos está respaldada en la Constitución. “Se están tomando decisiones correctas porque los ecuatorianos claman por seguridad. Eso es lo que estamos haciendo en la Asamblea”, añade.
Andrés Castillo (ADN) aclara que todo proceso que se aprueba en la Asamblea o en cualquier institución del Estado pueden ser sometidos a recursos. “Será la Corte la que resuelva y sobre eso nos defenderemos”, asegura.
Pero hace un llamado a los sectores que presentarían demandas a entender el momento que vive el país donde el 86% de niños que forman parte del crimen organizado son asesinados en las calles por las mafias o en operativos. ¿A quién defienden, a los niños o a las mafias?, cuestiona Castillo.
Fuente: La Hora
