Subsidio a transportistas de aproximadamente $23 millones y alza del pasaje generan rechazo en el Concejo de Quito

El proyecto de ordenanza plantea elevar la tarifa del transporte público de $0,35 a $0,40 desde enero de 2027 y crear un mecanismo temporal de compensación de unos $23 millones para los transportistas. La propuesta ya enfrenta cuestionamientos en el Concejo.

El proyecto de ordenanza que plantea incrementar la tarifa del transporte público de Quito de $0,35 a $0,40 desde enero de 2027 y entregar compensaciones económicas temporales a los transportistas, será presentado en la Comisión de Movilidad este 4 de junio de 2026 y ya genera cuestionamientos en el Concejo Metropolitano.

La Comisión está conformada por mayoría de concejales de la Revolución Ciudadana, partido político del alcalde Pabel Muñoz. Además, la organización política cuenta con predominancia en el Concejo Metropolitano, por lo que la aprobación de la ordenanza podría no enfrentar mayores obstáculos.

Aunque el Municipio sostiene que la medida busca garantizar la sostenibilidad del sistema de transporte tras el fin de las compensaciones estatales por el incremento del diésel, hay concejales que advierten falta de transparencia, dudas sobre el financiamiento y ausencia de estudios técnicos públicos que justifiquen la propuesta.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Movilidad, contempla que los usuarios continúen pagando $0,35 hasta el 31 de diciembre de 2026. Durante ese período, el Municipio entregaría recursos económicos a los propietarios de buses urbanos, rurales y combinados para compensar los costos operativos del servicio.

¿Cómo funcionará la compensación para los transportistas de Quito?

Según el texto de la ordenanza, se creará un mecanismo temporal y extraordinario de asignación de recursos no reembolsables para los prestadores del servicio de transporte público intracantonal.

El documento establece que cada unidad habilitada podrá recibir hasta $8.000 durante el período restante de 2026. Al existir aproximadamente 2.880 buses privados habilitados en la capital, el Municipio desembolsará un estimado de $23 millones.

La ordenanza establece que este valor no corresponde a un pago mensual, sino al monto máximo total por vehículo, que será dividido entre los meses que resten del ejercicio fiscal, desde que se apruebe la ordenanza.

Los beneficiarios deberán cumplir una serie de requisitos, entre ellos:

• Contar con contratos de operación vigentes.
• Matrículas actualizadas.
• Revisión técnica vehicular.
• Sistemas de geolocalización.
• Certificaciones emitidas por las entidades municipales correspondientes.

Además, para acceder a los recursos deberán firmar convenios con la Secretaría de Movilidad y cumplir hitos relacionados con la implementación de herramientas tecnológicas como el Sistema Integrado de Recaudo (SIR), el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) y el Sistema de Información al Usuario (SIU).

La propuesta también establece que el incremento de cinco centavos en la tarifa entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2027.

El antecedente de las negociaciones con los transportistas de Quito

Las conversaciones entre el Municipio y los buseros se intensificaron durante las últimas semanas, luego de que el 5 de mayo varias operadoras suspendieran parcialmente sus servicios en protesta por la situación económica que enfrenta el sector.

En ese contexto, la administración municipal anunció que no autorizaría un incremento inmediato del pasaje, pero que analizaría mecanismos de compensación para evitar afectaciones a los usuarios.

El 26 de mayo, transportistas revelaron a LA HORA que se discutía una compensación cercana a los $1.000 mensuales por unidad, información que entonces no fue confirmada por el Municipio. Un día después, el secretario de Movilidad, Álex Pérez, ratificó que se analizaba esa propuesta.

Ahora, con la presentación del proyecto de ordenanza, la propuesta toma forma jurídica y deberá ser discutida por el Concejo Metropolitano.

Fidel Chamba pregunta de dónde saldrán los recursos para transportistas

Uno de los primeros en reaccionar fue el concejal Fidel Chamba, presidente de la Comisión de Presupuesto, quien adelantó que no respaldará la propuesta si llega a debate en el Concejo.

Para el edil, el proyecto refleja acuerdos alcanzados entre el Municipio y los transportistas sin que existiera una discusión pública previa con la ciudadanía.

Chamba también cuestionó la falta de información sobre el financiamiento de la medida.

“El tema central es saber de dónde se va a sacar el dinero. ¿Cuáles son las obras que van a dejar de hacerse? ¿Cuál es la planificación financiera? ¿Por qué el valor es de 8.000 dólares por unidad?”, señaló.

El concejal recordó que semanas atrás ya había advertido que una compensación de este tipo podría financiarse únicamente sacrificando otros proyectos municipales. “Si usted me pregunta si hay dinero, dejando de hacer obras sí hay cómo”, manifestó.

Asimismo, criticó que el secretario de Movilidad no haya comparecido ante el Concejo para explicar los detalles de las negociaciones y los estudios técnicos que sustentan la propuesta.

El Secretario de Movilidad de Alex Perez, asegura que la compensación a los transportistas se financiará con ahorros presupuestarios y recursos que no serán ejecutados este año en determinadas obras, por lo que descarta recortes o la suspensión de proyectos municipales.

Wilson Merino: “El alza del pasaje en Quito se construyó de espaldas a la ciudadanía”

El concejal Wilson Merino también expresó su rechazo al proyecto y aseguró que la iniciativa representa una concesión a las presiones ejercidas por parte de dirigentes del transporte.

“Estoy en contra de una ordenanza que se ha construido de espaldas a la ciudadanía y que cede al chantaje al que hemos sido sujetos durante años por parte de una dirigencia irresponsable del transporte”, afirmó.

Merino recordó que el 5 de mayo varias operadoras suspendieron sus servicios y cuestionó que ahora se plantee una compensación económica para el sector.

El edil también aseguró que el proyecto elimina o reduce indicadores de calidad que fueron establecidos cuando el pasaje pasó de $0,25 a $0,35 en 2020.

Según Merino, antes de discutir cualquier incremento tarifario debería presentarse un informe técnico que demuestre el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos a las operadoras.

Además, cuestionó que los recursos entregados a través del mecanismo planteado sean no reembolsables. (EC)

Fuente: La Hora