Empleo en Ecuador: por qué 24 leyes no frenaron la informalidad laboral
Ecuador aprobó reformas laborales, incentivos tributarios y alivios para empresas entre 2019 y 2024 para generar empleo, pero más de la mitad de los trabajadores sigue en la informalidad. El problema es estructural: hubo muchas leyes, pero poca transformación productiva real
En Ecuador se han emitido leyes, reformas e incentivos para impulsar el empleo durante los últimos años. Sin embargo, el resultado sigue siendo prácticamente el mismo. Más informalidad, empleos precarios y millones de trabajadores sin seguridad social.
Ese es el principal hallazgo de un análisis de Santiago García, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha y docente de la Universidad Central del Ecuador, que revisa las políticas laborales aplicadas entre 2019 y 2024 y explica por qué no han logrado resolver uno de los mayores problemas estructurales de la economía ecuatoriana.
El dato más contundente refleja el deterioro del mercado laboral. Antes de la pandemia, en 2019, el 46,5% de los ocupados trabajaba en la informalidad. Después de la crisis sanitaria, esa cifra escaló a más del 53%, según datos del INEC.
En términos simples, hoy más de la mitad de los ecuatorianos ocupados trabaja en negocios sin registro formal, sin RUC, sin afiliación al IESS y, en muchos casos, con ingresos inferiores al salario básico.
Muchas leyes para fomentar el empleo, pero pocos resultados en Ecuador
Entre 2020 y 2024, el país impulsó 24 normativas relacionadas con producción y empleo.
Estas medidas incluyeron:
- Reformas para flexibilizar contratos laborales.
- Incentivos tributarios para contratar trabajadores.
- Condonación de deudas empresariales.
- Facilidades de pago al IESS.
- Créditos productivos.
- Regulaciones de equidad de género.
El objetivo era reducir costos para las empresas y estimular nuevas contrataciones formales.
Pero el problema fue que estas políticas se concentraron casi exclusivamente en el sector formal de la economía, que representa apenas una parte del mercado laboral ecuatoriano.
Mientras tanto, millones de trabajadores informales quedaron fuera del alcance de estas medidas.
“El Estado ha priorizado la producción normativa como principal herramienta de empleo, pero eso no ha cambiado la estructura del mercado laboral”, advierte García.
Las reformas estructurales para generar empleo nunca aterrizaron en Ecuador
Paralelamente, los distintos gobiernos también plantearon políticas más profundas para cambiar la estructura productiva del país.
Entre ellas:
- Fortalecimiento de cadenas productivas.
- Apoyo a la economía popular y solidaria.
- Inclusión financiera.
- Digitalización productiva.
- Programas sociales.
- Transición ecológica.
- Planes nacionales de desarrollo enfocados en empleo.
Sobre el papel, estas medidas apuntaban a atacar el problema de fondo: baja productividad, falta de diversificación económica y escasa capacidad para crear empleo formal.
Pero, según García, estas iniciativas nunca pasaron completamente del discurso a la ejecución.
Se quedaron en planes, diagnósticos, documentos técnicos y promesas de gobierno.
Sin recursos suficientes, sin coordinación institucional y sin acuerdos políticos para ejecutarlas.
Un mercado laboral atrapado en la precariedad en Ecuador
El resultado de esta combinación fallida es un mercado laboral cada vez más frágil.
Actualmente:
- La informalidad supera el 53%.
- El empleo adecuado no recupera niveles prepandemia.
- Apenas el 2,5% de trabajadores informales tiene seguridad social.
- Gran parte gana menos del salario básico.
Esto refleja un “equilibrio de baja calidad laboral”, donde la economía genera ocupación, pero no empleo digno ni sostenible.
García sostiene que Ecuador ha caído en un desbalance persistente. Por un lado, produce rápidamente leyes y reformas.
Por otro, no logra transformar aquello que realmente define el empleo:
- Productividad.
- Inversión.
- Educación laboral.
- Innovación.
- Estructura empresarial.
- Institucionalidad pública.
En otras palabras, el país ha intentado resolver un problema estructural con soluciones de corto plazo.
¿Qué debería cambiar en Ecuador para que realmente se genere más empleo formal?
García plantea que el debate sobre empleo en Ecuador suele quedarse atrapado en una falsa solución: aprobar más reformas laborales o crear nuevos incentivos tributarios bajo la idea de que, automáticamente, eso generará plazas de trabajo. Pero la evidencia reciente demuestra que eso no basta.
Lo que propone es una estrategia mucho más compleja: combinar medidas de corto plazo, que respondan a la urgencia del desempleo y la informalidad, con reformas estructurales que cambien la forma en que funciona la economía ecuatoriana.
1. Impulsar productividad: el problema de fondo. Ecuador tiene una economía con baja productividad, es decir, gran parte de sus negocios produce poco valor agregado y, por tanto, genera empleos de baja calidad.
Esto ocurre especialmente en sectores como comercio minorista, agricultura de subsistencia, transporte informal, pequeños servicios y microemprendimientos de supervivencia.
Muchos trabajadores informales no permanecen en esa condición porque quieran evitar la formalidad, sino porque operan en sectores de muy baja rentabilidad.
Si un pequeño negocio apenas genera ingresos para sobrevivir, difícilmente podrá pagar salarios formales, afiliar al IESS, invertir y crecer.
García plantea que la política laboral debe estar conectada con una política productiva que promueva:
- Mayor industrialización.
- Innovación.
- Acceso a tecnología.
- Capacitación.
- Encadenamientos productivos.
- Financiamiento para sectores con potencial de crecimiento.
Sin productividad, la formalización se vuelve casi imposible.
2. Integrar a los trabajadores informales al diseño de políticas. Durante años, muchas políticas laborales se diseñaron pensando únicamente en empresas formalmente constituidas.
Pero en Ecuador más de la mitad de los trabajadores está fuera de ese universo.
Allí están vendedores autónomos, pequeños agricultores, comerciantes populares, trabajadores por cuenta propia, transportistas independientes y microemprendedores.
El análisis sostiene que el error ha sido tratar al sector informal como algo marginal, cuando en realidad representa una parte central de la economía.
La propuesta es diseñar mecanismos graduales de transición hacia la formalidad:
- Simplificación tributaria.
- Reducción de costos de formalización.
- Acceso a crédito.
- Protección social flexible.
- Incentivos para registro de actividades económicas.
La lógica no debe ser castigar la informalidad, sino crear condiciones reales para salir de ella. (JS)
3. Fortalecer al Ministerio del Trabajo. Uno de los puntos menos discutidos es la debilidad institucional del Estado para ejecutar políticas laborales.
El Ministerio del Trabajo tiene limitaciones en:
- Presupuesto.
- Capacidad técnica.
- Control territorial.
- Sistemas de seguimiento.
- Articulación interinstitucional.
Sin una institución fuerte, las reformas quedan únicamente en el papel.
García plantea que se necesita una entidad capaz de monitorear empleo, fiscalizar condiciones laborales, coordinar programas de inserción laboral, conectar oferta y demanda de trabajo y generar información actualizada para decisiones públicas.
4. Reconocer la economía popular y rural. Una parte importante del empleo ecuatoriano está fuera de las grandes ciudades y fuera de las empresas tradicionales.
Por eso se insiste en incluir dentro de la política pública a:
- Artesanos.
- Campesinos.
- Cooperativas.
- Asociaciones productivas.
- Economía popular y solidaria.
Esto implica entender que el empleo no se genera únicamente desde grandes empresas privadas.
También requiere asistencia técnica, acceso a mercados, financiamiento, infraestructura y asociatividad productiva.
5. Coordinar al sector público y privado. Otro problema recurrente es la falta de coordinación.
Cada gobierno lanza programas aislados sin continuidad y sin articulación entre ministerios, gobiernos locales, empresas, universidades y sectores productivos.
García plantea crear una política de Estado de largo plazo que sobreviva a los cambios de gobierno.
6. Vincular empleo con política social y ambiental. El empleo no puede verse de forma aislada. Si una persona no tiene acceso a educación, salud, cuidado infantil, transporte y capacitación, sus posibilidades de conseguir empleo formal disminuyen.
Además, García plantea aprovechar nuevas oportunidades en sectores como:
- Energías renovables.
- Transición ecológica.
- Economía circular.
- Producción sostenible.
- Fuente: L a Hora
