El trabajo de los periodistas en Ecuador conlleva riesgos, sobre todo para quienes hacen investigación, desde restricciones a la información, amenazas, atentados e incluso asesinatos. Eso afecta a la libertad de expresión y urge la unidad gremial, coinciden dirigentes.
El asesinato de cinco periodistas en 2025 marcó la tendencia hacia una profundización de riesgos para los trabajadores de la comunicación en Ecuador.
Pero los riesgos no vienen solo de la delincuencia común y el crimen organizado, sino también de autoridades e instituciones gubernamentales. El denominador común es una afectación a la libertad de expresión en Ecuador. Así lo señalan algunos periodistas, representantes de gremios.
Luis Arteaga: “Estamos huérfanos”
Luis Alberto Arteaga, presidente del Colegio de Periodistas de Manabí, cuenta que fue víctima de un intento de asesinato en abril de 2025 por realizar una investigación periodística sobre presuntos contratos irregulares en una empresa pública. Presentó una denuncia, pero su caso no ha avanzado y se mantiene cambiando de domicilio por su seguridad.
“El problema (para los periodistas) en Manabí es por lo que hay en el resto del país, los GDO (Grupo de Delincuencia Organizada)”, menciona.
“Calceta está en el ojo del huracán. Junín, Chone, Bahía, San Vicente, Portoviejo, Manta, Santa Ana, 24 de Mayo, Olmedo. Son los lugares más catastróficos en este tema. Son sectores donde los GDO están haciendo de las suyas y a los periodistas nos tienen amenazados”, denuncia.
Además, indica que hay “municipios que no quieren que se investiguen las situaciones que están ocurriendo”, sobre presunta corrupción. Por eso lamenta que hace falta unidad de los gremios de periodistas: “No hay nadie, estamos huérfanos. Sí, nos falta más unión. Los periodistas somos muy desunidos a nivel nacional. Peleamos entre nosotros”.
Así lo afirma, aunque reconoce que mantiene comunicación con la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape).
Gremios plantean la necesidad de la unidad para defender periodistas y la libertad de expresión
José Peña, presidente del Colegio de Periodistas del Guayas, indica que cuando hubo el atentado a un canal de televisión en Guayaquil manifestaron su respaldo mediante un comunicado. Lo propio se realiza cuando se presenta algún tipo de requerimiento de algún periodista.
Destaca que en Guayas no se han registrado asesinatos de periodistas durante este 2026, pero cree que los medios de comunicación deben dar medidas de protección para los periodistas que van a coberturas de riesgo, por la “inseguridad candente”.
Este gremio dispone de un departamento jurídico para ayudar a periodistas asociados o no ante situaciones judiciales. “Pero se necesita una verdadera unidad dentro de los gremios periodísticos a nivel de país, en favor de la libertad de expresión”, señala.
Jaccely Bustamante, presidenta del Colegio de Periodistas de Los Ríos, refiere que no se han registrado asesinatos este año en esa provincia.
Pero denota que allí los comunicadores evitan los riesgos: “Ha habido malas interpretaciones, pero que no se ha llegado a cosas con gravedad. El periodista trata de que toda la información sea bien investigada y trata de no caer en conflictos”.
Explica que tratan de publicar la información de cierta forma: “Muy suave, no tan fuerte como para que no se sientan afectadas quizás algunas personas”.
También coincide en que debe haber unidad: “Considero que todos los gremios periodísticos debemos estar unidos”.
Jannet Lozano, presidenta del Colegio de Periodista de Santo Domingo de los Tsáchilas, dice que tampoco se han reportado asesinatos de periodistas, pero que el trabajo se hace con precaución.
“Sí ha existido un poco de restricción en el tema de las informaciones, muchas trabas, pero los compañeros periodistas ejercen la profesión y lo hacen con las debidas precauciones. Pero no cuentan realmente con toda la seguridad que deberían tener”, apunta. Agrega que eso sí afecta a la libertad de expresión y acceso a la información.
Lozano espera que no ocurra alguna situación grave contra los periodistas porque el gremio no dispone de suficientes recursos para actuar. “Todavía no existe la unidad entre todos los Colegios que existen en las provincias”, refiere, pero resalta las capacidades de la Fenape.
Hay un organismo enfocado en proteger a los comunicadores, pero sin presupuesto
Ricardo Rivas es presidente del Mecanismo de Prevención y Protección de los Trabajadores de la Comunicación, un instrumento implementado por el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Esta institución es presidida por César Antonio Martín, exministro de Telecomunicaciones en el Gobierno de Daniel Noboa.
El Consejo tiene un Pleno de nueve integrantes: dos de la sociedad civil (incluido Rivas) y siete de otros organismos del Estado.
“Dentro del presupuesto del Consejo de Comunicación debe incluirse el presupuesto del Mecanismo. Hasta el momento no tenemos una asignación presupuestaria por parte del Gobierno, desde que se creó el Mecanismo en 2023 y que prácticamente entró en funcionamiento en enero de 2024. Sin dinero es muy complicado trabajar”, lamenta Rivas.
Recuerda que hace pocas semanas se reformó el estatuto para que el Mecanismo forme parte de la estructura del Consejo y espera que eso sea un paso para que los recursos sean asignados, aunque tiene dudas.
“Esto depende de la situación política o de la predisposición política que tengan hacia la defensa de los periodistas. ¿A quién le conviene? ¿Y a quién no le conviene que exista un mecanismo que proteja a periodistas? O que prácticamente se trabaje sin recursos con lo poco que se pueda hacer”, cuestiona.
Ricardo Rivas es hermano del fotoperiodista Paúl Rivas, asesinado en 2018 cuando formaba parte de un equipo periodístico de El Comercio que fue secuestrado y asesinado en la frontera entre Ecuador y Colombia.
El presidente del Mecanismo dice que desde aquel año hasta la actualidad sí se han dado algunos avances. Por ejemplo, recuerda que en 2018, ante el asesinato, tuvo apoyo de los “periodistas operativos, que hacen investigación, que están en la calle”, pero no así de directivos de los medios. También tuvo apoyo de Fundamedios y de la Unión Nacional de Periodistas (UNP) en ciertos aspectos.
Comenta que hubo una reunión con el entonces presidente de la República, Lenín Moreno, quien solicitó respaldo a dueños y editores de medios de comunicación.
“Muchos de ellos apoyaron la idea de que no debían hacer absolutamente nada. Los que asistieron a esa reunión lo saben. Otros mantuvieron silencio y otros que no estuvieron de acuerdo”, menciona.
Esas posturas para Rivas marcaron una perspectiva preocupante: “Desde ahí se marcó una posición de que siempre tratamos de ver el lado personal, más allá de las coyunturas. Nadie tuvo la precaución de ver qué representaba este caso a futuro. Es decir, qué es lo que venía si no se tomaban los correctivos necesarios, es lo que no pudieron dimensionar”.
El presidente del Mecanismo destaca que a raíz del asesinato hubo ciertos cambios:
- Se crea el Mecanismo, por pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado. Actualmente se capacita sobre cómo actuar en cuanto a seguridad y ciberseguridad, se proporcionan talleres de entrenamiento con Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
- Se formó la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), como un contrapeso en la sociedad civil.
- Los gremios, medios de comunicación y el Mecanismo elaboran protocolos de seguridad para el trabajo periodístico.
- Se receptan denuncias de periodistas que luego siguen un procedimiento para filtrar amenazas reales y que se hayan dado en el ejercicio de la profesión.
Sin embargo, lo que perdura es la impunidad, lamenta: “La Fiscalía desde el año 2018 hasta ahora sigue en etapa de indagación”, dice Rivas sobre el asesinato.
Además, considera que la independencia es necesaria: “El Mecanismo debe ser independiente y no pertenecer a ninguna institución estatal, porque esa independencia es la que permitiría actuar en casos de vulneración de derechos o de amenazas de periodistas”.
El Consejo de Comunicación registra, desde enero hasta el 15 de abril de 2026, un total de 46 alertas de agresión al trabajo periodístico. Los datos se actualizan cada semana, por lo que para este 17 de abril se sumarán 3 alertas adicionales levantadas durante los últimos días. El 52,17% de esas agresiones provienen de un agresor desconocido, así lo cataloga el Consejo cuando no se identifica a una persona sino que por lo general se trata de grupos armados organizados.
Los peligros para la libertad de expresión en Ecuador
Susana Piedra, presidenta de la Fenape, es una de la delegada de los gremios de periodistas ante el Consejo de Comunicación. Tiene voz, pero no voto ante el Pleno.
Comenta que su organización recepta denuncias de periodistas de varias provincias sobre diferentes motivos (amenazas, agresiones, restricciones). Pero se ha identificado que en algunos casos no se trata de personas profesionales de la comunicación y tampoco conocen el procedimiento y ética que se debe manejar en el periodismo. “Cometen errores, se abren frentes y vienen las amenazas”, resalta.
Piedra adelanta que la Fenape también ha conocido supuestas denuncias respecto a organizaciones políticas que presionan a periodistas para que publiquen contenido.
En ese contexto, Piedra hace una advertencia: “Está peligrando mucho la libertad de expresión porque está viniendo de parte del Gobierno una especie de censura para la prensa, como lo que está pasando en el Diario Universo (cambió de dueño) y con el Diario El Expreso (denuncia judicial contra Granasa)”. También observa que “se está implementando la censura previa y eso es muy grave”.
Igualmente, cuestiona que se mal utilice la Justicia: “Con el sicariato y todo lo demás nos quieren callar. Ya no tenemos la Ley Mordaza, pero hay otros sistemas que nos están aplicando y la mayoría de las agresiones vienen de los funcionarios públicos. ¿cómo lo están haciendo?, judicializando”. Piedra también destaca las acciones que se pueden hacer a través del Mecanismo.
La defensa de la libertad de expresión es corresponsabilidad de la sociedad
Francisco Rocha, analista político y exdirector de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), ejemplifica el caso de Granasa para hacer dos observaciones.
“Es una de las demostraciones más grotescas de la utilización del Estado. Pero demuestra también la dispersión que existe en el país, la falta de organizaciones, la falta de sectores que puedan responder a este tipo de acciones”, expone.
Dice que se trata de un “modelo intolerante” que concentra el poder y que se instaló a partir de 2008 con la Constitución de Montecristi.
Rocha considera que aún queda quien defienda los periodistas, pero da cuenta de que no es una situación que involucre solo a este tipo de profesionales: “El tema es quién controla el poder porque esto no es solo de periodistas y de empresas periodísticas, la libertad de expresión es de la sociedad, esta es la que tiene que reaccionar”.
“La sensación de indefensión es la falta de credibilidad en una Justicia que no sea manipulada”, concluye el analista. (KSQ)
Fuente: La Hora
