Reforma tributaria en Ecuador: Daniel Noboa debe impulsar crecimiento para evitar freno económico

La reforma tributaria que se avecina en Ecuador bajo el Gobierno de Daniel Noboa exigirá al menos $1.000 millones en ingresos extra. Pero se requiere un verdadero impulso al crecimiento económico.

Parece inevitable que el Gobierno de Daniel Noboa impulse una nueva reforma tributaria en 2025 o, a más tardar, en 2026. Esto, según el economista Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, deberá generar ingresos adicionales por al menos $1.000 millones para cubrir el creciente déficit fiscal del país.

Sin embargo, si empresas y ciudadanos volverán a cargar con el peso del ajuste, hay tareas ineludibles que el Gobierno debe cumplir a cambio.

La economía no puede seguir sacrificándose en nombre del equilibrio fiscal si, al mismo tiempo, no se construyen las condiciones para crecer de manera sostenida y sólida.

“Si se impone una reforma tributaria, que parece inevitable, el Gobierno de Noboa tiene la obligación de adoptar medidas que impulsen el crecimiento y no lo frenen. Solo una economía en expansión podrá generar más empleo formal, aumentar la recaudación sin subir impuestos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, explica Andrés Rodríguez, economista.

Las proyecciones de crecimiento económico para Ecuador en 2025 y 2026, de organismos como el FMI, Goldman Sachs o Deloitte, no superan el 2%. Pero el país necesita crecer al menos un 4% o 5% anual para comenzar a cerrar las brechas sociales y fiscales.

Para lograrlo, hay varias condiciones mínimas que el Ejecutivo debe cumplir.

Las tareas de Daniel Noboa para que la economía ecuatoriana no se hunda con el ajuste fiscal

La primera: que el crédito fluya con mayor fuerza. Hasta mayo de este año, los seis principales bancos privados muestran un crecimiento superior al 19% en depósitos respecto al año anterior, lo cual debería traducirse en mayor colocación de préstamos. Pero esto solo será efectivo si hay confianza y un entorno que facilite invertir y producir.

La segunda: destrabar barreras productivas y comerciales que han frenado el dinamismo empresarial por décadas. El exministro Fausto Ortiz ha recordado recientemente que, según varios empresarios, mayo de 2025 fue un buen mes para la economía, pero una reforma mal ejecutada podría revertir esa tendencia.

La tercera: ejecutar con rapidez y eficiencia el presupuesto de inversión pública, sobre todo en sectores estratégicos como el energético.

Hasta mayo de 2025, el Plan Anual de Inversión (PAI) registra $404 millones ejecutados, un 141% más que el mismo periodo de 2024, pero apenas representa un 15% de lo presupuestado.

De las seis instituciones con mayores recursos, solo el Ministerio de Educación ha ejecutado más del 30%. Energía y Minas apenas llega al 3% de su presupuesto de $269 millones, en medio de la amenaza latente de nuevos apagones.

“Si el Gobierno quiere más recaudación vía crecimiento económico, debe ir tras la ejecución completa de los $1.800 millones del PAI. No hacerlo es un suicidio económico”, advirtió Ortiz.

Las recientes medidas del 2 de junio —como ajustes a subsidios del diésel, tarifas eléctricas y actividad minera— buscan recaudar $527 millones adicionales, pero están lejos del ajuste de al menos 2% del PIB que exige el FMI.

Además, según economistas como Walter Spurrier y gremios productivos como la Cámara de Comercio de Guayaquil, podrían tener efectos negativos: aumentar los costos de producción, reducir la competitividad empresarial, aumentar importaciones y frenar exportaciones.

A esto se suma una falta histórica de política pública orientada a una producción nacional eficiente. “Nunca ha existido una estrategia de desarrollo productivo real. Ni una política industrial ni incentivos adecuados”, lamenta Spurrier.

Además, decisiones como la eliminación del crédito tributario al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para importaciones de bienes de capital e insumos —una carga adicional de $400 millones al año para el sector privado que comenzó a regir desde este 2025— golpean la inversión. Y persiste una deuda con los exportadores y ciudadanos en general: la devolución de IVA e impuesto a la renta acumula retrasos de hasta ocho meses.

En este escenario, el economista y consultor Roberto Medina sugiere al Gobierno actuar con urgencia en varias líneas:

● Destrabar trámites burocráticos que no aportan valor.
● Permitir la importación directa de diésel en sectores como el atunero.
● Simplificar y digitalizar trámites para el comercio.
● Agilizar pagos a proveedores del Estado.
● Cumplir con la devolución oportuna de impuestos.

“El Gobierno tiene siete meses para no dejar que se caiga el buen ritmo que vimos en mayo. Si lo hace, puede sostener la economía, dar un marco lógico a la reforma tributaria y avanzar hacia una economía más robusta y menos dependiente del ajuste”, concluyó Medina.

El camino fiscal está trazado, pero sin crecimiento, ese camino puede terminar en más desempleo, más informalidad y menos oportunidades para todos. (JS)

Fuente: La Hora