Bases militares extranjeras: asambleístas alternos conocerían informe para primer debate en el Pleno
Desde el 22 de noviembre, a la Comisión asistieron delegados de la presidencia de la República, de Cancillería, del Interior, del ministerio de Defensa, exasambleístas constituyentes, entre otros. Gissela Garzón, presidenta de la Comisión (Revolución Ciudadana) dijo que se han enterado de que Galápagos está recibiendo (militares extranjeros), sin necesidad de reforma constitucional.
Hasta el viernes 27 de diciembre de 2024, los sectores políticos (ADN, PSC, Construye, Independiente) que propician la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras, podrían presentar un informe final interno de la comisión ocasional de la Asamblea Nacional, encargada del tratamiento del proyecto.
Rafael Dávila (Independiente), dijo que el informe que se pondrá a consideración del pleno de la Asamblea para el trámite en primer debate, (a fines de enero) incluye varias conclusiones, entre ellas:
- De las comparecencias de funcionarios y expertos en seguridad a la comisión ocasional (desde fines de noviembre de 2024), ha quedado claro que, de “ninguna manera, tener cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado a través de una base militar, afecta la soberanía”.
- Tomar una decisión libre, razonada y autónoma, es un acto de soberanía.
- De darse el caso que, después de los debates, y aprobación de informes, el Ecuador considera que es apropiado para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, permitir la instalación de una base militar para la presencia de extranjeros que apoyen en la lucha, un Gobierno o el presidente de turno no podrá decidirlo ponerlo en práctica.
- El Gobierno que reciba la propuesta tiene que elaborar un convenio o tratado internacional.
- Previo a firmarlo tiene que pasar por dos filtros: la Corte Constitucional que debe calificar la constitucionalidad de un convenio internacional; y por el filtro político de la Asamblea Nacional que debe autorizar la firma de un tratado o convenio internacional, aún si se levanta la prohibición establecida en el artículo 5 de la Constitución.
Tentativamente, la presidenta de la Comisión, Gissela Garzón (Revolución Ciudadana), calcula que el tema podría ser conocido en primer debate a fines de enero, y le corresponderá tratarlo a los asambleístas alternos. A esa fecha, los asambleístas principales estarán en campaña para la reelección.
Desde el 5 al 19 de enero de 2025, el Legislativo entrará en periodo de vacancia y los plazos para el tratamiento de leyes se suspenderán.
Luego del conocimiento en primer debate, deberán pasar 90 días para la segunda y definitiva discusión. En este caso, el informe final podría estar consideración del pleno la primera quincena de abril.
Rafael Dávila también explicó que el texto tendría que ir a la Corte Constitucional para emitir el informe de constitucionalidad que será enviado al Ejecutivo.
El documento, a su vez tendrá que ser remitido al Consejo Nacional Electoral (CNE) que tiene un plazo de 45 días para organizar la consulta.
Gissela Garzón: «Nos hemos enterado de que Galápagos está recibiendo (miliares extranjeros), sin necesidad de reforma constitucional»
Los delegados del gobierno que asistieron a la comisión plantearon la urgencia de la reforma para permitir la instalación de bases, pero Garzón cuestionó que se han enterado de que Galápagos está recibiendo (militares extranjeros), sin necesidad de reforma constitucional.
«No quiero pensar que esta reforma fue únicamente una especie de parche, y que los legisladores y la Corte Constitucional somos una burla para el gobierno porque no sería solo malo para el país sino, incluso, para la situación de seguridad de nuestra región», mencionó.
En su comparecencia, la canciller, Gabriela Sommerfeld afirmó que la reforma se alinea con el criterio de la Corte Constitucional y destacó la importancia de la cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado, un problema de alcance global. Su colega de gabinete, Jean Carlo Loffredo afirmó que, la reforma no vulnera derechos constitucionales y tiene como objetivo principal fortalecer la seguridad ciudadana, destacando la importancia de nuevos medios y equipos de detección y vigilancia.
Lyonel Calderón, que asistió como representante de la ministra del Interior, Mónica Palencia, subrayó la relevancia de esta reforma como un aporte significativo a la seguridad ciudadana, enfatizando que la ubicación geográfica provoca el incremento del crimen organizado como una facilidad para el traslado de droga. (SC)
Fuente: La Hora
