Ecuador deberá endeudarse en $16.055 millones en 2026 para cubrir un presupuesto

El Estado necesitará levantar $16.055 millones en deuda para financiar el Presupuesto 2026. El economista Jaime Carrera advierte que la proforma se apoya en ingresos “inventados” y empuja al país a un modelo de financiamiento cada vez más riesgoso.

El Gobierno de Daniel Noboa tendrá que conseguir al menos $16.055 millones en nueva deuda durante 2026 para poder financiar el Presupuesto General del Estado (PGE). Ese es el tamaño de las necesidades de financiamiento que, según el economista Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), deben servir para cubrir el déficit fiscal (más gastos que ingresos), vencimientos de deudas anteriores y otras obligaciones por pagar.

Son montos que, en términos prácticos, equivalen a endeudarse más de $1.337 millones cada mes, o $44,6 millones al día, solo para que el Estado pueda funcionar.

Carrera es categórico: la proforma presupuestaria enviada por el Gobierno de Daniel Noboa para el próximo año “va en contravía de la responsabilidad y sostenibilidad fiscal”.

La razón: los ingresos no alcanzan para cubrir ni los gastos corrientes, y buena parte del presupuesto descansa en ingresos ficticios o sobredimensionados que sirven para cumplir, en el papel, con obligaciones constitucionales.

Necesidades de financiamiento: un abismo de $16.055 millones

Esos más de $16.000 millones de nueva deuda que se deben levantar, ya sea con más préstamos de multilaterales, emisión de deuda en mercados internacionales, o exprimiendo más al IESS y a los bancos en el interior del país, se compone como sigue:

• $5.414 millones de déficit fiscal.
• $4.400 millones en amortizaciones de deuda interna.
• $3.952 millones en amortizaciones de deuda externa.
• $2.289 millones de otros pasivos y obligaciones.

Carrera advierte que esta cifra se queda corta. Cuando se suman pasivos no incluidos en la proforma, como CETES, cuentas por pagar (atrasos con el IESS, proveedores y otros), o convenios de liquidez, el verdadero financiamiento necesario asciende a $25.127 millones.

Para Carrera, el sistema está “al borde de lo inviable”. Por eso, concluye que “El aumento de las necesidades de financiamiento torna inviable su cobertura, profundizando la inestabilidad fiscal.”

Un presupuesto construido sobre ingresos inciertos

Carrera identifica que la Proforma 2026 incluye $5.442 millones en ingresos por transferencias de capital, principalmente por supuesta monetización de activos petroleros y mineros, ventas futuras, OPC y otros mecanismos aún no definidos.

El diagnóstico es que esos ingresos “no tienen sustento real” y fueron incluidos únicamente para poder inflar el presupuesto de educación y salud, exigido por la Constitución (aumento equivalente al 0,5% en el presupuesto anual de cada uno de esos dos sectores), pese a que el Estado no cuenta con los recursos para hacerlo.

También observa optimismo excesivo en la recaudación tributaria y en los ingresos petroleros (estimados en $3.027 millones), que además están afectados por la no explotación del ITT y por la baja del precio internacional ($53 por barril) y del volumen de producción.

En palabras de Carrera: “Se incluyen ingresos sin sustento real, para ficticiamente incrementar los gastos en educación y salud establecidos en la Constitución.”

Gasto corriente que devora todo el presupuesto

El análisis también muestra que, si se eliminan las transferencias de capital irreales, todos los ingresos permanentes del Estado apenas alcanzan para pagar parte del gasto corriente.

Dicho gasto corriente, que supera los $24.034 millones, se concentra en sueldos, transferencias al IESS, bonos sociales, intereses de la deuda y otras obligaciones que son difíciles de recortar.

Como resultado, la inversión u obra pública podría quedarse en apenas $970 millones, siempre y cuando exista liquidez suficiente para ejecutarla.

Carrera advierte que la estructura del gasto continúa deteriorándose: “Los sueldos, bonos, ayudas sociales, transferencias al IESS y los intereses de la deuda consumen casi todos los ingresos estatales.”

Déficit creciente: el hueco superará los $ 5.400 millones en 2026

El Gobierno de Noboa reconoce que el Presupuesto 2026 tendrá un déficit fiscal de $5.414 millones, muy superior a la meta comprometida en el acuerdo con el FMI, que es de $2.624 millones.

Ese déficit es la diferencia entre gastos e ingresos, pero no incluye amortizaciones ni otros pasivos. A nivel operativo, el déficit primario también es negativo: faltan $944 millones incluso antes de considerar el pago de intereses de la deuda pública.

Para Carrera, esta tendencia es alarmante: “Es un círculo perverso endeudarse para pagar los intereses que, a su vez, se incrementan con los déficits.”

El verdadero problema: un Estado que promete lo que no puede pagar

Una parte central del análisis de Carrera se enfoca en un tema estructural: las obligaciones constitucionales de aumentar cada año el presupuesto de Salud y Educación en 0,5% del PIB.

El economista alerta que estas disposiciones son inaplicables en la realidad fiscal actual. Se presupuestan aumentos obligatorios, pero el Estado no los ejecuta porque simplemente no tiene los recursos.

Es más, si se ejecutara todo lo que la Constitución exige en salud y educación; y si se financiara todo ese gasto que realmente se necesita, las necesidades de financiamiento se dispararían aún más. Esto porque, de acuerdo con el exministro de Economía, Fausto Ortiz, el déficit fiscal rondaría los $10.000 millones.

Es decir: el presupuesto que hoy requiere $16.055 millones en deuda, sería aún más insostenible si se cumpliera todo lo que la ley ordena.

El peso de la deuda: otra carga que ahoga al Estado ecuatoriano

En 2026, solo el servicio de la deuda pública, intereses más amortizaciones, llegará a $12.822 millones.

De ellos, $4.470 millones son intereses, una cifra que supera por sí sola lo asignado a defensa, salud o educación, y más que duplica el monto destinado al Bono de Desarrollo Humano.

Carrera resume el dilema: “El elevado déficit primario refleja la incapacidad del Estado para cubrir sus gastos inflexibles e inversiones mínimas.” (JS)

Fuente: La Hora