País en venta: el dictador Ortega entregó más del 5% del territorio de Nicaragua a China
El régimen sandinista autorizó concesiones mineras a empresas chinas, de forma acelerada y con privilegios extraordinarios. “Lo que buscan es hegemonía total sobre una industria”, comentó a Infobae el ambientalista Amaru Ruiz
Desde su exilio, Amaru Ruiz, ambientalista y presidente de la Fundación del Río, parece sorprendido ante la avalancha de aprobaciones al sector minero esta semana en Nicaragua. “Si me hubieses hecho esta entrevista hace cinco días, te habría dicho que eran 650 mil las hectáreas entregadas a empresas chinas, ahora ya son más de 700 mil”, dice Ruiz.
Esa cantidad de territorio entregado en concesión representa más del 5% del territorio de Nicaragua, un volumen que se ha otorgado de forma acelerada en los últimos dos años, con enormes ventajas para las empresas chinas.
Nicaragua ha destinado el 36% de su territorio, equivalente a 4.292.832 hectáreas, a la actividad minera. Sin embargo, la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones (PRONicaragua) promueve que el 49,18 por ciento del país, unas 6.412.036 hectáreas, está disponible para concesiones mineras.
Desde que Ortega restableció relaciones diplomáticas con Beijing, en diciembre de 2021, la dictadura ha convertido la minería en una de sus principales cartas de intercambio político y económico con China.
Entre 2022 y 2025, el Ministerio de Energía y Minas ha autorizado a 11 compañías de capital chino más de 50 concesiones mineras metálicas y no metálicas en regiones como la Costa Caribe Norte, Jinotega y Chinandega.
Las cifras muestran que detrás de las 11 empresas chinas con presencia en Nicaragua, en realidad hay menos actores, pues muchas comparten socios, domicilios y representantes legales.
En octubre, un acuerdo ministerial publicado en La Gaceta estableció que la empresa Little Stone deberá recibir notificaciones oficiales en el Edificio 695, Residencial Altamira, en Managua. Esa misma dirección figura para las compañías Zhong Fu, Waslala Mine, Norther Mining y Three Golds Mining, lo que sugiere que forman parte de una misma red empresarial que acumula 372,316 hectáreas distribuidas en 20 concesiones.
Amaru Ruiz sostiene que “el régimen está cambiando las reglas del juego” para que sus nuevos socios se apoderen del sector minero. Modificaron leyes, ajustaron marcos municipales y de consulta, todo para garantizar que las concesiones caigan en manos de esas empresas. “Lo que buscan es hegemonía total sobre una industria que sostiene las exportaciones y los números macroeconómicos del país”, dice.
El ambientalista advierte que la dictadura ha modificado incluso la ley de fronteras y la de áreas protegidas, permitiendo minería dentro de reservas naturales como el Indio Maíz y la biosfera del Río San Juan.
“Ya hay concesiones dentro de lugares que antes eran intocables”, dice Ruiz. “Todas las nuevas concesiones de los últimos dos años se han hecho para limpiar el mapa: presionar a antiguos concesionarios, cancelarles licencias y reducirles áreas, hasta que vendan o cedan sus derechos. Todo para favorecer a las empresas chinas y a los testaferros del régimen”.
El ambientalista explica que muchas de esas empresas fueron constituidas recientemente, algunas en 2019, sin historial minero ni registros públicos verificables. “No hay evidencia de que estén ligadas formalmente al Estado chino, pero tampoco sabemos de dónde viene su capital. Son actores desconocidos, sin historia ni trazabilidad”, dice.
“Lo que sí sabemos es que actúan en sociedad con el régimen. Las concesiones que se les otorgan están en áreas de reserva minera, creadas por ley y administradas directamente por la Dirección General de Minas, bajo control del Ejecutivo”, dice.
“Para recibirlas debe existir un contrato público-privado, pero esos contratos son secretos. No se publican, no hay estudios de impacto ambiental, no se conoce cuánto gana el Estado, ni qué tecnología usarán: si minería a cielo abierto, por túneles o con qué químicos”, añade.
En su análisis, la dictadura ha legalizado la minería artesanal, antes considerada ilegal, para controlarla mediante empresas intermediarias, muchas de ellas chinas. “Porque quien controla el procesamiento, controla toda la cadena de valor del oro”, explica. “Los mineros industriales están en riesgo. Ya no se trata de una empresa: todo el sector puede ser desplazado si se resiste al control del régimen.”
Ruiz también advierte sobre un vacío en los datos oficiales. “Detectamos discrepancias entre los datos del Banco Central y los del Ministerio de Energía y Minas. La diferencia es del 30% al 35% del oro exportado: un tercio de la producción nacional no tiene registro claro. Eso apunta a una enorme zona gris donde se mezcla minería artesanal, contrabando y posiblemente lavado de dinero.”
En los municipios mineros de frontera, la policía admite la presencia de capitales ilícitos. Ruiz teme que la expansión de la minería china agrave los daños ambientales y sociales. “Ningún distrito minero ha sacado a su población del subdesarrollo. La minería genera apenas unos 5,000 empleos y deja detrás pobreza, contaminación y desplazamientos”, señala.
“Estas nuevas empresas no están obligadas a presentar estudios de impacto ambiental ni a consultar a las comunidades locales. Sabemos que usan cianuro o mercurio, ambos altamente contaminantes. El primero mata rápido, el segundo se acumula en el organismo”, indica.
El avance de las mineras chinas se produce en un contexto más amplio: el de la expansión de China en América Latina. La académica argentina Constanza Mazzina explica que China ha reemplazado en los últimos años a Estados Unidos como principal socio comercial de muchos países de la región y ha multiplicado su presencia en sectores estratégicos, desde infraestructura hasta energía y telecomunicaciones, además de la minería de litio, cobre y oro.
Según Mazzina, doctora en ciencias políticas, esa presencia tiene un sentido político claro. “China despliega lo que yo llamo su ‘sharp power’”, o poder incisivo, que se sostiene en cuatro pilares: la diplomacia partidaria, los intercambios académicos y periodísticos, las empresas estatales y la propaganda en medios y plataformas digitales.”
Fuente: Infobae
