¿Un político como Fiscal General? Crecen las alertas por falta de filtros

Pablo Encalada, abogado penalista, opina que el haber sido alto funcionario del gobierno de turno debería ser una inhabilidad para ser fiscal general. Un político no debe ser Fiscal, dijo.

La falta de confianza en la ciudadana reflejada en la poca participación de aspirantes a la Comisión Ciudadana de Selección que elegirá al nuevo fiscal general del Estado (FGE), y que ya suenen nombres de aspirantes a ocupar el cargo, trae nuevamente al debat el contenido del reglamento para la elección de la nueva autoridad.

La última reforma al reglamento aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) fue el 20 de junio de 2025. Se prohíbe, por ejemplo, que se postulen abogados que hayan ejercido patrocinio judicial penal como defensor técnico en 39 tipos de delitos en los últimos 10 años.

Paúl Córdova, abogado en libre ejercicio y expresidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Pichincha, dijo que, a pesar de las reformas al reglamento, las reglas de juego para el concurso todavía son “insuficientes y precarias”.

Por ejemplo, mencionó que carece de cláusulas que blinden el concurso de la participación de políticos.

La advertencia se dio a propósito de la revelación de José de la Gasca, exministro de Gobierno de Daniel Noboa quien no descartó postularse al concurso.

Su anuncio levantó alertas entre los profesionales del derecho que están expectantes en torno a cuál será su participación en el proceso..

Córdova, aclaró que toda persona tiene derecho a participar en procesos de selección.

Empero, subrayó que el reglamento es tan limitado que permite que cualquier político, que estuvo en funciones en cualquier gobierno, pueda participar.

“Esto demuestra que es un reglamento que no está a la altura del concurso; no ayuda en nada, ni garantiza tener un fiscal autónomo, independiente y sin vínculos político partidistas”, advirtió.

¿Qué se debió incluir en el reglamento?

Córdova opinó que debió incluirse condiciones o filtros que aseguren que profesionales con vínculos político partidistas no puedan participar en un concurso de esta naturaleza.

¿Qué pasaría si, por ejemplo, en el concurso se inscribiera cualquier ministro del régimen de Lenin Moreno, o del régimen de Guillermo Lasso, o del régimen de Rafael Correa?, preguntó.

Por eso, señaló que el contenido del actual reglamento no garantiza que el Fiscal que sea elegido no tenga las mejores condiciones técnicas y de imparcialidad para cumplir las funciones. “No hay filtros para diferenciar o distinguir a las personas que tengan vínculos políticos”.

“El problema sigue siendo el reglamento porque lamentablemente, el Cpccs no fue capaz de elaborar un documento que garantice imparcialidad, confianza y transparencia para que, como ciudadanos podamos creer en el concurso”, subrayó.

Relató que mientras el Cpccs elaboraba el reglamento, el pleno del organismo no dio paso a las observaciones de la sociedad civil que hubiesen permitido filtrar, señaló, posibles postulantes con vínculos político partidistas.

Méritos académicos de profesor de derecho penal

Más adelante, Córdova acotó que el concurso está pensado para que el aspirante solo presente méritos académicos de profesor de derecho penal, o de derecho procesal penal. Pero, el fiscal también debe ser una persona que conozca cómo evaluar a fiscales, despachar impulsos fiscales, noticias del delito, etc. “El reglamento tampoco garantiza esto, es un reglamento incompleto”.

Tampoco hay elementos ni pautas que permitan verificar el patrimonio de los postulantes que no tengan ningún tipo de relación con posibles grupos del crimen organizado.

Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, coincidió que el exministro de Gobierno tiene derecho a postularse.

No obstante, señaló que éticamente no es lo mejor, y alertó que, de llegar a ser electo puede haber conflicto de intereses en el ejercicio de su función.

“Es obvio su nexo con el Gobierno; tener un fiscal con compromisos y que acaba de ser funcionario público, evidentemente no es lo mejor”. A eso se suma que no le acreditará la suficiente independencia en el ejercicio del cargo.

Para Paúl Córdova, un candidato allegado al Gobierno tiene todo tipo de afectos, apoyos y de mucha afinidad política con el actual presidente de la República.

Por sentido común, añadió, más allá del derecho que puede tener a participar, esta coyuntura recuerda a capítulos “muy tristes” de la historia del Ecuador cuando Galo Chiriboga y Carlos Baca Mancheno fueron fiscal, o cuando Gustavo Jalkh siendo secretario particular de Rafael Correa, luego fue presidente del Consejo de la Judicatura. (SC)

Pablo Encalada: “está en juego el equilibrio de poderes y la salud de la democracia”

Pablo Encalada, abogado penalista, afirmó que lo que está en juego es el equilibrio de poderes y la salud de la democracia, que va más allá de un nombre o una persona.

“El Fiscal debe ser independiente del poder político, punto. No debería, bajo ninguna circunstancia ser un empleado del presidente de turno”, expresó en una intervención en sus redes sociales.

Encalada recordó que “lamentablemente” ya se vivió esa experiencia. “Yo trabajaba en la Fiscalía cuando el abogado personal de (Rafael) Correa, el ministro de Correa, el embajador de Correa, Galo Chiriboga sonaba como el elegido para ser Fiscal antes del concurso. Chiriboga lo negaba, pero todos sabíamos que sería él”, relató.

Y continuó: “A última hora, se inscribió en el concurso y lo ganó. Alguien que no tenía ninguna experiencia en materia penal, pero tenía lo más importante. La confianza del presidente”.

Dijo que su gestión fue el encubrimiento de los casos de corrupción en ese Gobierno. Su característica fue la inacción.

Fuente: La Hora