Pro Bono: alternativa de asistencia legal para personas de escasos recursos

La alternativa para personas de escasos recursos económicos no es solo acudir a consultorios jurídicos de las universidades que ofrecen asesoría legal para permitir el debido proceso y el derecho a la defensa. En el Ecuador también empieza a abrirse el camino a la asistencia legal conocida como “pro bono”.

En Ecuador no existe un tarifario en el que los abogados se basen para cobrar sus honorarios. Los pagos que reciben dependen de la materia civil, penal, laboral, constitucional, administrativo, etc, en la que proporcionan asistencia legal.

Los precios varían según del estudio jurídico y entre quienes buscan el servicio de un abogado siempre hay la duda de cuánto deben pagar.

El término viene del vocablo latín “pro bono” público que significa “por el bien común”. Se refiere a los servicios profesionales que se prestan en beneficio de la sociedad de forma voluntaria y sin retribución económica utilizando la experiencia y la capacidad profesional.

Así, se afianza la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia como lo establece la Constitución. La expresión también se refiere a todos los trabajos que libre y voluntariamente realizan distintos profesionales, como psicólogos, contadores, abogados, entre otros, bien sea dando asesoría legal u otro tipo de servicio.

En el área de los profesionales del derecho que ofrecen asesoría legal, a través de sus firmas, están, por ejemplo, los abogados Jorge Luis Mazón y Agustín Acosta.

Jorge Luis Mazón, especializado en Derecho de Familia, y radicado en la ciudad de Riobamba tiene a su cargo y atiende casos “pro bono” en sus áreas de especialización sobre todo en temas de juicios de alimentos y de divorcios. “He divorciado a un montón de gente”, señala. Se escogen personas de escasos recursos que no van a poder cancelar los honorarios de un abogado.

“Justamente ahora tenemos un par de casos pro bono en Riobamba; son empleadas en un restaurante que han tenido problemas de este tipo”, contó Mazón.

“Esta es una decisión muy personal, yo me dedico a este trabajo porque siempre lo he hecho y porque en mi concepción de la abogacía esta profesión nunca puede dejar de ser un servicio que abarca a las personas que pueden y no pueden pagar mis honorarios”.

Insistió que la abogacía no puede perder nunca la idea de que es un servicio que debe ser prestado con la misma calidad así no se cobre un honorario.

El “pro bono” en Ecuador no está regulado

En las leyes del Ecuador, el “pro bono» no está reglado. Cada abogado o cada estudio jurídico decide a quién cobra y a quién no.

Teóricamente, quien no puede pagar un abogado en el Ecuador también tiene la opción de la Defensoría Pública que fue creada en la Constitución específicamente para dar el servicio en diversas áreas; familia, alimento, divorcios, laborales, penales, violencia intrafamiliar, etc.

Sin embargo, para Jorge Luis Mazón, “lamentablemente” aunque es una garantía constitucional, la Defensoría no cuenta con recursos suficientes y siempre está sobrepasada de solicitudes.

Mazón relató que en la actualidad está parcialmente retirado de su profesión y ya no toma la cantidad de casos que tenía cuando operaba en su oficina en Quito. Por ejemplo, recuerda que en 2018 llevaba cerca de 60 casos, de los cuales, alrededor de un 10% era” pro bono”.

Los “pro bonos” también se aplican en ayuda de fundaciones

El abogado Agustín Acosta, especialista en Derecho Corporativo, Solución de Conflictos y Compliance (cumplimiento normativo), explicó que el “pro bono”, en la práctica de servicios de asesoría legal a entidades o personas, es común en el Ecuador, aunque no está regulada, ni es obligatoria.

En otros países, como Estados Unidos tiene un enfoque de contribuir a la mejora de la sociedad por profesionales que han tenido el privilegio de estudiar, capacitarse y han adquirido un conocimiento en temas de asesoría penal, violencia familiar, niñez y adolescencia.

Los “pro bonos” también se aplican en ayuda de fundaciones, entidades o empresas con proyectos que tengan objetivos sociales.

Consideró que el objetivo debe ser facilitar el acceso a la justicia a los grupos en situación de vulnerabilidad de la población, organizaciones de la sociedad civil y emprendedores sociales por medio de una red de abogados comprometidos con el cambio social del país. “Muchos abogados ya lo hacemos por voluntad propia y no como una imposición legal”, aseguró Acosta.

Para él, esta actividad en la que además se sacrifica el tiempo, genera un compromiso con la sociedad e incentiva al abogado a apoyar con un grano de arena. En su caso asesora gratuitamente a fundaciones, instituciones de educación, a centros médicos, y hasta instituciones del Estado que a veces solicitan asesoría. (SC)

Fuente: La Hora