El IESS es el principal financista interno del presupuesto estatal en Ecuador

Entre enero y mayo de 2025, ante la llegada de apenas $134 millones por deuda externa, el Gobierno recurrió a cuatro vías de financiamiento interno para sostener el presupuesto estatal. Sin embargo, la liquidez se agota, los atrasos crecen y el déficit fiscal aumenta.

La situación fiscal de Ecuador en 2025 se sostiene sobre una estructura frágil: un creciente endeudamiento interno que ya no alcanza para cubrir las necesidades del Estado. Entre enero y mayo de este año, mientras el financiamiento externo apenas aportó $134 millones como ya reseñó LA HORA, el Gobierno recurrió a cuatro mecanismos principales de financiamiento interno. Pese a estos esfuerzos, el déficit acumulado en estos cinco meses llegó a $1.529 millones, con proyecciones que superan los $5.500 millones para fin de año.

Esta fórmula, basada en deuda interna, permitió cubrir parcialmente un gasto público limitado principalmente a salarios, transferencias obligatorias y pago de intereses. Las inversiones públicas han sido casi nulas, los ingresos se redujeron 1,2% frente al mismo período del año anterior, y el gasto corriente creció 12,4%, alimentando un deterioro fiscal progresivo.

1. Emisión de bonos y papeles del Estado: deuda creciente y concentrada

Entre enero y marzo de 2025, se colocaron $4.236 millones en bonos y papeles del Estado, adquiridos tanto por inversionistas privados y entidades públicas. El principal comprador fue el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que hasta marzo acumulaba $12.491 millones en papeles estatales, lo que representa el 60% del total de deuda interna (sin incluir Cetes ni convenios de liquidez).

Este tipo de financiamiento compromete la sostenibilidad de instituciones clave. Según el economista Mauricio Paredes, “la fórmula de seguir financiando el presupuesto con recursos de entidades públicas como el IESS se está agotando. La liquidez interna no es infinita y cada vez hay menos espacio para seguir extrayéndola sin comprometer la operatividad de los propios prestamistas del Estado”.

2 Certificados del Tesoro: deuda a corto plazo que presiona el futuro

Los Certificados del Tesoro (Cetes) son instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos por el Ministerio de Economía, que deben ser pagados o renovados en plazos menores a un año. A marzo de 2025, el saldo de Cetes en circulación era de $2.555 millones. Estos recursos son usados cada año para cubrir desfases temporales en la caja fiscal, pero su uso masivo se ha convertido en una carga estructural que genera presiones constantes sobre la liquidez del Estado.

Este tipo de deuda, por su naturaleza inmediata, obliga a realizar pagos rápidos o refinanciamientos continuos, lo que pone en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas ante cualquier baja en los ingresos fiscales o falta de renovación de estos títulos.

3 Atrasos y pagos pendientes: deuda silenciosa que afecta servicios

Otra vía de financiamiento ha sido la acumulación de atrasos. Solo entre enero y mayo de 2025, el Gobierno dejó de pagar $1.544 millones a proveedores, gobiernos locales, el IESS y otras entidades públicas. A esto se suman $2.957 millones de arrastre de años anteriores, con lo que el total de cuentas por pagar asciende a $4.501 millones.

Esta forma de financiamiento no genera intereses explícitos, pero sí deteriora servicios públicos, genera desconfianza en el sector privado y afecta a los gobiernos locales, que dependen de transferencias estatales para su funcionamiento. Es, en la práctica, una forma encubierta de deuda interna que posterga el problema sin resolverlo.

4 Convenios de liquidez: usar fondos públicos para cubrir al fisco

El Gobierno también ha utilizado convenios de liquidez, acuerdos mediante los cuales toma temporalmente recursos disponibles en empresas públicas o entidades estatales, con la promesa de reponerlos en el futuro. A marzo de 2025, estos convenios sumaban $2.844 millones.

Aunque estos acuerdos son legales y han sido empleados en años anteriores, su uso recurrente erosiona la autonomía financiera de las entidades prestatarias, limita sus operaciones y pone en riesgo su sostenibilidad, especialmente si los recursos no se devuelven a tiempo. Esta situación es evidente en sectores como el eléctrico y petrolero.

Deuda interna e impuestos temporales: un modelo de financiamiento al límite

A pesar de todo este endeudamiento interno, el déficit fiscal de enero a mayo fue de $1.529 millones —comparado con solo $45 millones en el mismo período de 2024—, y se proyecta que alcance los $5.500 millones a diciembre. Este resultado se da en un contexto donde los ingresos tributarios aumentaron temporalmente gracias a medidas extraordinarias:

● IVA incrementado al 15%.
● Autorretenciones del impuesto a la renta: $857 millones.
● Impuesto temporal a las sociedades: $294 millones.
● Utilidades del Banco Central: $286 millones.
● Excedentes de empresas públicas como Flopec: $202 millones.

Sin embargo, ni estos ingresos excepcionales logran cubrir el gasto corriente, y mucho menos los compromisos de inversión y pago de deuda externa, que entre enero y mayo exigieron $2.366 millones en intereses y amortizaciones, muy por encima del financiamiento externo recibido en ese mismo período.

El IESS, pieza clave, pero frágil en el financiamiento público de Ecuador

Al 31 de marzo de 2025, la deuda interna total alcanzó los $20.843 millones. De ese monto, $18.507 millones están en manos de entidades públicas, con el IESS como principal acreedor (más de $12.000 millones). Esta situación convierte a la seguridad social en el principal soporte del financiamiento estatal, pero también en una de sus mayores vulnerabilidades.

El uso intensivo de estos recursos compromete la capacidad del IESS de cumplir con sus propias obligaciones, como el pago de pensiones y prestaciones médicas. “No hay sostenibilidad posible si el Estado depende del IESS para subsistir fiscalmente, y el IESS depende del Estado para devolverle esos fondos”, advierte Paredes.

El actual modelo de financiamiento —basado en bonos, Cetes, atrasos y convenios de liquidez— ha permitido mantener a flote las cuentas fiscales a corto plazo, pero cada vez con mayores costos y menor margen de maniobra.

“Sin reformas estructurales, acuerdos internacionales de financiamiento y un uso más eficiente del gasto público, el Ecuador se enfrenta al riesgo de una crisis fiscal que ni la deuda interna —ya saturada— podrá seguir sosteniendo”, concluyó Andrés Rodríguez, economista. (JS)

Fuente: La Hora