Ministra de Trabajo presenta demanda de inconstitucionalidad contra resolución de la Corte Nacional sobre bonificación por desahucio
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución de la Corte Nacional de Justicia que impide el pago de la bonificación por desahucio a trabajadores que se retiran voluntariamente, argumentando que vulnera derechos adquiridos e irrenunciables.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución emitida por la Corte Nacional de Justicia que impide el pago de la bonificación por desahucio a los trabajadores que terminan su relación laboral por separación o retiro voluntario.
La petición, presentada el martes 1 de abril de 2025, solicita la suspensión provisional de los efectos de la resolución mientras se resuelve el caso. Según Núñez, la decisión de la Corte Nacional afecta gravemente las garantías constitucionales de los trabajadores, vulnerando derechos adquiridos e irrenunciables establecidos en el Código del Trabajo.
La resolución en cuestión, adoptada el 22 de enero de 2025, estableció que los trabajadores que decidan terminar su relación laboral voluntariamente no pueden acceder a la bonificación por desahucio contemplada en el artículo 184 del Código del Trabajo, ya que esto representaría un doble beneficio por la misma causa.
No obstante, la ministra Núñez argumenta que esta decisión desconoce principios jurídicos fundamentales y afecta tanto a empleados del sector público como privado. En el caso del sector público, los servidores que opten por la jubilación también quedarían excluidos de este beneficio, a pesar de que la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) reconoce el derecho a una compensación económica por retiro voluntario.
Asimismo, la demanda destaca que la terminación de la relación laboral por retiro voluntario implica un acuerdo entre las partes, conforme al artículo 169, numeral 2, del Código del Trabajo. En este sentido, la resolución de la Corte Nacional de Justicia es calificada como «obscura» e inconsistente, ya que genera confusión en el sector laboral al no delimitar claramente su ámbito de aplicación.
Finalmente, Núñez sostiene que la restricción impuesta por la Corte Nacional representa una acción regresiva que limita injustificadamente los derechos laborales de los trabajadores, en contradicción con los principios constitucionales de progresividad y no regresión, establecidos en los artículos 11, numerales 3 y 8, de la Constitución. Por ello, reitera la necesidad de que la Corte Constitucional analice y revoque esta medida para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores ecuatorianos. (JS)
Fuente: La Hora
