Asamblea aprueba Ley Antimafias con penas de hasta 60 años de prisión

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el lunes 9 de noviembre de 2026 la denominada ley antimafias, que contempla una acumulación excepcional de penas de hasta 60 años de prisión. La propuesta, elaborada con asesoría de Italia, introduce reformas legales para combatir a las organizaciones criminales.

El proyecto recibió 85 votos favorables de legisladores del oficialismo y sus aliados. La bancada de la Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de oposición, no respaldó la iniciativa.

¿En qué casos se podrán acumular penas de hasta 60 años?

Uno de los cambios más importantes de la ley antimafias es el incremento del límite de acumulación de penas, que actualmente es de 40 años de cárcel.

Con la nueva normativa, ese máximo podrá llegar excepcionalmente a 60 años, pero únicamente cuando se cumplan las siguientes condiciones:

• Que exista una acumulación de tres o más delitos dolosos.
• Que las infracciones sean autónomas e independientes entre sí.
• Que la suma de las penas impuestas individualmente por esos delitos supere los 40 años de prisión.

Es decir, el incremento no será automático ni se aplicará a todos los delitos.

La reforma todavía debe ser ratificada por el presidente Daniel Noboa para que pueda entrar en vigencia.

Con 85 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprueba la ley.

¿Qué otros cambios establece la ley antimafias?

La normativa modifica varias disposiciones legales, entre ellas el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la legislación sobre drogas y el Código Orgánico de la Función Judicial.

Según informó la Asamblea Nacional, la ley busca precisar las responsabilidades penales de las personas que participan en estructuras delictivas, ya sea como integrantes, dirigentes, financistas o colaboradores.

También incorpora nuevos delitos relacionados con el reclutamiento de personas, el desplazamiento interno forzado y el confinamiento de comunidades mediante amenazas o violencia.

Otra de las medidas contempla mecanismos para proteger la identidad de los jueces encargados de procesos vinculados con delincuencia organizada.

Además, establece la inhabilitación profesional de abogados y contadores que faciliten u oculten delitos de manera dolosa.

Ley antimafias recibió 85 votos en la Asamblea Nacional

La iniciativa fue presentada en junio de 2026 por la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, integrante del oficialismo.

Tras la aprobación, Mancheno aseguró que la decisión marca “un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado”.

La propuesta se enmarca en la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa desde 2024, cuando declaró una “guerra” contra los grupos criminales ante el incremento de la violencia en Ecuador.

Sin embargo, el proyecto no obtuvo el respaldo de la Revolución Ciudadana, organización política liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y que se encuentra suspendida.

Revolución Ciudadana cuestiona el endurecimiento de penas

La asambleísta Jahiren Noriega, de la RC, cuestionó que la iniciativa se concentre en aumentar las sanciones penales.

Según señaló, el endurecimiento de penas se plantea “sin una justificación técnica”.

Noriega recordó que desde 2018 se han realizado al menos siete reformas al Código Penal, sin que estas hayan conseguido reducir la delincuencia.

El cuestionamiento se produce en un contexto de elevados índices de violencia. Ecuador cerró 2025 con un récord de 9.284 asesinatos.

Italia participó en la elaboración de la ley antimafias

La construcción del proyecto contó con el asesoramiento del Gobierno de Italia, país que aportó su experiencia en materia de combate a organizaciones criminales.

Como reconocimiento a esa colaboración, Mishel Mancheno entregó distinciones a una delegación italiana que participó en el proceso.

Entre sus integrantes estuvo Chiara Colosimo, diputada y presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia.

Con su aprobación en la Asamblea Nacional, la ley antimafias avanza en el proceso legislativo, aunque su aplicación dependerá de la ratificación presidencial.

Fuente: METRO