Morosidad, $1.266 millones en créditos castigados y el plazo de 2027: el ultimátum del FMI a las cooperativas en Ecuador

Mientras nueve de las mayores cooperativas superan el 10% de morosidad, normas locales autorizan postergar el registro de pérdidas crediticias frente a la exigencia internacional de igualar requisitos con la banca privada.

Imagina que estás al frente de un barco que se hunde y, en lugar de arreglar una filtración de agua de inmediato, decides colocar un parche temporal. A grandes rasgos, esta es la dinámica regulatoria que está ocurriendo en el sistema cooperativo de Ecuador, según revela el reciente estudio de la Universidad Espíritu Santo (UEES) titulado ‘Cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador: estabilidad financiera, brechas regulatorias y hoja de ruta SupTech’.

El documento, elaborado por los economistas y docentes universitarios Rosa Matilde Guerrero Murgueytio, Alberto Dahik Garzozzi y Ruth Arregui Solano, desmenuza la realidad del sector con datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) a junio de 2026. A simple vista, el sector parece robusto, pero al escarbar en la normativa y contrastarla con las exigencias internacionales, saltan cifras y alertas estructurales.

Cifras maquilladas por ley: normas locales ocultan la mora real de las cooperativas frente a las alertas del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido claro. En su Programa de Evaluación del Sistema Financiero advirtió sobre la vulnerabilidad del sector cooperativo, señalando la «débil calidad de activos», los «reducidos colchones de capital» y una morosidad por encima de los estándares internacionales. Ante este panorama, el organismo pidió a las autoridades ecuatorianas dejar de emitir medidas de «indulgencia regulatoria»; es decir, normativas que permiten a las cooperativas ganar tiempo y retrasar el reconocimiento contable de sus pérdidas reales.

Sin embargo, la Junta de Política y Regulación Financiera y la SEPS han actuado en otra dirección. Entre 2024 y mayo de 2026, emitieron múltiples resoluciones de «diferimiento extraordinario de provisiones» y alivios financieros. En la práctica, esto significa que la cifra oficial de morosidad general, que se ubica en 7,74% a junio de 2026, más del doble del 3,05% que registra la banca privada, podría no reflejar el deterioro subyacente completo. El contraste es aún más pronunciado en el microcrédito, donde la mora cooperativa alcanza el 10,68%, muy por encima del 6,30% de los bancos.

La magnitud del problema se evidencia al desagregar los promedios. Según el estudio de la UESS,9 de las 43 cooperativas del segmento 1 ya superan el umbral crítico del 10% de morosidad. Las normativas locales permiten postergar el registro en balance de los créditos irrecuperables, creando una percepción de estabilidad condicionada, pese a que el sector ya acumula castigos directos al patrimonio por $1.266,5 millones a junio de 2026 (un aumento del 67,1% en los últimos dos años y medio). Guerrero, Dahik y Ruth Arregui advierten que la eficacia del marco regulatorio depende de acatar lo que el FMI «recomendó expresamente: abstenerse de adoptar nuevas medidas de indulgencia regulatoria que retrasen el reconocimiento de pérdidas o la restauración del capital».

El 9 de noviembre de 2026, durante el anuncio de la culminación de la sexta revisión del actual acuerdo de financiamiento con Ecuador, el FMI recalcó que se debe impulsar la emisión de regulaciones para fortalecer la gobernanza de las cooperativas e intensificar la supervisión de las entidades más débiles, así como seguir haciendo operativa la supervisión basada en riesgos.

El FMI pide frenar la retención del 3% en los créditos cooperativos que encarece las deudas ciudadanas en Ecuador

Si ha pedido un préstamo a una cooperativa, seguro ha notado un descuento del 3% en el momento del desembolso. Este porcentaje va a parar al «fondo irrepartible de reserva legal». La cifra no es menor. Según el estudio de la UESS, este fondo ya acumula la suma de $1.794,2 millones, lo que representa el 65,5% de todo el patrimonio de las cooperativas más grandes del país.

El problema es que esta retención incrementa el costo del crédito para el ciudadano. El FMI ha puesto la lupa sobre este mecanismo y pide, como condicionalidad, «racionalizar la retención del 3% de los préstamos desembolsados con destino al fondo ‘irrepartible’ de reserva legal». En esencia, se está utilizando a los prestatarios para capitalizar a las instituciones, restándoles liquidez inmediata a los hogares y microempresas.

El seguro de depósitos en riesgo: la nueva norma que amenaza el rescate si quiebra una cooperativa en Ecuador

Recientemente se han impulsado normativas que modifican la red de seguridad del sistema. El estudio de la UEES señala que una resolución de abril de 2026 (JPRFM-2026-015-F) y un proyecto de ley de enero alteran la prioridad (prelación) de pagos en caso de liquidación de una cooperativa.

Actualmente, si una entidad cae, la Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede) utiliza sus fondos para cubrir a los ahorristas hasta el monto asegurado. Sin embargo, con la nueva normativa, los grandes depositantes (aquellos cuyos fondos superan la cobertura) cobrarían de forma prorrateada antes de que se le devuelva el dinero a la Cosede. Como advierte el estudio de la UEES, esta reforma legal «alteraría la prelación de pagos al prorratear primero los depósitos que exceden el valor asegurado, antes de reembolsar a quien cubrió los depósitos garantizados, de modo que la Cosede podría no recuperar oportunamente los recursos desembolsados y requerir fondos adicionales para atender nuevas entidades en dificultades»

Esto significa que la entidad estatal se descapitalizaría para enfrentar futuras quiebras. De hecho, los investigadores recalcan que esta modificación «se aparta de las buenas prácticas internacionales al debilitar la disciplina de mercado y aumentar el riesgo de contagio», contradiciendo directamente los estándares del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB).

¿Por qué las cooperativas prestan menos dinero? Las reformas estructurales que se deben concretar hasta 2027

El FMI ha establecido que, hasta 2027, las cooperativas deben igualar sus requisitos de reservas de liquidez y provisiones de cartera con los de los bancos privados. Sin embargo, los investigadores advierten que el » cumplimiento no está asegurado».

¿Qué pasará con las grandes cooperativas que no alcancen la meta? Enfrentarán decisiones estructurales. Podrían verse forzadas a fusionarse, a restringir aún más sus colocaciones o a buscar transformarse en bancos privados (opción habilitada por una reforma en octubre de 2025). Esta presión por igualar balances, sumada a una caída de depósitos a plazo por $987,4 millones en solo seis meses y a una caída de la intermediación financiera (del 90,07% al 75,81%), explica por qué las cooperativas están cerrando las llaves del financiamiento productivo y de consumo. (JS)

Fuente: La HORA