Fiscal General Ecuador: corren plazos para apelar descalificaciones y plantean repetir impugnaciones

El concurso para Fiscal General avanza con la notificación de los informes tras las audiencias de impugnación a los 21 descalificados. Los postulantes preparan sus alegatos y cuestionan los argumentos para inhabilitarlos.

Aproximadamente a las 22:30 del 12 de octubre de 2026 fueron notificadas las resoluciones de las audiencias de impugnación a los postulantes dentro del concurso para Fiscal General del Estado.

Lo hizo la Comisión Ciudadana de Selección que realiza el proceso bajo el paraguas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), entidad encargada por mandato constitucional de la designación de autoridades.

A la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana llegaron 26 postulantes. Se planificaron 41 audiencias, pero solo se concretaron 38, pues tres impugnantes no se presentaron y esas objeciones fueron archivadas.

El documento que les llegó a los postulantes es el informe de la audiencia y se incluyen los apellidos de los candidatos y de quienes los impugnaron. Se hace una descripción de cómo se realizó la audiencia, si estuvo o no acompañado de alguna procuración judicial.

Además, se cita el numeral y el artículo de la Codificación del Reglamento para el concurso de méritos y oposición para la selección y designación del Fiscal que refiere a la causa del cuestionamiento.

También se hace una explicación de si la documentación presentada por el impugnante cumple o no con los requisitos establecidos.

Después de una argumentación hay un acápite en el que se destaca la decisión en relación a si la impugnación se negó o se aceptó.

Postulantes descalificados alistan respuestas

Tras las audiencias de impugnación, según las resoluciones de la Comisión Ciudadana de Selección, se descalificó a 21 de 26 postulantes.

Los postulantes descalificados ya preparan sus argumentaciones. Inés Romero, jueza de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, recibió ocho impugnaciones, la candidata con más objeciones, pero se desecharon cinco y se aceptaron tres. Fue descalificada por falta de probidad.

Hasta la fase de méritos tuvo 47,25 sobre 50 puntos. Varias de las impugnaciones dirigidas en su contra se concentraron en cuestionar la condición rural de la parroquia Cumbayá, donde vive, y una acción afirmativa que, acotó, ya había sido revisada, votada y aceptada en una etapa anterior del concurso, con la documentación prevista en el propio reglamento.

En diálogo con LA HORA, indicó que la Comisión Ciudadana de Selección cometió un error de interpretación extensiva de la ley, pues no puede hacer un análisis más allá de lo que establece el reglamento. Adujo que el medio de verificación de quienes aplican a una acción afirmativa es el certificado de la Junta Parroquial y esa comisión la admitió en las impugnaciones que negó.

Sin embargo, en aquellas objeciones que aceptaron, añadió, los comisionados realizaron un análisis territorial sobre el beneficio de vivir en esa zona de plusvalía alta.

Mencionó que si la comisión consideraba que no justificaba o no se podía aplicar, en la etapa de méritos, que era la correspondiente, la sumatoria de un punto por acción afirmativa por residir en un sector rural correspondía en esa etapa; sin embargo, esta ya fue calificada y se encuentra cerrada.

“No es procedente volver a analizar algo que ya votaron, tengo el acta en la cual está calificada la acción afirmativa en la fase de méritos”, dijo.

Otro hecho que señaló es que a una de las audiencias no acudió el impugnante, pero se le dio otra fecha cuando se debió haber archivado la objeción, pues así procedieron con otros participantes.

De los tres cuestionamientos, dos fueron por la acción afirmativa que recibió y el tercero por la presunta existencia de una declaración jurisdiccional, es decir, un requisito indispensable para la aplicación de sanciones disciplinarias a los servidores judiciales, pero Romero señaló que presentó una copia certificada de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de que no había en su contra ese requerimiento.

La postulante apelará y espera que el pleno del Cpccs, al estar conformado por profesionales y con experiencia, que han pasado por otros concursos, analice de manera técnica y jurídica y detecte los errores de la Comisión de Selección.

Candidatos consideran que se puede regresar a etapa de objeciones

Walter Macías, exjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), quien también fue inhabilitado para continuar en el proceso, expresó que entre “gallos y medianoche”, notificaron las resoluciones.

Sostuvo que las resoluciones son inmotivadas y, a su parecer, se incluyeron aspectos que no sucedieron en las audiencias.

Anunció que apelará a sus dos impugnaciones que lo descalificaron por falta de probidad. A su criterio, en esas objeciones no hubo la práctica de prueba por parte de quienes lo cuestionaron, tampoco se adjuntaron documentos originales, copias certificadas o materializadas ante notario público.

Macías además planteará la nulidad parcial del concurso, que no se resuelvan las apelaciones, cesar a los integrantes titulares de la Comisión Ciudadana, que se principalicen los suplentes y se vuelva a hacer la etapa de impugnación.

¿Quién tendrá la última palabra y cuáles son los plazos para pasar a la siguiente fase?

Según el cronograma del proceso, el 12 de octubre se procedió a la notificación. Desde el martes 13 de octubre corre el plazo de tres días para presentar la solicitud de apelación, el cual terminará el jueves 15.

La solicitud de apelación irá al Pleno del Cpccs y se presentará en la Secretaría General, delegaciones provinciales de ese organismo, o en las oficinas consulares del Ecuador, mismas que realizarán copias digitales de la documentación y la remitirán inmediatamente.

Las apelaciones y su documentación original serán enviadas a Secretaría General, la que remitirá a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, que elaborará un informe no vinculante respecto de las solicitudes de apelación.

La convocatoria para la sesión del pleno de esa entidad se hará entre viernes 23 y lunes 26 de octubre. La resolución del pleno será el miércoles 28. Su decisión será de única y definitiva instancia.

El informe final de la fase de escrutinio público e impugnación estará listo hasta el 4 de noviembre. La siguiente fase, de oposición, iniciaría el 13 de noviembre, incluirá pruebas oral y escrita. (JGP)

Fuente: El Telégrafo