El documento establece lineamientos para el combate al crimen organizado. Especialistas en seguridad detallan que es necesaria una evaluación del cumplimiento del mismo, pero que este funciona para conocer lo que se ejecutará.
En una nueva fase de este combate a los grupos delictivos, el Gobierno expuso el Plan Nacional de Seguridad 2025-2029. El 14 de julio de 2026, el presidente, Daniel Noboa, expidió el Decreto Ejecutivo 448 con el que declaró al plan de seguridad como política pública de aplicación en el país. El documento se aprobó el 9 de marzo por parte del Consejo de Seguridad Pública y del Estado.
El documento plantea siete objetivos que tendrán acción coordinada y articulada entre el Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, Policía Nacional (PN), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Centro Nacional de Inteligencia.
En el plan se delimitan estrategias de seguridad que ya se aplican, otras que se deben cumplir a mediano y largo plazo. Por ejemplo, expone que ya se ha incrementado el accionar del poder coercitivo del Estado en zonas de mayor conflictividad y fronterizas.
En el corto plazo, se plantea que se debe aumentar la cooperación internacional en el ámbito de la seguridad y defensa. Además, en el mediano plazo se buscará fortalecer programas de seguridad escolar en territorios priorizados; y en el largo plazo se prioriza la inversión de servicios públicos básicos y la articulación de la cooperación internacional, participación de la academia para la inclusión social, educativa y transformación digital.
Plan Nacional de Seguridad plantea una guía para la seguridad en Ecuador
El general (sp) Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública del Estado, indicó que el principal cambio que se ve es que ya no se trabaja en la coyuntura de enero de 2024, lo que ocurrió con toma del canal de televisión y la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, período en el que explotó la violencia.
Para Bravo, con el Plan Nacional de Seguridad hay una guía o visión hacia dónde va a ir el país y se involucra a todo el Estado. Por lo que destacó que el documento plantea la parte legal y toma como base la Constitución de la República y habla de los deberes del Estado.
El exsecretario de Seguridad Pública del Estado recalcó los siete objetivos dentro del Plan y que a su vez se expone quiénes van a ejecutarlos, con las estrategias para cumplirlos. “El primer objetivo es el control efectivo del territorio nacional. Le pone a las Fuerzas Armadas como responsable. Pero el control efectivo no solamente lo hacen las Fuerzas Armadas, también lo tiene que hacer la Policía”.
Bravo indicó que lo que puede permitir evaluar el plan son los plazos que se detallan. Pues, al tener un objetivo, la estrategia es necesario saber cuándo se prevé que se va a lograr.
Cambio para la seguridad en Ecuador
Sobre el cambio en el manejo carcelario, se plantea que una de las estrategias será la profesionalización del SNAI, para que, en 2027, asuma las tareas de seguridad en las cárceles.
Bravo indicó que si bien el documento plantea que se debe tener una rehabilitación social, para que cuando termine su detención, se puedan reincorporar a la población económicamente activa y a la sociedad. “Pero ahí lo que me preocupa es que simplemente pone que para el próximo año ya el sistema debe estar modernizado. Y que ya las FF.AA. saldrían del apoyo para el control penitenciario. Yo no lo creo posible”.
Sobre otros objetivos como el cinco y siete que hablan sobre generar condiciones seguras y acceso a servicios, así como el financiamiento en desarrollo, el exsecretario de Seguridad Pública del Estado dijo que es necesario tres elementos como: el mando, la misión y los medios. Por lo que puntualizó que en el objetivo siete se va a racionalizar el gasto público.
“¿Y qué quiere decir eso? Que van a poner un balance entre desarrollo y seguridad, porque no solamente los recursos tienen que ir a seguridad, sino también a desarrollo, porque si las causas estructurales de la violencia y muchas culturales al interior del país se dan por falta de trabajo, falta de servicios básicos, falta de medios de producción, falta de salud, educación”, dijo.
El Plan apunta a temas sociales y económicos
Jean Paúl Pinto, especialista en temas de seguridad, afirmó que para él, el objetivo cinco es el más importante porque va hacia los temas económicos y sociales, que son definiciones claves para el avance del desarrollo del país.
Pinto mencionó que es un avance tener el Plan de Seguridad para tener claras las prioridades, para saber quienes lo van a ejecutar y cómo lo van a hacer.
Indicadores son necesarios para medir avances en el plan
El especialista en temas de seguridad, puntualizó que en el plan no se encuentran metas ni indicadores, porque sin ello no se puede medir cuánto ha sido el avance.
Según Pinto, los indicadores tienen que ver con que en el documento quede planteado cuántas cabecillas de grupos delictivos van a capturar en un determinado lapso o cuántas capacidades del SNAI se van a mejorar, o en el tema de reclutamiento podría plantearse el porcentaje de reducción o temas de cumplimiento.
“Entonces, conforme pasa el tiempo no sabremos si estamos yendo bien o mal, o muy rápido o muy lento”, señaló. (PSR)
Fuente: La hora
