¿Por qué Noboa quiere obligar a los Gobiernos locales a gastar 70% en obra pública?

El Gobierno busca corregir un patrón histórico de gasto ineficiente en municipios, prefecturas y juntas parroquiales, donde solo el 39% del presupuesto se destina a infraestructura y servicios, mientras el resto se diluye en gasto corriente.

La descentralización en Ecuador transfirió recursos, competencias y poder a los gobiernos locales. Pero no logró el objetivo central: mejorar servicios e infraestructura para la ciudadanía. Tras más de una década de expansión del gasto que se transfiere a alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales, los resultados son pobres. Las obras no llegan, los servicios básicos siguen incompletos y el dinero público se consume, en gran parte, en burocracia.

Ese diagnóstico es el punto de partida del proyecto de ley urgente en materia económica enviado por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional, que propone un cambio estructural: obligar a que al menos el 70% de las transferencias del Presupuesto General del Estado a los gobiernos locales se destine a inversión en obra pública y servicios, limitando su uso para gasto corriente.

La medida busca cerrar una brecha que el propio Estado reconoce como crítica. Según explicó Cristina Pazmiño Carrera, secretaria de Normativa y Patrocinio de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, hoy los gobiernos locales solo destinan en promedio el 39% de sus recursos a infraestructura y servicios públicos.

“En promedio, los gobiernos autónomos descentralizados solo han destinado alrededor del 39% de sus ingresos a infraestructura, reposición, mantenimiento de obra y servicios públicos. ¿Y el resto? Gasto corriente”, afirmó Pazmiño.

Un problema estructural: mucho gasto, poca obra en los gobiernos locales del Ecuador

La evidencia respalda la preocupación del Ejecutivo. En los últimos 10 años, según datos del Ministerio de Economía, la ejecución del presupuesto de inversión de los gobiernos locales nunca superó el 60%, y en los peores años cayó por debajo del 40%. Solo en 2022, por ejemplo, más de $2.600 millones aprobados para inversión quedaron sin ejecutar. El problema no es la falta de recursos: es la incapacidad de transformarlos en obras reales.

Este patrón se repite especialmente en municipios y prefecturas, los niveles de gobierno con más recursos, que presentan las peores tasas de ejecución. Mientras tanto, el gasto se concentra en nómina, consultorías, eventos, gastos administrativos y rubros que no generan activos públicos duraderos.

“Hemos visto que los gobiernos autónomos destinan recursos a otro tipo de actividades en lugar de aquellas necesarias para garantizar los derechos de los ciudadanos”, señaló Pazmiño. “Cuando no hay agua potable, alcantarillado o vialidad, pero sí eventos y gasto administrativo, algo está fallando en la priorización”.

CAF: Ecuador tiene el peor gasto local de la región

El diagnóstico del Gobierno coincide con el Reporte de Economía y Desarrollo 2025 de CAF, que ubica a Ecuador entre los países con peor calidad del gasto subnacional o local de América Latina. El informe identifica tres fallas principales: exceso de gasto corriente, baja ejecución de la inversión y débil capacidad técnica para planificar y ejecutar proyectos.

A diferencia de Perú, Brasil o Colombia, que han desarrollado sistemas de inversión pública subnacional más sólidos, Ecuador mantiene un modelo de gasto rígido, fragmentado y poco eficiente, con gobiernos locales altamente dependientes de transferencias estatales, pero con serias dificultades para convertirlas en infraestructura y servicios.

Cómo funciona la regla del 70% que busca implementar el Gobierno de Noboa

El proyecto de ley introduce una regla mínima obligatoria de priorización del gasto. En cada ejercicio fiscal, los gobiernos locales deberán destinar al menos el 70% de su presupuesto no financiero a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos. El gasto en sueldos, salarios y administración no podrá superar el 30%.

“Ya no es discrecional, es mandatorio. Se obliga a planificar el presupuesto cumpliendo esta regla mínima de priorización”, explicó Pazmiño.

La norma no elimina transferencias, pero condiciona el acceso al excedente que hoy reciben. Si no cumplen la regla, solo accederán al mínimo garantizado por la Constitución: 15% de los ingresos permanentes y 5% de los no permanentes, y no al 21% y 10% que establece el Cootad.

“No se desconoce la Constitución, pero el excedente no se entregará si no se materializa en obra pública y servicios”, precisó la funcionaria.

El cambio no será inmediato. El proyecto establece una transición progresiva:

• 60% de inversión en 2027
• 65% en 2028
• 70% desde 2029

Las juntas parroquiales rurales tendrán plazos más largos, considerando su menor tamaño y capacidad administrativa.

La respuesta de los municipios: atrasos, autonomía y falta de urgencia

Desde los gobiernos locales, la propuesta genera un rechazo frontal. Patricio Maldonado, expresidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y alcalde del cantón Nabón, sostiene que el proyecto parte de un diagnóstico incompleto y castiga a los gobiernos locales por problemas que no dependen de su gestión.

“El Gobierno central nos exige eficiencia cuando mantiene atrasos de hasta cuatro meses en las transferencias. No nos han pagado octubre, noviembre, diciembre y enero. Eso impacta directamente en la ejecución presupuestaria”, señaló.

Maldonado cuestiona además la cifra del 39% que maneja el Ejecutivo y sostiene que no refleja la realidad territorial. “Desde la comodidad de Quito no siempre se percibe lo que pasa en los cantones. Muchos municipios heredaron nóminas infladas y cuando intentaron reducir gasto corriente, el propio Estado, a través del Ministerio de Trabajo, obligó a reintegrar personal y a pagar salarios caídos”.

El Alcalde recordó que siete de cada diez municipios del país son pequeños y enfrentan mayores limitaciones técnicas y administrativas para cumplir una regla rígida de 70-30. “No se puede generalizar. Hay municipios responsables que sí cumplen, pero no todos parten del mismo punto”.

Uno de los cuestionamientos centrales es la calificación del proyecto como ley económica urgente. Para Maldonado, la propuesta no cumple ese criterio.

“No estamos ante un desastre natural ni una crisis inmediata que requiera una ley urgente. La propia norma plantea una transición progresiva hasta 2029. Eso demuestra que no hay urgencia”, afirmó.

Maldonado advirtió que la iniciativa también afecta la autonomía de los GAD al otorgar al Ministerio de Economía la potestad de aprobar reformas presupuestarias, una atribución que hoy corresponde a los concejos municipales y provinciales, según el Cootad.

“Se está debilitando la descentralización. No se puede exigir ejecuciones perfectas cuando el propio Gobierno no cumple con las transferencias que establece la ley”, subrayó. (JS)

Fuente: La Hora

En los últimos dos años, los gobiernos locales recibieron más de $6.400 millones del Gobierno Central: $3.024 millones en 2024 y $3.455 millones en 2025.