Guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia empuja la crisis fronteriza a tomarse el puente de Rumichaca
Las afectaciones económicas que deja la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia empujan nuevas medidas de presión en la frontera, como el bloqueo del puente de Rumichaca por gremios de Ipiales.
El bloqueo del Puente Internacional de Rumichaca, concretado este 9 de marzo de 2026 desde el lado colombiano, expuso la magnitud de la crisis que atraviesa la frontera entre Ecuador y Colombia, a raíz de la guerra arancelaria entre ambos países.
La medida fue ejecutada tras una marcha que partió desde el centro de Ipiales y culminó en el principal paso fronterizo, donde manifestantes y transportistas pesados bloquearon el tránsito con vehículos de carga, de pasajeros y carros particulares.
Crisis reflejada en Carchi y Nariño
En Nariño (Colombia) y Carchi (Ecuador), los gremios vinculados al comercio exterior, transporte y logística aseguran que, en menos de dos meses desde el inicio del conflicto comercial, la actividad económica en la zona fronteriza se ha reducido hasta en un 90%.
Frente a esto, el cierre del puente de Rumichaca, único paso oficial habilitado entre ambas jurisdicciones, fue planteado inicialmente como una medida indefinida, hasta que ambos gobiernos deroguen los decretos arancelarios.
“Queremos que se sienten a dialogar y derogar los decretos de incremento de aranceles. Estaremos aquí en pie de lucha hasta que se tome esta decisión. Es una medida que va indefinidamente. Tenemos un puesto de control donde estaremos 24/7 y hasta que no nos solucionen el problema no nos levantamos”, afirmó Óscar Obando, presidente del Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera de Colombia.
Según el dirigente, cerca de 500 representantes de distintos sectores participaron en la marcha, aunque aclaró que detrás de la protesta existe una cadena productiva mucho más amplia que depende del comercio binacional.
“Detrás de nosotros hay toda una cadena logística. Son más de 2.000 familias afectadas solo en el lado colombiano de la frontera, a los que toca sumar los del lado de Ecuador”, señaló.
Los organizadores de la protesta agregaron que esperan contar con el respaldo de sectores comerciales ecuatorianos en las acciones de presión, al considerar que las afectaciones económicas se dan en ambos lados de la frontera.
“Ya agotamos las cadenas diplomáticas, ya se enviaron oficios a los gobiernos de Ecuador y de Colombia, pero no se ha conseguido nada. La única vía que nos queda es la protesta indefinida hasta que haya una solución a estos problemas, que a los únicos que afectan es a los pobladores de Carchi y Nariño”, afirmó otro vocero colombiano de la manifestación.
Nariño advierte crisis estructural
Las demandas de los sectores productivos coinciden con las advertencias que días atrás realizó la Gobernación de Nariño sobre el impacto de la disputa comercial en la economía regional.
En una comunicación dirigida al presidente de Colombia, Gustavo Petro; a la canciller, Rosa Villavicencio; y al ministro de Hacienda, Germán Ávila; el gobernador, Luis Alfonso Escobar, solicitó la declaratoria de Zona Especial de Intervención Fronteriza para el departamento, argumentando que las medidas adoptadas por Ecuador están afectando el comercio, el empleo y la estabilidad económica de los municipios fronterizos.
En la misiva, el funcionario advierte que la reducción del comercio formal está provocando un efecto en cadena sobre la economía local. Según la Gobernación, la caída del intercambio binacional reduce el transporte de carga y los servicios logísticos, lo que a su vez afecta las ventas de las empresas, provoca cierres o reducciones de operaciones y termina impactando directamente en el empleo.
El documento señala que esta contracción económica repercute en los ingresos fiscales de los municipios fronterizos, especialmente en impuestos como el de Industria y Comercio o el predial, lo que limita la capacidad de los gobiernos locales colombianos para sostener sus presupuestos y responder a las demandas sociales.
De mantenerse la situación, advierte la Gobernación de Nariño, el deterioro podría volverse estructural, con efectos como pérdida del tejido empresarial, aumento del desempleo, mayor informalidad y crecimiento del contrabando.
Ante este escenario, la administración departamental pidió que la declaratoria especial se acompañe de un paquete de medidas extraordinarias por al menos 90 días, prorrogables, que incluya exenciones tributarias temporales, subsidios a la nómina de empresas fronterizas, alivios fiscales para los municipios y programas de inversión pública que permitan sostener el empleo y la actividad económica.
Las propuestas también contemplan estrategias para fortalecer el control aduanero y evitar el aumento del contrabando, así como subsidios específicos para el sector agropecuario afectado por las restricciones comerciales.
“Estas medidas no constituyen tratamientos preferenciales permanentes, sino herramientas excepcionales y temporales para enfrentar un choque externo que afecta desproporcionadamente a los territorios de frontera”, señala el documento enviado la semana pasada al Gobierno colombiano. (FV)
Fuente: La Hora
