Fiscalía General: prueba oral podría ser decisiva en el concurso

En el reglamento se dispone que se invitará a la academia para establecer ternas para la prueba oral. César Montaño, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, pidió que haya claridad sobre el papel que van a desempeñar las universidades.

La Comisión Ciudadana de Selección (CCS) que elegirá al nuevo Fiscal General del Estado tiene planificado iniciar este 10 de marzo de 2026 la fase de admisibilidad, que contempla la revisión del cumplimiento de requisitos de los 75 postulantes a ocupar el cargo. El proceso es vigilado por la sociedad civil y gremios de abogados.

Los comisionados tienen diez días para revisar las carpetas. Los postulantes que estén en desacuerdo con la decisión de la CCS tendrán 72 horas para pedir la reconsideración y la Comisión lo resolverá en cinco días.

Quienes superen la fase de admisibilidad ingresarán a la etapa de méritos, que se evaluará sobre 50 puntos en función de su carpeta: ser abogado, tener conocimiento en derecho penal, litigación oral, procesal penal, los títulos de tercer y cuarto nivel. Los que superen ese filtro se someterán a la etapa de oposición (prueba escrita y oral), que será calificada sobre 50 puntos. Para la prueba escrita, que valdrá 30 puntos, expertos o académicos harán el banco de preguntas.

Los mejores puntuados en esta fase pasarán a la prueba oral (sobre 20 puntos), en la que se evaluará la experticia y el desenvolvimiento de los postulantes en litigación.

Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha (CAP) y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenade), y presidente de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso, cree que esta fase podría ser decisiva en el concurso.

Destacó que el reglamento dispone invitar la academia para que propongan expertos catedráticos en materia penal, constitucional, procesal penal, litigación oral, para que formulen las 3.000 preguntas para la prueba escrita, y para conformar la terna de profesores y uno de la CCS para que lleve a cabo la prueba oral. “Se entiende que esto permitirá tener una calificación con objetividad”.

Ocaña aclaró que los catedráticos deben ser sugeridos desde la academia. Preliminarmente esbozó nombres de quienes podrían participar, como Christian Masapanta (docente en la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) o Cristian Gallo. “Están involucrados muy fuertemente en la academia y de una u otra manera no tendrían conflicto de intereses al momento de la calificación”.

También evitará subjetividades al momento de la calificación. “Sí, esta es la idea porque allí no estará una Comisión de Selección que sea la que califique, sino catedráticos. Con eso se trata de dar legitimidad al concurso; si bien nadie puede garantizar la objetividad total, por lo menos se dará otro rumbo a lo que se pueda pretender para evitar que haya personas con cierto interés y justo sean las que califiquen», señaló.

Ocaña dijo esto debido a las críticas que se mantienen a la CCS presidida por Cynthia Jacho, e integrada, por ejemplo, por el delegado del CNE, Tyron Valarezo, fotógrafo de la presidenta Diana Atamaint.

El examen oral también consistirá en la simulación de una audiencia de juicio. El jurado tendrá la tarea de valorar la capacidad de argumentación, conocimiento de derecho aplicable, técnicas de litigación y manejo de audiencias.

César Montaño, rector de la UASB, dijo que el tema no ha sido discutido casa adentro y que los docentes tienen autonomía e independencia. Pero señaló que la academia debe jugar un rol siempre y cuando se generen las garantías institucionales correspondientes, para que haya claridad sobre el rol que van a desempeñar en los procesos o límites de actuación, y hasta dónde va a llegar su aporte, “porque luego, en los procesos hay novedades y lleva a pensar que es mejor no intervenir”, expresó. (SC)

Requisitos y prohibiciones de los postulantes

Ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos.
Tener título de tercer nivel en Derecho, conocimientos en gestión administrativa y haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal, por un lapso mínimo de diez años.
Prohibiciones: no poseer bienes en paraísos fiscales, contratos con el Estado ni obligaciones en mora con instituciones públicas, quienes se encuentren en condición de procesados, llamados a juicio o condenados por peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, terrorismo, delitos contra la administración pública y los relacionados con corrupción y crimen organizado.
Fuente: El Telégrafo