El proyecto que se vota en segundo debate este 26 de febrero de 2026 busca acelerar la inversión en petróleo, minería y electricidad en Ecuador, mientras hay producción y proyectos paralizados por trabas regulatorias.
La discusión sobre la Ley para el fortalecimiento de los sectores estratégicos llega después de apagones, caída de producción petrolera, proyectos mineros empantanados y una sensación de que el país tiene recursos, pero no logra convertirlos en desarrollo.
El informe para segundo debate del proyecto de ley propuesto por el Gobierno de Daniel Noboa está listo y la votación definitiva se realizará en el Pleno de la Asamblea este 26 de febrero de 2025.
La propuesta del Ejecutivo plantea ampliar la participación privada, agilizar permisos, dar estabilidad contractual y priorizar proyectos estratégicos. La tesis es que sin capital y sin reglas más ágiles, el Estado no puede sostener por sí solo el peso del petróleo, la minería y la electricidad.
Este diagnóstico encuentra eco en el sector empresarial. Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, ha señalado uno de los problemas de fondo. “El modelo de desarrollo heredado de la Constitución de Montecristi, que establece la excepcionalidad de la participación del sector privado en las actividades relacionadas a sectores estratégicos, se convierte en una limitante”.
Esa “excepcionalidad”, es decir, que la participación privada no sea la regla sino la excepción, es justamente lo que la ley intenta flexibilizar.
¿Qué trae exactamente la ley de fortalecimiento de los sectores estratégicos en Ecuador ? Las claves del proyecto
Licencias ambientales: dos o tres años que cuestan millones. Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la reforma a los procesos de licenciamiento ambiental. El informe insiste en que no se eliminan controles, pero sí se busca reducir tiempos y duplicidades.
Aspiazu aporta un dato que ilustra el tamaño del problema. “En el caso de la industria petrolera, frecuentemente los licenciamientos están tomando dos y hasta 3 años”, acotó durante un conversatorio con la Cámara de Minería del Ecuador.
El efecto no es menor. Según relató, un informe del Viceministerio de Hidrocarburos señalaba que, solo por demoras en licenciamiento, había “cerca de $1.000 millones de represamiento de proyectos que representan 120.000 barriles por día adicionales que podrían incorporarse a la producción”.
En otras palabras: producción que no sale del subsuelo, divisas que no ingresan y recursos fiscales que no se recaudan.
Aspiazu compara con otros países donde la licencia ambiental se tramita entre 90 a 120 días. La reforma busca justamente acortar esos plazos sin suprimir la evaluación ambiental. El desafío será demostrar que rapidez no significa menor rigurosidad.
En el caso de la minería, Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, ha calculado que potencialmente, solo entre 2026 y 2027, la Inversión Extranjera Directa minera podría alcanzar $1.519 millones y $1.871 millones, respectivamente, muy por encima del promedio histórico de $351 millones anuales sin minería.
En concreto, el Gobierno plantea que se establezcan plazos definidos para que la autoridad ambiental emita pronunciamientos.
Si la entidad no responde dentro del tiempo establecido, se activa el silencio administrativo positivo, es decir, se entiende que el trámite avanza sin que el proyecto quede paralizado indefinidamente
Antes los procesos podían extenderse sin límite claro. Con la reforma, la falta de respuesta ya no puede frenar el proyecto de forma indefinida.
Simplificación de procedimientos. Se reduce la duplicidad de requisitos y se eliminan pasos que el proyecto considera innecesarios o repetitivos.
Además, se promueve la estandarización de formularios y se clarifica qué tipo de estudio ambiental corresponde según el nivel de impacto del proyecto.
El objetivo es evitar que cada proyecto vuelva a empezar desde cero con exigencias distintas.
Licencias por fases o etapas. Para proyectos estratégicos de gran escala, se habilita la posibilidad de licenciamiento por fases.
Esto significa que no es necesario esperar la aprobación integral de todo el proyecto para iniciar etapas preliminares; y se puede avanzar progresivamente conforme se aprueban componentes específicos. Esto reduce tiempos muertos en proyectos de inversión millonaria.
Petróleo: declinación natural y falta de inversión El informe para segundo debate reconoce que la producción petrolera enfrenta declinación y que sin inversión en recuperación mejorada los campos pierden rendimiento.
Aspiazu explica que actualmente los campos petroleros del país están declinando a razón de 7% anual
Sin nuevas inversiones, la producción cae incluso si hay reservas disponibles. Y reservas hay.
“Hay suficiente reserva, pero en la medida que no hay inversión, y que el modelo de desarrollo petrolero dependa tanto de Petroecuador, inevitablemente estamos abocados a un escenario de estancamiento” apuntó.
La ley propone contratos más flexibles y estabilidad jurídica de largo plazo. El recuerdo de cambios abruptos en el pasado sigue pesando en la memoria del sector. Aspiazu rememoró que, tras modificaciones contractuales en la década pasada, “muchos corporativos decidieron irse y eso derivó en una sucesión de arbitrajes internacionales”.
El mensaje implícito es claro: la confianza perdida tarda años en recuperarse.
Electricidad: el fantasma de los apagones
La crisis energética reciente (2024) es uno de los motores políticos de la reforma. Aspiazu recordó que el propio Gobierno reconoció que en el plan maestro de electrificación no se ejecutaron proyectos por: “1950 Megavatios que equivale más o menos a $1.950 millones de inversión”.
El déficit eléctrico actualmente está entre 800 y 1.080 Megavatios.
El problema estructural es la dependencia de la hidroelectricidad. “Dependemos demasiado de la generación hidroeléctrica. Hasta podemos generar el 90% de la demanda nacional con hidroelectricidad”.
Cuando las lluvias fallan, el sistema tambalea. Pese a años de promoción, las renovables no convencionales siguen siendo marginales.
“Las energías renovables prácticamente son marginales, es 1% del total”, acotó Azpiazu
La ley apuesta por atraer inversión privada para diversificar la matriz y reducir el riesgo de nuevos apagones.
El informe propone fortalecer asociaciones público-privadas y dar garantías de pago. La experiencia reciente muestra por qué.
Aspiazu describió cómo varios concursos de generación térmica se han caído, incluyendo procesos por 540 MW y 260 MW, porque los adjudicatarios no lograron presentar garantías.
El resultado es una paradoja: proyectos adjudicados, pero no construidos.
El proyecto reforma la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para ampliar y facilitar la entrada de capital privado en generación eléctrica. (JS)
En concreto:
- Se amplían las modalidades de concesión y delegación, permitiendo que empresas privadas construyan y operen centrales.
- Se fortalecen contratos de largo plazo, con mayor estabilidad jurídica para los inversionistas.
- El Estado deja de ser el principal ejecutor y pasa a un rol de regulador y planificador.
- Se agilitan esquemas para energías renovables, facilitando su desarrollo y venta al sistema.
El cambio de fondo es claro: el Estado reduce su inversión directa y traslada al sector privado el financiamiento y operación de nuevos proyectos eléctricos.
Fuente: La Hora
