El abogado penalista Pablo Encalada reveló que había recibido apoyo de varios sectores de la sociedad civil para postularse, pero afirmó que “lo ha pensado mucho y cada vez esa idea pierde interés”. Cree que el concurso no será transparente.
A pocos meses de que se cumpla un año de que Diana Salazar dejó el cargo de Fiscal General del Estado (FGE), el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), encargado del nombramiento a través de una Comisión de Selección, abre desde hoy, 18 de febrero al 3 de marzo de 2026, el periodo de inscripciones para quienes deseen postular al cargo para el periodo 2025-2031.
Diana Salazar renunció al cargo el 22 de mayo de 2025 y su imagen se mantiene como un símbolo de integridad y compromiso en un momento crucial para el país. Su reemplazo, según los cálculos del Cpccs, estaría designado en julio de 2026.
Para la convocatoria del inicio del concurso, el Cpccs invocó el artículo 196 de la Constitución para señalar que los requisitos mínimos de postulación establecidos en la convocatoria son:
- Ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos.
- Tener título de tercer nivel en Derecho.
- Tener conocimientos en gestión administrativa y haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal, por un lapso mínimo de diez años.
- Entre las prohibiciones expresas, constan la de no poseer bienes en paraísos fiscales, contratos con el Estado ni obligaciones en mora con instituciones públicas. Tampoco podrán participar quienes se encuentren en condición de procesados, llamados a juicio o condenados por los tipos penales como: peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, terrorismo, delitos contra la administración pública y los relacionados con corrupción y crimen organizado.
Andrés Fantoni, presidente del Consejo Ciudadano hizo un llamado a los profesionales del Derecho, a la academia y a la ciudadanía a participar en esta convocatoria.
Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha (CAP) e integrante de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso a Fiscal, dijo que el concurso debe continuar a pesar de que se han dado críticas constructivas.
- En todo caso, espera que los mejores penalistas tengan el propósito de poder aportar al país y postularse.
“Estaremos vigilantes si se llegaran a producir irregularidades; el concurso debe ser transparente, público para escuchar la intervención de los postulantes y las calificaciones que les otorguen”.
Para el abogado Paúl Córdova el concurso debería garantizar que no exista ningún tipo de sombra de duda, de indicios de sospechas, ni de ningún tipo de actuación que genere desconfianza para la ciudadanía. “Hay que ver cómo la Comisión de Selección puede garantizar transparencia”, puntualizó.
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Desconfianza en el concurso a Fiscal
El abogado penalista Pablo Encalada reveló que desde hace mucho tiempo había recibido, por invitaciones y apoyo de varios sectores de la sociedad civil e instituciones públicas para postularse, pero afirmó que “lo ha pensado mucho y cada vez esa idea pierde interés”, afirmó.
Entre las consideraciones de no participar están el actual estado del sistema de justicia del país y la forma en que se llevan adelante los concursos en el Cpccs. “Creo que el Gobierno, que controla el Cpccs y que ha puesto una Comisión Ciudadana del más bajo nivel, lo que se puede pensar es que estén haciendo un concurso para nombrar a alguien de su entorno”, advirtió.
Para Pablo Encalada, el Gobierno no va a permitir que alguien con mediana independencia y autonomía pueda llegar a ese cargo, lo cual dificulta que pueda optar por postularse.
- Cree que no se trata de un concurso como tal y que el Gobierno “pondrá a quien ellos quieran; tendrán varios candidatos, creo que van a manipular el concurso”.
El abogado sustentó sus afirmaciones por el poco tiempo (14 días) que dio el Cpccs para presentar las postulaciones.
“Seguramente ya tienen listas las carpetas aquellos que ya sabían qué iba a ocurrir, así que tengo pocas expectativas de que sea un concurso transparente, no hay ninguna, pero ninguna garantía (de tener un fiscal independiente)”, acotó. (SC)
Las fases del concurso
Una vez que los postulantes remitan sus carpetas entrarán a la fase de méritos (título de abogado, conocimientos en materia penal, procesal penal, litigación oral) que tendrá una calificación de 50 puntos. Luego vendrá la fase de recalificación de puntos.
La fase de oposición comprende la prueba escrita y oral. De esta evaluación, los mejores puntuados pasarán a rendir la prueba oral que será calificada sobre 20 puntos.
- Fuente: La Hora
