La Superintendencia de Competencia Económica multó con más de $2,2 millones a operadores de cursos de conducción en Quito por fijar precios y limitar la competencia, afectando directamente el bolsillo de miles de usuarios.
La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) sancionó a operadores de cursos de conducción en Quito con más de $2,2 millones por coordinar precios y restringir la competencia, encareciendo un trámite que forma parte del proceso de obtención de licencia y afectó directamente el bolsillo de miles de usuarios.
La decisión de la SCE se produjo después de una investigación técnica en la que se determinó que varios operadores del mercado de cursos de conducción en el Distrito Metropolitano de Quito fijaron precios e intercambiaron información comercial sensible, prácticas anticompetitivas que limitaron la libre competencia y redujeron las opciones y beneficios para las familias ecuatorianas. Estas prácticas suelen traducirse en precios más altos y menos alternativas para los usuarios.
La sanción adquiere mayor relevancia si se considera que el curso de conducción forma parte del proceso para obtener la licencia de conducir por primera vez en Ecuador. Aunque existen mecanismos alternativos, el proceso habitual para muchos aspirantes incluye inscribirse y aprobar un curso en una escuela autorizada por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) o, en su defecto, rendir directamente las evaluaciones prácticas y psicosensométricas en esos centros autorizados para luego presentar los certificados necesarios ante la ANT. Este certificado, junto con otros requisitos como el examen teórico y el certificado psicosensométrico, es indispensable para completar el trámite de licencia tipo B (automóviles y camionetas) y otros tipos similares.
La actuación de la SCE se ampara en el mandato constitucional (artículo 335 de la Constitución) que le otorga al Estado la potestad de regular, controlar e intervenir en los mercados para prevenir y corregir abusos de poder de mercado y otras distorsiones competitivas. La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado tipifica los acuerdos entre competidores, como la fijación de precios, como infracciones muy graves debido a su impacto en el bienestar general.
Además de las sanciones pecuniarias, la Superintendencia impuso medidas correctivas para restablecer condiciones competitivas en el mercado, con el objetivo de beneficiar a los usuarios y evitar que prácticas similares encarezcan trámites obligatorios como los cursos de conducción asociados al proceso de obtención de licencias. (JS)
Fuente: La Hora
