Cámaras de Comercio de zona de frontera piden diálogo por ‘guerra comercial’ entre Ecuador y Colombia
Cámaras de Comercio de zonas fronterizas de Ecuador y Colombia alertan sobre el impacto económico y de seguridad que tendrán las nuevas tasas y aranceles en la frontera, por lo que piden un diálogo binacional urgente.
Varias Cámaras de Comercio de Ecuador y Colombia hicieron pública su preocupación por el impacto que las recientes medidas económicas y de seguridad adoptadas por ambos gobiernos están generando en la frontera común.
A través de un comunicado conjunto, los gremios empresariales alertaron sobre los riesgos que estas decisiones representan para la actividad comercial, el empleo y la seguridad en una de las zonas más sensibles de la relación binacional.
El pronunciamiento está dirigido a los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro, con la firma de la Cámara de Comercio de Tulcán y la Cámara de Comercio de Ibarra, en Ecuador, así como de las Cámaras de Comercio de Ipiales y Pasto, en Colombia. A ellas se suma la Cámara Provincial de Turismo de Imbabura, que también participa en el llamado a retomar espacios de diálogo y coordinación entre ambos gobiernos.
Al referirse a las decisiones económicas anunciadas en los últimos días, advierten que la imposición de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones desde Colombia, anunciada por el Gobierno ecuatoriano y que entrará en vigencia el 1 de febrero de 2026, así como las medidas de respuesta anunciadas por Colombia, tendrán consecuencias directas en la dinámica comercial y social de la frontera.
En el documento se señala que estas disposiciones “tendrán un impacto significativo en los sectores económico-productivo y social binacional” y se advierte que podrían provocar efectos no deseados. Entre ellos, mencionan el riesgo de un aumento del contrabando, el encarecimiento de productos, la afectación al empleo y un mayor nivel de inseguridad en pasos no autorizados, donde históricamente se concentran actividades ilegales cuando se endurecen los controles formales.
Ante este escenario, los gremios solicitan una intervención directa de las Cancillerías de ambos países para evitar una escalada de tensiones. “En tal virtud, solicitamos respetuosamente a las Cancillerías de ambos países promover una coordinación binacional efectiva y la conformación de mesas de diálogo, orientadas a preservar la seguridad y la dinámica económica de nuestras fronteras, así como a evaluar de manera integral el impacto de estas medidas en las empresas y consumidores de Ecuador y Colombia”.
Las Cámaras consideran que existen mecanismos institucionales ya establecidos que pueden servir como base para retomar estas conversaciones, mencionando que el Gabinete Binacional Colombia – Ecuador es el espacio más adecuado para abordar de manera conjunta los temas de seguridad y comercio, que históricamente han sido ejes centrales de la relación entre ambos países.
“Reiteramos nuestra convicción de que este espacio es fundamental para abordar de manera estructurada las relaciones fronterizas, en procura del desarrollo de nuestra región y para seguir consolidándonos como socios estratégicos dentro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)”, señala la carta.
Medidas entran en vigencia el 1 de febrero de 2026
El pronunciamiento de los gremios empresariales se produce en un momento de creciente tensión comercial. Como informó LA HORA el martes 27 de enero, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) oficializó la creación de la tasa del 30% por servicio de control aduanero a las mercancías que provengan o sean originarias de Colombia, al publicar la resolución que convierte en norma una medida previamente anunciada por el presidente Daniel Noboa. A ello se suma el anuncio de un incremento del 900% en la tarifa para transportar crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).
La tasa aduanera se aplicará sobre el valor de las mercancías que ingresen al país bajo distintos regímenes de importación y será administrada por el Senae, mientras que la recaudación estará a cargo del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Según la Aduana del Ecuador, la medida responde a una falta sostenida de controles de salida en Colombia, lo que, a criterio de la entidad, ha generado mayores riesgos fiscales y costos adicionales de inspección para el Estado ecuatoriano, además de amenazas a la seguridad de la cadena logística. El objetivo oficial es fortalecer los controles aduaneros y garantizar la integridad de la recaudación fiscal.
No obstante, la decisión ha sido interpretada por distintos sectores como un nuevo foco de fricción en la relación bilateral, especialmente en la frontera norte, donde el comercio formal y el informal conviven en un equilibrio frágil.
Y la reacción del Gobierno colombiano no se hizo esperar. El mismo martes 27 de enero se anunció que ya tiene listo un decreto para imponer un arancel del 30% a nuevos productos ecuatorianos, distintos de los 23 bienes pesqueros y agrícolas que ya fueron gravados el 23 de enero.
Para los gremios locales, se debe intentar equilibrar las necesidades de seguridad con la preservación de la actividad económica y el empleo, evitando que la frontera se convierta en un nuevo punto de conflicto comercial entre Ecuador y Colombia. (FV)
Fuente: La Hora
