FMI y Ecuador: 2026 sin ajustes fiscales y con foco en reformas estructurales
La cuarta revisión del programa de Ecuador con el FMI fija para 2026 compromisos en transparencia, gobernanza y control de riesgos, marcando el paso de los recortes fiscales a cambios institucionales de fondo. Entérese de qué medidas debe cumplir el Gobierno de Daniel Noboa
En 2026, el acuerdo de financiamiento entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) entra en una fase distinta.
Según los compromisos fijados en la cuarta revisión del programa bajo el Servicio Ampliado (EFF), el énfasis ya no estará en nuevos ajustes fiscales, sino en la implementación de medidas orientadas a fortalecer la institucionalidad del Estado, reducir riesgos estructurales y mejorar la transparencia en sectores clave de la economía.
Según un análisis de Walter Spurrier y Alberto Acosta Burneo, la meta de consolidación fiscal es de 6,6% del PIB durante la vigencia del programa con el FMI (2024-28).
“El gobierno de Noboa ha sido muy eficiente en el ajuste fiscal, tanto así, que transcurridos apenas 2 años de un programa de 5 años, ya se ha completado un equivalente a 3,5 puntos porcentuales del PIB, quedado por hacer, en 3 años, 3,2 puntos porcentuales adicionales. Lo más fuerte del ajustes, ya pasó”, asegura un informe de Análisis Semanal.
En este escenario, lo que resta de la consolidación fiscal va en la línea de mantener bajo control los gastos (que suban menos ) y buscar aumento de ingresos de la mano de crecimiento económico y el impulso de reformas estructurales.
¿Qué le pide el FMI a Ecuador durante 2026?
El programa establece una serie de hitos que el Gobierno de Daniel Noboa deberá cumplir durante 2026 como condición para sostener el acuerdo y mantener el acceso al financiamiento multilateral. A diferencia de años anteriores, estas acciones no implican recortes de gasto ni reformas tributarias inmediatas, sino cambios regulatorios, técnicos y de gobernanza.
Uno de los ejes centrales es la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT). Hasta enero de 2026, el Comité Nacional de Coordinación en esta materia deberá aprobar y publicar un Plan Estratégico de Acción, alineado con la Evaluación Nacional de Riesgos aprobada en 2024. El objetivo es mitigar flujos financieros ilícitos, en especial aquellos vinculados al crimen organizado y al financiamiento de actividades terroristas, un riesgo creciente para la estabilidad económica y fiscal del país.
Otro compromiso relevante apunta al desarrollo del mercado de capitales doméstico. Hasta septiembre de 2026, el Estado deberá lanzar subastas de bonos y notas del Tesoro en el mercado interno. Esta medida busca fortalecer el mercado local de deuda, reducir la dependencia de financiamiento externo y diversificar las fuentes de recursos para el sector público.
En el sector minero, el programa fija como meta que hasta junio de 2026 el Gobierno implemente la regulación necesaria para la reapertura del catastro minero. La medida está orientada a mejorar la transparencia, ordenar el acceso a concesiones y generar condiciones más claras para atraer inversión privada, en un sector considerado estratégico para el crecimiento de mediano plazo.
La transparencia y la gobernanza en el sector petrolero también forman parte de los compromisos del acuerdo. El FMI registra como hito cumplido el lanzamiento del concurso público para auditar los estados financieros de Petroecuador correspondientes a los períodos 2022–2024, con un plazo que se extiende hasta febrero de 2026. Esta acción busca fortalecer los controles, la rendición de cuentas y la credibilidad financiera de la principal empresa estatal del país.
Finalmente, en materia de seguridad social, el Estado deberá publicar hasta diciembre de 2026 un informe actuarial auditado del sistema, con información actualizada hasta 2024. El objetivo es mejorar la transparencia y la gobernanza de un sistema que enfrenta presiones financieras de largo plazo y que ha sido una de las principales fuentes de riesgo fiscal estructural.
