El 74% de víctimas de delitos en Quito no denuncia por desconfianza en las autoridades

Una encuesta de la iniciativa Quito Cómo Vamos revela que, aunque el 65% de ciudadanos dice no haber sido víctima de la delincuencia en el último año, el 74% de quienes sí lo fueron no denunció. Expertos advierten que hay falta de confianza institucional.

La inseguridad en Quito ya no se mide únicamente por el número de delitos registrados, sino por el silencio que rodea a muchos de ellos. Según la más reciente encuesta de la iniciativa Quito Cómo Vamos, el 68% de los ciudadanos respondió que no fue víctima de la delincuencia en 2025. Sin embargo, el dato que más preocupa surge del porcentaje restante, del 32% que dijo que si había sufrido un delito. El 74% de quienes sí sufrieron un delito decidió no denunciarlo.

Las razones detrás de esta decisión revelan una crisis de confianza. El 56% de los encuestados aseguró que no denunció por la falta de interés de las autoridades, el 10% la policía no llegó a tiempo. 4% no se atrapó a los ladrones y otro 4% es muy peligroso denunciar. Para especialistas en seguridad, estos datos evidencian un problema operativo y una fractura en la relación entre ciudadanía e instituciones.

César Ulloa, analista en seguridad y coordinador y autor del libro Seguridad, paz y desarrollo, publicado por la Universidad de los Hemisferios, explica que en Quito confluyen tres fenómenos distintos pero interrelacionados: inseguridad, violencia y desconfianza institucional.

Como estudió en su libro, al cual pueden acceder haciendo clic aquí: “La inseguridad tiene que ver con la percepción de que no existen instituciones que garanticen la convivencia pacífica; la violencia se expresa en lo cotidiano, desde la violencia intrafamiliar hasta la forma en la que nos relacionamos en el espacio público; y la desconfianza hace que la gente no crea en las entidades encargadas de procesar estos problemas”, señala.

Inseguridad, violencia y desconfianza: una combinación peligrosa

Para Ulloa, cuando los ciudadanos desconfían de las instituciones, optan por callar o resolver los conflictos por cuenta propia. “Eso genera una esfera de miedo permanente y, en el peor de los casos, lleva a que las personas intenten hacer justicia por sus propias manos”, advierte. Esta realidad se refleja en barrios del norte, centro y sur de Quito, donde la percepción de abandono estatal es cada vez más fuerte.

A esto se suma la falta de coordinación entre el Gobierno nacional y el Municipio de Quito. Aunque la seguridad es competencia del Ejecutivo, los expertos coinciden en que el Gobierno local no puede mantenerse al margen. “No basta con diseñar estrategias; estas deben evaluarse y adaptarse a las particularidades de cada barrio. No es lo mismo Calderón, el Comité del Pueblo o La Ferroviaria que sectores como la González Suárez o la República de El Salvador”, explica Ulloa.

Daniela Valarezo, criminóloga: “Estamos normalizando la impunidad”

Para la criminóloga Daniela Valarezo, los resultados de la encuesta evidencian un problema estructural en la administración de justicia. “No es cierto que sin denuncia no se pueda hacer nada. En un delito flagrante, el parte policial es suficiente para iniciar una investigación. Sin embargo, se ha normalizado que la Policía pida a la víctima que denuncie, lo cual desincentiva aún más el proceso”, explica.

Valarezo señala que, en delitos comunes como robos menores, el tiempo y los costos legales terminan siendo desproporcionados para las víctimas. “Por $100 robados, una persona puede pasar dos años en procesos judiciales. Eso cansa, desgasta y genera la cifra negra de delitos que nunca se registran”, sostiene.

Aunque Quito mantiene índices relativamente bajos de delitos graves como sicariato o secuestros, en comparación con otras ciudades del país, la especialista advierte que la delincuencia común va en aumento y que comienzan a aparecer señales de crimen organizado. “Eso debería encender las alertas”, afirma.

Prevención, comités barriales y una deuda institucional

Ambos expertos coinciden en que la prevención debe ser la prioridad. El Municipio de Quito cuenta con una tasa de seguridad que recauda entre $12 y $13 millones anuales, recursos que, según Valarezo, deben ser evaluados y redireccionados para que tengan impacto real en la percepción de seguridad.

“La Corte Constitucional ya dispuso que se evalúe el uso de estos fondos y la satisfacción ciudadana. Iluminación de espacios públicos, recuperación de parques, cámaras y alarmas comunitarias son avances, pero los comités de seguridad barrial siguen siendo una deuda pendiente”, señala.

Finalmente, los especialistas coinciden en que la inseguridad en Quito no se resolverá solo con más patrullajes o más ordenanzas, sino con confianza institucional, coordinación entre niveles de gobierno y participación activa de la ciudadanía. Mientras eso no ocurra, el silencio de las víctimas seguirá siendo uno de los síntomas más graves de la inseguridad en la capital. (EC)