Lavado de activos en Ecuador: ¿por qué el país es más riesgoso que Colombia y Perú?

Ecuador no está entre los países de mayor riesgo de lavado de activos, pero el Basel AML Index advierte que hoy es más vulnerable que Colombia y Perú, no por falta de leyes, sino por debilidades persistentes en control, enforcement e institucionalidad.

Ecuador no es un epicentro global del lavado de activos, pero tampoco es un país de bajo riesgo. Esa es la lectura que deja el Basel AML Index, uno de los principales indicadores internacionales para medir la exposición de los países al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. En su edición más reciente, Ecuador registra un puntaje de 5,06 sobre 10, lo que lo ubica en la categoría de riesgo medio y en el puesto 15 de 30 países de América Latina y el Caribe.

A escala mundial, ese puntaje coloca a Ecuador en la mitad del ranking global, lejos de las jurisdicciones de alto riesgo como Haití o Venezuela, pero también claramente por detrás de los países latinoamericanos mejor evaluados. En términos prácticos, el mensaje para el sistema financiero internacional o cualquier inversionista es el siguiente: Ecuador no es un país infestado de lavado de activos, pero sí uno que exige mayor cautela, controles reforzados y seguimiento permanente.

¿Qué mide realmente el Basel AML Index?

El Basel AML Index, elaborado por el Basel Institute on Governance, no mide cuántos delitos financieros ocurren en un país ni cuánto dinero ilegal circula, sino qué tan vulnerable es su sistema para prevenir, detectar y sancionar esos flujos. Su enfoque es estructural e institucional.

El índice consolida información de 17 fuentes internacionales, entre ellas evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), indicadores de corrupción, transparencia financiera, calidad regulatoria, independencia judicial, libertad de prensa y riesgos políticos. Cada país recibe un puntaje entre 0 (menor riesgo) y 10 (mayor riesgo), y se clasifica en tres grupos: bajo, medio y alto riesgo.

Como explica Sebastián Angulo, periodista y analista económico independiente, “un puntaje de riesgo medio no significa que el Ecuador sea un foco extremo de lavado, sino que el marco normativo existe, pero su efectividad y aplicación siguen siendo el factor crítico”.

Colombia y Perú: ambos menos riesgosos que Ecuador

Tanto Colombia como Perú tienen un puntaje menor que Ecuador, lo que significa que ambos son considerados menos riesgosos según el Basel AML Index.

• Colombia registra 4,92 puntos.
• Perú obtiene 4,77 puntos.
• Ecuador se ubica en 5,06 puntos.
• Los tres países están dentro de la categoría de riesgo medio, pero Ecuador se encuentra más cerca del umbral superior, mientras que Perú está muy próximo al rango de riesgo bajo.

  La diferencia no está en la inexistencia de economías ilegales, presentes en los tres países, sino en la capacidad institucional para enfrentarlas. Colombia, pese a su histórica exposición al narcotráfico, ha desarrollado mecanismos más robustos de supervisión financiera, inteligencia económica y cooperación internacional, impulsados por décadas de presión externa y evaluaciones estrictas del GAFI.

  Perú presenta mejores indicadores de estabilidad institucional, transparencia y previsibilidad regulatoria, lo que reduce su vulnerabilidad sistémica, incluso enfrentando delitos similares.

  ¿Dónde falla Ecuador en su lucha contra el lavado de activos?

  El mayor riesgo de Ecuador no está en la ausencia de leyes, sino en la brecha entre regulación y ejecución. El país cuenta con normas antilavado, una unidad de análisis financiero y compromisos internacionales, pero enfrenta problemas persistentes en:

  • Capacidad de control y supervisión efectiva: Ecuador enfrenta brechas relevantes en la supervisión de sectores de alto riesgo, como el comercio exterior, donde la subfacturación y sobrefacturación siguen siendo vías habituales para mover dinero ilícito; las empresas de papel, utilizadas para simular actividad económica; y la minería ilegal, que genera grandes flujos de efectivo con escasa trazabilidad. A esto se suman flujos transfronterizos poco controlados, que aprovechan debilidades en aduanas, registros y coordinación internacional.
  • Debilidades en enforcement: Aunque existen normas y tipificaciones penales, la probabilidad real de sanción sigue siendo baja. Muchos casos no avanzan más allá de la etapa investigativa, los procesos judiciales son lentos y complejos, y las sentencias firmes son escasas en relación con el volumen del delito. Esto reduce el efecto disuasivo y convierte al lavado en un riesgo asumible para las organizaciones criminales.
  • Alta circulación de efectivo en una economía dolarizada: La dolarización facilita estabilidad macroeconómica, pero también incrementa el atractivo del país para el lavado de activos, al permitir que grandes montos en efectivo se integren al sistema sin levantar alertas inmediatas. El uso intensivo de efectivo en comercio, servicios y actividades informales dificulta la trazabilidad y favorece la mezcla de recursos lícitos e ilícitos.
  • Presión del crimen organizado: El crecimiento y la fragmentación del crimen organizado han elevado la sofisticación de los esquemas financieros ilegales, que ya no se limitan a efectivo, sino que utilizan empresas fachada, testaferros, comercio internacional, activos digitales y redes regionales. Esta presión supera en muchos casos la capacidad de respuesta del Estado y desborda los mecanismos tradicionales de control.
  • Fragilidad institucional y riesgos políticos: La inestabilidad en los organismos de control, los cambios frecuentes de autoridades y la percepción de interferencia política afectan la independencia judicial y la credibilidad del sistema antilavado. Cuando las instituciones no son vistas como técnicas, estables y protegidas, la capacidad real de persecución del delito financiero se debilita, incluso si el marco legal es adecuado.
    En palabras de Angulo, “la ubicación de Ecuador en el rango de riesgo medio es coherente con una realidad institucional mixta: avances regulatorios formales, pero brechas claras en control, credibilidad y capacidad operativa”.

  ¿Cómo puede reducir Ecuador su riesgo de lavado de activos y delitos financieros?

  La salida no pasa por crear más leyes, sino por hacer que las existentes funcionen mejor. (JS) Haga clic en www.lahora.com.ec para ver la nota completa

  Entre los principales desafíos están:

  1.- Fortalecer la capacidad operativa y técnica de las entidades de control: El principal problema de Ecuador no es la inexistencia de organismos antilavado, sino su limitada capacidad operativa frente a la magnitud y sofisticación del delito financiero. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), las superintendencias y los entes de control reciben información, reportes de operaciones inusuales y alertas, pero no siempre cuentan con suficientes recursos humanos especializados, herramientas tecnológicas avanzadas ni acceso oportuno a bases de datos integradas.

  En la práctica, esto significa que muchos reportes se analizan con retraso, se priorizan de forma reactiva y no preventiva, y se pierde capacidad para identificar patrones complejos de lavado. Se debe invertir en analítica de datos, inteligencia financiera, trazabilidad de flujos y formación continua, especialmente en delitos cada vez más ligados al crimen organizado y a esquemas digitales.

  2.- Mejorar la coordinación interinstitucional entre supervisores, fiscalía y sistema judicial: Uno de los eslabones más frágiles del sistema ecuatoriano es la desconexión entre quienes detectan riesgos y quienes deben investigarlos y sancionarlos. Las superintendencias pueden identificar irregularidades, la UAFE puede generar informes de inteligencia financiera, pero el traspaso de esa información hacia la Fiscalía y, luego, al sistema judicial suele ser lento, fragmentado o poco efectivo.

  Esto genera un cuello de botella crítico: los casos se diluyen en la transición entre instituciones. Mejorar la coordinación no es solo compartir información, sino alinear criterios, tiempos y prioridades, crear equipos conjuntos especializados en delitos financieros complejos y establecer protocolos claros que eviten duplicidades o vacíos. En países con menor riesgo, la persecución del lavado es un proceso continuo y coordinado, no una cadena rota en varios tramos.

  3.- Aumentar la probabilidad real de sanción para que el riesgo sea disuasivo: Desde la perspectiva del crimen financiero, el mayor incentivo no es la ganancia, sino la baja probabilidad de castigo. En Ecuador, el marco legal contempla delitos y sanciones, pero la tasa efectiva de investigaciones concluidas, sentencias firmes y decomisos es baja en relación con la magnitud del problema.

  Esto envía una señal peligrosa: el lavado de activos no es percibido como un delito de alto riesgo, sino como uno manejable dentro de los costos del negocio criminal. Aumentar la probabilidad real de sanción implica procesos más rápidos, investigaciones mejor sustentadas técnicamente, jueces especializados y decomiso efectivo de activos. No se trata solo de condenas, sino de quitar el incentivo económico, atacando el corazón financiero del delito.

  4.- Reducir espacios de opacidad en sectores económicos críticos: El riesgo de lavado en Ecuador se concentra en sectores específicos donde la trazabilidad del dinero es débil. Comercio exterior, construcción, bienes raíces, minería, transporte, fundaciones y ciertas actividades de servicios presentan altos niveles de informalidad, uso intensivo de efectivo o estructuras societarias poco transparentes.

  Estos sectores permiten mezclar recursos ilícitos con flujos legales, dificultando su detección. Reducir la opacidad implica mejorar los registros de beneficiarios finales, fortalecer controles en aduanas, combatir la subfacturación y sobrefacturación, y exigir mayor transparencia en transacciones de alto valor. En una economía dolarizada como la ecuatoriana, cada espacio opaco se convierte en una puerta de entrada atractiva para el lavado.

  5.- Blindar la institucionalidad frente a presiones políticas y criminales: Ningún sistema antilavado funciona si las instituciones que lo sostienen no son percibidas como independientes, estables y protegidas. En Ecuador, los constantes cambios de autoridades, la politización de los organismos de control y la creciente presión del crimen organizado erosionan la credibilidad y efectividad del sistema.

  Blindar la institucionalidad significa garantizar estabilidad en los cargos técnicos, protección a funcionarios, autonomía operativa y reglas claras, incluso cuando las investigaciones alcanzan a actores poderosos

• Fuente: La Hora