Asamblea aprueba Presupuesto 2026 de USD 46.255 millones con énfasis en salud, educación y seguridad

La Asamblea Nacional aprobó la tarde de este sábado 29 de noviembre de 2025 la Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 y la Programación Cuatrianual 2026-2029 enviada por el presidente Daniel Noboa, tras cerca de tres horas y media de debate en el Pleno. Con 148 asambleístas presentes, la proforma obtuvo 78 votos afirmativos, 66 negativos y 4 abstenciones, por lo que la oposición no alcanzó los apoyos necesarios para plantear una reconsideración.

La discusión se realizó sobre la base del informe aprobado el 22 de noviembre por la Comisión de Régimen Económico, cuya presidenta, Nathaly Farinango, defendió que el documento cumple los parámetros técnicos y constitucionales, se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo “Ecuador No Se Detiene” 2025-2029 y prioriza recursos para salud, educación, seguridad y gobiernos locales.

Un presupuesto de USD 46.255 millones y déficit de 3,9 % del PIB

Según el informe, el Ejecutivo proyecta para 2026 un PIB nominal de USD 139.046 millones, con un crecimiento real del 1,8 %. En el sector petrolero se estima una producción fiscalizada de 165,5 millones de barriles, con un precio de referencia del WTI cercano a los USD 53 por barril, inferior al promedio de 2024.

La proforma fija ingresos y egresos totales por USD 46.255 millones. Del lado de los ingresos se contemplan:

• USD 21.679 millones en ingresos corrientes (principalmente impuestos y tasas).
• USD 8.470 millones en ingresos de capital.
• USD 16.104 millones provenientes de financiamiento.

En cuanto a los egresos, el mismo monto se distribuye en:

• USD 23.482 millones en egresos corrientes, que incluyen salarios públicos, bienes y servicios y transferencias.
• USD 1.764 millones para inversión pública directa.
• USD 10.495 millones en gasto de capital.

Con estas cifras, la Proforma 2026 proyecta un déficit global de USD 5.413 millones, equivalente a alrededor del 3,9 % del PIB. De ese total, USD 1.802 millones corresponden al déficit entre ingresos y gastos permanentes, y USD 3.611 millones al déficit entre ingresos y gastos no permanentes. Para cubrir obligaciones financieras, se prevé un financiamiento por USD 10.512 millones, de los cuales USD 8.351 millones se destinan a amortización de deuda pública.

Transferencias sociales, seguridad social e inversión

El Presupuesto 2026 incorpora USD 6.252 millones en transferencias y donaciones corrientes. Dentro de este rubro:

• USD 1.844 millones se orientan a bonos y programas sociales, como el Bono de Desarrollo Humano, Joaquín Gallegos Lara, Mis Mejores Años, Toda una Vida, el programa 1.000 días y subsidios al transporte.
• USD 3.852 millones se asignan a la seguridad social: IESS, ISSFA e ISSPOL.

El Plan Anual de Inversiones (PAI) asciende a USD 2.181 millones, repartidos en 388 proyectos, con énfasis en energía, desarrollo humano, seguridad y gestión pública. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) recibirán USD 4.113 millones, en cumplimiento del COOTAD, leyes específicas y las asignaciones para la Circunscripción Territorial Amazónica.

La proforma confirma además el cumplimiento de las preasignaciones obligatorias para educación y salud, con incrementos de USD 695 millones para cada sector respecto de 2025.

El mensaje de la Bancada de ADN

Tras la votación, la Bancada Legislativa de ADN difundió un comunicado oficial en el que define al PGE 2026 como “un plan de USD 46.255 millones pensado para seguir respondiendo a las necesidades ciudadanas” y asegura que el Presupuesto “asegura más recursos para salud y educación, fortalece aún más la inversión en seguridad y mantiene los programas sociales que acompañan a miles de hogares”.

El boletín resalta que el PGE 2026 “impulsa la formación superior” al incorporar USD 59 millones adicionales y cerca de USD 150 millones en inversiones para 22 universidades y escuelas politécnicas, con el objetivo de garantizar infraestructura, investigación y oportunidades reales para jóvenes que quieren estudiar y progresar. Según ADN, el Presupuesto está “construido sobre proyecciones realistas”, prioriza el uso responsable del dinero público y permite que el país mantenga estabilidad, desvirtuando —según el bloque— los cuestionamientos de la oposición con “argumentos técnicos y contundentes”.

Durante el debate en el Pleno, voces afines al oficialismo como Ana Belén Tapia sostuvieron que se trata de una proforma que “traduce prioridades en inversión concreta y derechos garantizados”, al mencionar obras de agua potable, caminos productivos, hospitales y escuelas como ejemplos de las asignaciones previstas. En la misma línea, Steve Villacrés detalló que el PAI 2026, de USD 2.181,47 millones, prioriza proyectos en fortalecimiento institucional, seguridad energética, desarrollo territorial y productivo, seguridad y defensa nacional, y obra pública.

El asambleísta Mario Zambrano destacó que, en materia de subsidios y apoyos, la Proforma incrementa recursos para bonos, pensiones, ayudas sociales, créditos productivos, incentivos agrícolas, desarrollo urbano y vivienda, y subrayó que las universidades y escuelas politécnicas “recibirán más recursos que en 2025”, con casi USD 60 millones adicionales y un paquete de inversión de USD 150 millones para fortalecer laboratorios, talento humano e investigación.

Por su parte, el independiente Sergio Peña afirmó que el presupuesto 2026 “fortalece la seguridad desde su raíz”, al considerar que educación, salud y justicia son parte de la primera línea contra el crimen. Aseguró que el documento “no es regresivo, es progresivo; no es improvisado, es constitucional; no es debilidad, es planificación inteligente”, y defendió que las fuerzas del orden requieren un Estado que funcione para operar con eficacia.

Seguimiento y desafíos

La Comisión de Régimen Económico anunció que realizará un seguimiento mensual a la ejecución presupuestaria de todas las entidades públicas, con énfasis en salud, educación, seguridad y gobiernos locales, para verificar el uso de los recursos asignados y responder a las preocupaciones sobre la brecha entre lo planificado y lo efectivamente ejecutado.

Fuente: El Tele’grafo