Consulta popular: debaten si Daniel Noboa debe pedir licencia para hacer campaña
Santiago Cahuasquí, asesor electoral, investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y docente universitario, opinó que si el presidente quisiera hacer campaña durante su jornada de trabajo, debería pedir licencia temporal.
En una semana más, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), podría reducir el ritmo del trabajo Legislativo.
La cercanía de la campaña para la consulta popular y el referéndum que será del 1 al 13 de noviembre de 2025, según el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), modificó el ambiente político en el Palacio Legislativo.
Los 66 legisladores de la bancada de Gobierno se preparan para solicitar una licencia sin sueldo al Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidido por Niels Olsen (ADN) y realizar gestiones para que sus puestos asuman sus alternos.
Pero el debate no solo se centra en el trabajo que deberán cumplir los legisladores principales antes de salir a territorio para promocionar las cuatro preguntas de la consulta y referéndum.
Este 23 de octubre de 2025 la discusión también giró en torno a si el presidente de la República, Daniel Noboa, como proponente de la consulta también tendría que pedir licencia para hacer campaña.
Fernando Jaramillo (ADN) consideró que si el jefe de Estado va a salir al pedir el voto “entendería que sí (tendría que pedir licencia), creo que esto también pasará por lo que el CNE tenga dentro de las disposiciones, pero yo entendería que sí”, afirmó.
“Si va a pedir el voto de forma directa para el Sí, entendería que sí sería necesario pedir licencia; pero también se puede hablar de la consulta y hacer una explicación de las preguntas sin inducir al voto, entonces no es necesario pedir licencia en este caso sin sueldo”, subrayó.
Su compañero de bancada, Andrés Castillo, sostuvo que esa es una decisión del Presidente. “Seguramente pedirá licencia o alguna cosa por el estilo, pero seguramente, no necesariamente, a lo mejor ni sale a hacer campaña”, expresó.
Inés Alarcón también opinó que esto quedaría a discreción del Presidente de la República. “No me atrevería a dar un criterio acerca de ello, no sé si el Presidente irá o no a hacer campaña desconozco, nosotros también recién estamos tratando de organizarnos dentro del Legislativo, pero le puedo hablar por esta legisladora que sí pediré licencia para apoyar esta consulta, acercarnos a la gente y que conozca frente al proyecto que estamos presentando”, afirmó.
Grupos para hacer campaña
En ADN, los asambleístas preparan un cronograma de salidas en dos grupos: el primero se dedicaría a realizar trabajo en territorio, dando a conocer el contenido de las cuatro preguntas con estrategias puerta a puerta y en redes sociales. Un segundo grupo se concentraría con mayor exposición en medios de comunicación tradicionales y alternativos.
Cambio de ritmo en el Legislativo
Inés Alarcón reconoce que en esta etapa disminuirá la velocidad del trabajo legislativo, pero aclaró que no afectará la gestión de esta función del Estado.
“No será una campaña extensa, no será de un mes o dos meses, como suele ocurrir en procesos electorales. A lo mucho será una campaña de nueve días, los cuatro días que faltan para completar los 13 días son un fin de semana (sábado y domingo) y dos del feriado (del 3 y 4) de noviembre”, dijo.
No cree que por el momento (en los días de campaña), el Presidente de la República envíe una nueva ley urgente. “Ya aprobamos una ley y en tiempos de campaña vendrán nuestros alternos. Ellos están capacitados, conocen del procedimiento legislativo, pero no se va a descuidar bajo ningún concepto el Legislativo, pero también es importante estar en territorio y estar con nuestra gente, que la gente conozca y decirle que tiene una oportunidad para cambiar el país”, subrayó.
En todo caso, comentó que por lo pronto los asambleístas de Pichincha definirán estrategias de campaña.
“Nosotros tenemos bases estructuradas en ADN, en Pichincha, nuestra coordinadora es María José Pinto, con ella justamente estamos coordinando los temas de cómo vamos a salir a territorio, cómo vamos a llevar la información puerta a puerta a la ciudadanía”.
Fernando Jaramillo está en el segundo grupo que saldrá a hacer campaña. Dice que en los días de proselitismo se usarán medios digitales, de prensa convencional y puerta a puerta para conversar con la ciudadanía, para que la población conozca la propuesta. La idea es dar a conocer la importancia del contenido de cada presunta. Jaramillo supone que la consulta y el referéndum, de acuerdo con sondeos, se ganaría con un 65% o 70% de aprobación de la ciudadanía. (SC)
Prohibición de realizar proselitismo
Santiago Cahuasquí, asesor electoral, investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y docente universitario de Ciudadanía y Comportamiento Político, explicó que el presidente, al no estar postulando en una elección para el mismo cargo o para un cargo diferente, no estaría obligado a pedir licencia durante todo el periodo de campaña.
Sin embargo, si quiere hacer proselitismo a favor del Sí, está sujeto a las obligaciones de funcionarios públicos que están prohibidos de realizar proselitismo.
“Entonces, si el Presidente quisiera hacer campaña durante su jornada de trabajo, debería pedir licencia temporal mientras hace proselitismo, porque ningún funcionario público, incluyendo el Presidente de la República puede hacer campaña mientras trabaja”.
Además, durante todo el periodo electoral, desde que el CNE abre el periodo electoral, todas las instituciones públicas deben pedir al Consejo Nacional Electoral una autorización para realizar cualquier tipo de publicidad oficial de ministerios, secretarías, etc.
Por tanto, el CNE debe expedir un código durante todo el periodo electoral para que pueda autorizarse ese tipo de publicidad oficial para evitar que esa publicidad pueda tender a favorecer a unas de las opciones de campaña.
Por otro lado, dijo que es importante recordar que el Presidente de la República no puede hacer uso de recursos públicos con fines político-electorales. Tiene una prohibición expresa.
Esto no solo lo regula el Código de la Democracia, sino el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
“Si es que utilizara recursos públicos con fines político-electorales estaría incurriendo en un delito de acción pública sancionado como peculado, es decir, el uso de recursos públicos con una finalidad diferente; los recursos públicos no pueden ser destinados para fines políticos, eso es muy importante que se tenga en cuenta”, sostuvo Cahuasquí .
Fuente: La Hora
