Millonaria factura por pérdidas por el paro, compensaciones y eliminación del subsidio al diésel

La decisión de eliminar el subsidio al diésel provocó un paro con pérdidas directas e indirectas por más de $300 millones. A eso se suman compensaciones y devoluciones de impuestos por más de $260 millones.

Luego de que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, anunciara el fin de paro que duró 31 días, se puede hacer un balance de cuánto le costó al fisco, pero sobre todo a la sociedad ecuatoriana, la eliminación del subsidio al diésel.

El incremento del galón de diésel de $1,8 a $2,8 por galón desató bloqueos de carreteras y de ciudades, sobr

e todo en Imbabura y parte de Pichincha. Esta situación generó pérdidas de más de $300 millones en todo el país, lo que incluye pérdidas directas e indirectas por caídas en ventas en sectores como agricultura, turismo, comercio, floricultura, entre otras.

Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Carchi estima pérdidas directas solo en esa provincia de $32 millones, con énfasis en sectores agropecuarios como el lechero, el productor de papa y otros.

Por su parte, Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expoflores, habla de más de $27 millones, sin tomar en cuenta las pérdidas futuras que tendrán varias fincas que se vieron obligadas a retrasar sus procesos de siembra y producción, y que no estarán preparadas para fechas importantes en la venta de flores como el San Valentín de 2026.

El sector florícola ha denunciado extorsiones, la invasión en al menos cinco fincas y hasta el secuestro de un trabajador.

Asimismo, como reportó LA HORA, el sector de los restaurantes de Ibarra ha registrado caídas de hasta el 70% en ventas.

Solo en ciudades específicas como Cayambe y Otavalo se cuentan pérdidas directas en el sector turístico y gastronómico de más de $4,4 millones y más de 5,3 millones, respectivamente.

Según el consultor empresarial y exasesor de McKinsey & Co, José Xavier Orellana, los impactos directos son los más fáciles de medir, porque se reflejan en sectores visibles: hoteles vacíos, alimentos que no llegan a destino y transporte paralizado. “Cuánta gente no fue a los hoteles, cuánta leche se está desperdiciando, cuánto cuestan las 7, 8 o 10 horas que pasan los camiones varados sin poder cruzar la E-35”, ejemplificó.

No obstante, Orellana señaló que los efectos más graves son los que no se pueden contabilizar con exactitud, como el deterioro de la imagen del país y la pérdida de confianza de los inversionistas. “Hay impactos que no se miden. Por ejemplo, la percepción a nivel global, el aumento del riesgo país y la duda de los potenciales inversionistas que se preguntan qué está sucediendo”, explicó.

Durante el paro, hubo unos 370 cierres viales en cerca de 50 ciudades, según información del ECU 911. La mayoría de esos cierres promediaron las 4 horas; pero los bloqueos más fuertes y constantes se concentraron en Imbabura y parte de Pichincha: Zonas de Imbabura han estado bloqueadas más de un mes, en Pichincha los bloqueos suman el equivalente a más de 13 días, en Chimborazo llega a 6 días, en Loja suma 5 días, Cotopaxi y Bolívar 4 días cada una.

Al final, los más de $300 millones en pérdidas son parte del costo de haber eliminado el subsidio al diésel. A eso hay que sumar los más de $50 millones que el presidente de la República, Daniel Noboa, ha anunciado dentro de un plan de reactivación económica para los negocios golpeados en Imbabura.

Evitar que el paro se desborde costó millones en compensaciones y ayudas temporales

El 20 de octubre de 2025, Harold Burbano, ministro de Desarrollo Humano, compareció ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea. Ahí dijo que se han gastado más de $92 millones en compensaciones y ayudas temporales para que varios sectores no se sientan afectados por la eliminación del subsidio al diésel.

A los transportistas se destinaron $20’582.863, con un total de 16.916 beneficiarios habilitados. Mientras que en el Bono Raíces se pagaron $72’151.000 a 83.260 beneficiarios registrados. Este bono está destinado a agricultores y consiste en un pago único de $1.000.

A eso se suman otros $166 millones que se pagaron por devoluciones de impuestos que estaban pendientes con adultos mayores y sector de la construcción.

Asimismo, se incluyeron a 30.000 nuevos beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Esto representa un gasto adicional de manera permanente de $1,65 millones al mes o $19,8 millones al año.

Las compensaciones a los transportistas son las que más van a durar en el tiempo (hasta 12 meses en algunos casos). El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, aseguró que al final se gastará un total de $430 millones (tomando en cuenta chatarrización, créditos, entre otros).

Así, se puede decir que en compensaciones, ayudas y devoluciones de impuestos, el Gobierno ya ha desembolsado más de $260 millones; pero esto continuará hasta la mayor parte de 2026 y al final podría sumar entre $750 millones y máximo $1.200 millones.

Estos costos para evitar que se desborde el descontento ya eran esperados, e incluso apoyados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El pasado 2 de octubre de 2025, la directora de comunicaciones del organismo, Julie Kozack, fue clara: “Apoyamos ese enfoque, porque es parte de un más amplio esfuerzo para mejorar la sostenibilidad fiscal de Ecuador, mientras se asegura la protección para los más vulnerables”.

Kozack recalcó que la prioridad del Gobierno ha sido que los subsidios a los combustibles estén mejor focalizados y acompañados de un “mecanismo de protección social robusto” para los sectores más frágiles. En ese sentido, defendió que la reforma busca liberar recursos estatales para áreas estratégicas y no seguir sosteniendo un esquema regresivo: “Nuestros análisis muestran que, en general, los subsidios tienden a beneficiar de manera desproporcionada a los que tienen ingresos más altos, además de crear vulnerabilidades en corrupción y contrabando”.

En un año completo, restando las compensaciones, se espera generar un ahorro para el fisco de entre $700 millones y $800 millones.

Por eso, Gabriela Calderón, investigadora de Estudios Latinoamericanos en el Cato Institute, aseguró que la eliminación del subsidio es “un triunfo en políticas públicas: es una buena medida eliminar un subsidio regresivo y costoso, con impactos positivos en el corto y largo plazo”. (JS)

Fuente: La Hora