Ley de Fundaciones: ¿a qué apunta el proyecto del Gobierno?

Asegurar la transparencia y conocer las fuentes de financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil es lo que se busca con el proyecto de ley, defiende el Gobierno. Por una parte, hay apoyo a una norma regulatoria y, por otra, hay quienes temen una persecución.

El proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales o también denominado por el presidente de la República, Daniel Noboa, como proyecto de Ley de Fundaciones levantó más preocupación en algunas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) tras conocer el contenido.

La aplicación de la normativa se orienta a promover la transparencia en la gestión de recursos, prevenir el uso indebido de fondos y garantizar la adecuada liquidación de utilidades y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, según consta en el proyecto.

Uno de los artículos plantea una reforma a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Se prohíbe la utilización de las organizaciones sociales para fines ilícitos como lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de personas, delitos ambientales, delitos de violencia contra las personas y minería ilegal. Se plantea que incurrir en estas actividades ilegales será causal para disolver a una organización social.

A algunas organizaciones les preocupa que exista un objetivo oculto, porque ya existen normas de transparencia que las cumplen, según sus representantes.

¿Una ley para un control ideológico – político?

Yaku Pérez, político y abogado, es parte de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, que aglutina a más de 40 organizaciones, comunas, comunidades. También pertenece a la Unión de Defensores del Agua y la Naturaleza.

Pérez dice que combatir al narcotráfico y a la minería ilegal con este proyecto de ley es solo un pretexto: “Es una persecución que desempolva el Decreto Ejecutivo 16, con la diferencia que ahora es RC (Rafael Correa) versión 2 con yapa, porque ahora no se va a hacer a través de un decreto, sino a través de una ley, pero que tiene los mismos síntomas”.

Se refiere al decreto que Correa emitió en 2013 cuando se creó el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (Suios) y se estableció que dedicarse a actividades de política partidista sería causal de disolución de una OCS.

“A pretexto de combatir el crimen organizado va a combatir a los defensores de derechos humanos, a defensores de la naturaleza salpicándonos o acusándonos de terroristas, de saboteadores o de fomentar la minería ilegal. Quienes defendemos el agua y la naturaleza no estamos a favor de la minería ilegal, ni de la minería legal que hace acciones ilegales. Estamos en contra de toda actividad que contamine el agua, el ambiente”, enfatiza.

Pérez observa que el fondo del proyecto “no es el control económico, en el fondo lleva un control ideológico – político”. Sospecha que si este proyecto se convierte en ley toda forma de organización social sin fines de lucro estará en la mira y será “espiada” con la facultad que otorga la Ley de Inteligencia.

“Ay de aquella organización que salga a las calles, a disentir con el régimen, van a ser inmediatamente procesadas, perseguidas, criminalizadas y con el agravante de que pueden extinguirles. El ejemplo patético fue la Fundación Pachamama, fue la Unión Nacional de Educadores (durante el correísmo), a las que se le quitó hasta los fondos. Se viene la persecución hacia toda forma de organización social”, cuestiona Pérez.

Este fin de semana se reunirá con representantes de otras organizaciones de Azuay para analizar el proyecto y tomar decisiones. No descarta preparar acciones de inconstitucionalidad e ir incluso a instancias internacionales. “Recuerdo que si no hubiese sido por Human Rights Watch, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), Amnistía Internacional, las Relatorías de las Naciones Unidas sobre libertad de expresión, libertad de asociación, Correa nos hubiese judicializado, criminalizado más de lo que nos hizo”, menciona. Durante el correísmo Pérez fue encarcelado cuatro veces “por defender el agua”.

Y lo seguirá haciendo, señala. Ha planteado acciones legales para que se cumplan los mandatos de las consultas populares que prohibieron la minería en Quimsacocha, Girón y en Cuenca. El 25 de julio de 2025 Pérez conoció que el Ministerio de Ambiente supuestamente entregó una licencia ambiental a una empresa para la explotación minera en Quimsacocha. “Frente a esto hemos pedido la revocatoria de esa licencia al Ministerio del Ambiente”, refiere.

La ley afectaría el trabajo de las organizaciones

Ricardo Buitrón, presidente de Acción Ecológica, asegura que las OSC ambientalistas y de derechos humanos ya están sujetas a los mecanismos de rendición de cuentas que se plantean en el proyecto de ley.

“El único cambio fuerte es que ahora se habla de que vamos a estar bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), esa es una esa es una diferencia marcada. Pero en el fondo existen elementos que pueden poner en riesgo el propio trabajo de las organizaciones”, expone.

Por ejemplo, algunas organizaciones de derechos humanos “hacen un trabajo que es considerado de riesgo” y no se puede poner esa información en portales, “estamos sujetos a pactos y tratados internacionales”, añade.

Dice que el Gobierno confunde a las empresas con organizaciones sin fines de lucro cuando plantea el reparto de utilidades. “Confunden el espíritu y la esencia de las organizaciones sin fines de lucro y eso es meter a todos en un mismo saco. Me recuerda mucho esto al Decreto 16 que se hizo en los tiempos de Rafael Correa, donde también intentaron de alguna manera controlar algunas organizaciones y hubo el cierre de organizaciones entre las que estuvimos nosotros”, comenta.

En el proyecto de ley consta que “ninguna medida de control, supervisión o intervención que ejerzan las entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales”. Pero eso para Buitrón no implica ninguna garantía para las OSC.

Al igual que Pérez, Buitrón rechaza la Ley de áreas Protegidas y ve que hay un problema de fondo que se conecta con la fusión de los ministerios. “Es todo un paquete de reformas para debilitar la institucionalidad ambiental, que ya era débil, y para crear figuras que han sido cuestionadas a nivel nacional por todas las organizaciones que trabajan en temas ambientales sobre cómo se ejercer la política ambiental en este país”.

Por eso Acción Ecológica continuará las conversaciones con más organizaciones a nivel de provincias: “Sabemos que vienen reformas para la Ley de Aguas, posiblemente la ley sobre minería. Ya se empezó con la apertura del catastro minero y con el debilitamiento del sistema de áreas protegidas”. La asamblea socioambiental permanente realizará un pronunciamiento este 30 de julio, a las 10:00.

El carácter obligatorio de la ley

Para Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), “en general es un buen proyecto de ley, que busca fortalecer la integridad y la transparencia del tercer sector, el de la sociedad civil”.

“Quienes estamos desde hace años implementando controles internos, transparentando información a través de nuestra página web, estamos en sintonía con lo propuesto. Nada de lo que significa transparentar ingresos y gastos es problema para las organizaciones que rendimos cuentas”, destaca. Pero en este caso se trata de una política autoimpuesta y por ser una organización referente en el estándar global de transparencia internacional.

“Hasta el momento, el implementar sistemas de integridad formales en las organizaciones es algo que ha estado sujeto a su propia autorregulación, no a una obligación normativa. El carácter obligatorio es el que trae de novedad este proyecto”, apunta Alarcón.

Sin embargo, observa que hay dos cuestiones perfectibles cuando el proyecto sea tratado en la Asamblea Nacional. “La SEPS no es un organismo con capacidad técnica, de momento, para trabajar en cuestiones del tercer sector, ha trabajado en el control de cooperativas. El hecho de poner como causal de disolución el afectar el orden social y la seguridad del Estado, que son causales muy subjetivas y que deberían aterrizar bien en el interior de la Asamblea”.

Alarcón dice que no ha conocido de nombres de OSC vinculadas a la minería ilegal, pero que es un tema del que en los últimos años se ha hablado.

“No hay que dejar pasar cuestiones tan sensibles como estas porque la sociedad civil, hablo por FCD, estamos para combatir la minería ilegal y las prácticas corruptas, no para propiciarlas de ninguna manera. FCD, con sus programas de gobernanza ambiental y demás, hemos promovido el cumplimiento de estándares de minería legal para que se hagan bien las cosas. Hemos combatido la minería ilegal con programas de fortalecimiento de capacidades”, enfatiza.

Considera que si el Gobierno tiene información sobre OSC relacionadas a actividades ilícitas, debería actuar de inmediato. “Eso es algo que tiene que ser sancionado con todo el rigor de la norma”. (KSQ)

Fuente: La Hora