Aumento de USD 16 al salario básico en 2026 genera opiniones divididas entre trabajadores y empresarios
María José Alba Lozano
Apocas semanas de que se inicien oficialmente las mesas de diálogo del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), las expectativas y posturas sobre el posible aumento del Salario Básico Unificado (SBU) para 2026 ya generan debate entre diversos sectores del país.
La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, adelantó recientemente que si no se llega a un acuerdo entre empleadores y trabajadores, será el Gobierno quien defina el nuevo salario, aplicando la fórmula establecida en el Código del Trabajo. Basándose en la proyección del 3,4% de crecimiento económico emitida por el Banco Central del Ecuador (BCE) en agosto, se estima un incremento de $16. De concretarse esta cifra, el salario pasaría de $470 a $486.
Aunque aún falta conocer el dato definitivo sobre inflación otro insumo clave en este proceso la ministra señaló que las condiciones económicas actuales permiten una “muy buena expectativa” de aumento.
OPINIONES DESDE EL ÁMBITO LEGAL: ¿CÓMO SE DEFINE EL SALARIO?
El abogado laboralista Víctor Loja explicó que el proceso para definir el salario básico pasa por varias etapas formales. “El consejo tripartito: trabajadores, empleadores y Estado. En la primera reunión, los representantes reciben los insumos del BCE y del Ministerio de Economía, como la proyección de crecimiento económico y la inflación”, detalla.
Si no se logra un acuerdo en esa instancia, se convoca a una segunda sesión donde cada parte presenta sus posturas. “Generalmente, los empleadores piden mantener el salario actual o un alza mínima, mientras que los trabajadores proponen incrementos más altos, basados en el costo de la canasta básica”, agrega Loja. De no haber consenso, el Ministerio del Trabajo debe fijar el SBU mediante acuerdo ministerial.
Según el abogado, es poco probable que se logre un consenso: “La experiencia de los últimos años demuestra que las partes no coinciden, por lo tanto, lo más probable es que el Gobierno termine fijando el salario, como ya ha ocurrido antes”.
¿QUÉ EFECTOS TENDRÍA UN ALZA DE $16?
Sobre los efectos que este posible aumento podría tener, Víctor Loja destaca que el impacto no se limita únicamente al salario mensual. “El incremento afecta también al cálculo de los décimos, el fondo de reserva, el pago del 14º sueldo y otros beneficios laborales. Incluso influye en áreas como pensiones alimenticias y multas laborales. Es un tema transversal”, señala.
También recordó que cualquier cuestionamiento al valor fijado debe hacerse bajo parámetros constitucionales. “Mientras el ministerio respete el proceso y utilice los datos oficiales, no hay una vía sencilla para impugnar la decisión”, aclara.
EL SECTOR EMPRESARIAL PIDE DIÁLOGO TÉCNICO
Desde el sector empresarial, el presidente de la Cámara de Industrias de El Oro, Gustavo Febres Cordero, expresó su inconformidad con la forma en que se ha abordado el tema. “Parece que el gobierno se ha olvidado del sector productivo, que es el que genera divisas para el país. Antes de definir un aumento, debería instalarse una mesa técnica con el Ministerio de Finanzas y los empresarios para discutir lo justo”, reclamó.
Febres Cordero insistió en que cualquier ajuste debe basarse en las realidades económicas del sector productivo: “Si ya se habla de $486 como nuevo SBU, lo mínimo es que nos consulten primero”.
En una postura más moderada, Luis Aguilar, presidente de la Cámara de Comercio de Machala, señaló que la propuesta del Gobierno “debe determinarse de forma técnica, no política”. Reconoció que usar datos como el crecimiento económico e inflación “es el camino correcto”, pero enfatizó que se debe esperar cómo evoluciona la economía nacional.
“Desde la Cámara apoyamos un incremento si los indicadores económicos lo respaldan. Pero también debemos considerar que un alza desproporcionada puede afectar la capacidad de contratación y aumentar el desempleo o la informalidad”, advirtió Aguilar.
EL FRENTE POPULAR CONSIDERA INSUFICIENTE EL AUMENTO
Desde la otra orilla del debate, Gustavo Macas, representante del Frente Popular, rechazó enfáticamente la propuesta de aumento de $16. “No alcanza ni para pagar los pasajes de los buses para ir al trabajo”, afirmó.
Macas señaló que el sueldo de los trabajadores debería equipararse al valor de la canasta básica familiar, que bordea los $819. “Vivimos una crisis económica agravada por el alza de los combustibles. Todos los años, empresarios y Gobierno se juntan para desconocer los derechos laborales. Nosotros exigimos un salario digno”, declaró.
A LA ESPERA DE DECISIONES CLAVE
A partir de noviembre se prevé que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios se reúna para iniciar formalmente las mesas de diálogo. Mientras tanto, la fórmula prevista por el Código del Trabajo sigue siendo el mecanismo de respaldo en caso de desacuerdo.
La cifra definitiva del nuevo SBU deberá conocerse antes de finalizar el año. Hasta entonces, las posturas de los distintos sectores reflejan una profunda división entre las necesidades de los trabajadores y las preocupaciones del sector productivo.
Criterios
Víctor Loja: “En estos últimos años no ha sucedido así, no ha habido consenso, entonces se convoca una segunda sesión del consejo. Si no hay consenso en esta segunda sesión, le tocará al Ministerio de Trabajo emitir un acuerdo ministerial. El ministerio fija el salario básico”.
Gustavo Febres Cordero: “Parece que el gobierno se ha olvidado del sector productivo, que es el que genera las divisas para el país. Primero debería reunirse con el sector empresarial y tomar una decisión sobre el valor que se va a aumentar. Me parece que antes de fijar el sueldo, debería instalarse una mesa técnica con el Ministerio de Finanzas.”
Luis Aguilar: “La estimación del nuevo salario básico debe determinarse de una forma técnica, no política. Apoyamos que el incremento del SBU se lo haga de manera técnica y no política. Que se incremente los $16 si los índices económicos del país lo respaldan.”
Gustavo Macas: “El aumento de $16 no alcanza ni para pagar los pasajes de los buses para dirigirse a su trabajo. Rechazamos categóricamente que todos los años los empresarios y el gobierno se junten para desconocer derechos.
Exigiremos que sea equiparado con la canasta.”
Fuente: Correo
