Ley de Fortalecimiento Crediticio: opositores y aliados de ADN cuestionan el contenido del proyecto

El trámite del proyecto empezó el 3 de septiembre de 2025. Aliados y opositores al Gobierno critican el contenido de un proyecto que plantea cambios en el manejo de los fondos de afiliados y jubilados.

El quinto proyecto de ley económico urgente, con el que el presidente de la República, Daniel Noboa, ha marcado la agenda legislativa, genera debate entre los grupos políticos que cuestionan la propuesta.

La iniciativa de Fortalecimiento Crediticio podría elevar las tensiones en el ala de los aliados del Gobierno, entre ellos un sector de Pachakutik y algunos independientes.

El trámite del proyecto empezó el 3 de septiembre de 2025, y la primera convocatoria a la Comisión de Desarrollo Económico, controlada por ADN, que sustancia la ley se realizó en medio de alertas y críticas al contenido de esta propuesta que plantea cambios al manejo de los fondos de los afiliados y jubilados.

Dichos recursos estarían en riesgo si no se ponen candados en el proyecto de ley, comentaron Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), y Carmen Tiupul, de una facción de Pachakutik.

Una de las transitorias de la ley propone que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) pueda vender su cartera vencida a privados o fideicomisos.

Se plantea que el Biess se podría convertir en banca de inversión para garantizar créditos y, a su vez, endeudarse, cuestionó Serrano. ¿Por qué tiene que endeudarse si el Biess maneja $7.200 millones de lo que aportamos los afiliados de este país cada año? preguntó.

Carmen Tiupul: “los fondos del Biess no le pertenece al Estado ecuatoriano, sino a los afiliados y jubilados”

Carmen Tiupul, quien llegó a ocupar la segunda vicepresidencia del Parlamento, desde el 14 de mayo de 2025, con los votos de ADN, habló de las líneas rojas que, según ella, tiene el proyecto.

“No apoyaremos ningún tipo de intención de privatización, más aún si se trata de los recursos de los afiliados; nosotros defenderemos los derechos laborales, del medio ambiente, de la producción agrícola”, afirmó.

Adelantó que el movimiento revisa el proyecto que habla de los fondos previsionales del Biess. “Hay que reconocer que los fondos del Biess no le pertenecen al Estado ecuatoriano, sino a los afiliados y jubilados”.

Aclaró que si los aportes de Pachakutik son incorporados a la propuesta, el movimiento adoptará una posición, caso contrario dijo que no permitirán “que se intente vender los fondos previsionales a entes privados; nuestra votación siempre será en favor de afiliados y jubilados”, ratificó.

En la misma línea, Mariana Yumbay (Pachakutik), opinó que el proyecto de urgencia económica “no tiene nada”. Por el contrario, lo que se evidencia es una privatización del IESS y del Biess. “Esta Asamblea está legislando como una aplanadora, mientras hay voces que advierten de inconstitucionalidades”, subrayó.

Andrés Castillo y Diego Franco (ADN), defienden la propuesta. Aseguran que el interés es aumentar la rentabilidad de las inversiones. “La ley no busca perjudicar a los ecuatorianos; en la Comisión de Desarrollo Económico habrá un amplio debate”, ofreció Franco, presidente de la Mesa Legislativa.

Sergio Peña: “no se deben topar los fondos del IESS”

Sergio Peña, exRevolución Ciudadana (RC) y declarado independiente, empezó a tomar distancia de la propuesta del oficialismo.

“El banco del IESS debe ser fortalecido, y asegurar que los jubilados puedan tener seguridad sobre sus recursos; esta es la oportunidad de dar tranquilidad a la Seguridad Social; los fondos del IESS no se pueden topar” agregó.

Mariana Yumbay coincidió con que se debe fortalecer la institucionalidad para dar mejor atención en salud, mejorar créditos, etc. “El Biess no se puede entregar a terceros o manos privadas, esto no es posible, jamás estaremos de acuerdo con esto”, subrayó.

El independiente Christian Benavidez se declaró temeroso, porque cerca de 100 mil personas tienen créditos hipotecarios generados en el Biess. Si se entrega la cartera a entidades privadas, posiblemente muchos de ellos se queden sin vivienda, alertó.

Directorio del IESS: funcionarios de libre remoción

El proyecto también propone que los integrantes del directorio del IESS sean funcionarios de libre remoción.

Otto Vera (PSC) plantea observaciones para un cambio de nomenclatura para la relación de fuerzas políticas dentro del directorio de la Seguridad Social. Si bien el directorio podría seguir presidiendo un delegado del Ejecutivo, también deberán haber representantes de los dueños del IESS: afiliados públicos, privados, jubilados, del seguro campesino. “Así se podrá tener un mejor control de los fondos del IESS”.

Blasco Luna, de la bancada de la RC, pidió a la Comisión de Desarrollo que se abra un “verdadero debate” para tener una ley que no ponga en riesgo al IESS y al Biess, y termine por descapitalizarlo, dejando sin posibilidad el acceso al crédito a los afiliados. “Eso sería lapidario; esto no está bien”, expresó Luna (SC)

Inversión en bonos del Estado

Frente a las críticas de la oposición de que la norma servirá para que el IESS financie al Gobierno, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Edgar Lama, aseguró, en la Comisión de Desarrollo Económico, que la inversión en bonos del Estado es rentable. Según señaló, este año se han ganado mil millones de dólares en inversiones de bonos del Estado. Es una fuente de financiamiento que da resultados y rendimientos porque los bonos del Estado se pagan, subrayó.
Roberto Romero von Bouchwlad, superintendente de Bancos, afirmó que es necesaria una depuración de 36 fideicomisos que maneja el Biess debido a que, según sus mismas autoridades, solo les genera gasto.

La estrategia que se plantea para liquidar muchos de estos proyectos sería lo adecuado para evitar que siga generando pérdidas. Y exhortó al directorio del Biess a demostrar de una manera técnica si continuará o no con cada uno de los fideicomisos.

Fuente: La Hora

La comisión de Desarrollo Económico recibirá más propuestas para preparar el informe para el primer debate. Hasta el 27 de septiembre de 2025, el Pleno de la Asamblea deberá decidir el archivo o aprobación de la ley para lo cual requiere 77 votos.

La siguiente semana, la comisión planifica recibir a representantes de afiliados y jubilados.