Ley de Fundaciones: Corte Constitucional y organismos internacionales, opciones de la sociedad civil
Voceros de las organizaciones de la sociedad civil insisten que en la construcción de la Ley en la Asamblea Nacional, no fueron convocados para presentar sus aportes.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que se verían afectadas con la vigencia de la Ley de Transparencia Social o Ley de Fundaciones, empiezan a planificar acciones.
Una vez que este 28 de agosto de 2025 la ley fue publicada en el Registro Oficial, más de 30 organizaciones se autoconvocaron de manera presencial y telemática.
Ratificaron la necesidad de consensuar acciones frente al discurso oficialista que las cataloga como organizaciones “sospechosas de generar presuntas actividades ilícitas”.
Gabriela Alvear, directora del Grupo Diálogo Diverso, dijo que la ley tiene vicios de legalidad y legitimidad. Por esa razón, consideró que la Corte Constitucional (CC) tendrá un papel muy importante. “La Ley no es constitucional; vamos a tomar acciones a nivel nacional e internacional”, adelantó.
Anticipó que varios sectores realizarán pedidos de acciones de inconstitucionalidad.
Insistió que en la construcción de la Ley, en la Asamblea Nacional, no fueron convocados para presentar sus aportes. “No estamos en contra del Gobierno, estamos a favor del derecho a la libertad de asociación, el Gobierno debería reflexionar su accionar”, expresó.
Gabriela Alvear es de la opinión que en democracia se deberían considerar los diferentes canales de participación ciudadana y trabajar con los diversos sectores a los que atañe la ley, para construir una norma que responda a intereses sociales y no políticos.
En un comunicado conjunto, previo a la entrada en vigencia de la ley, las organizaciones consideraron adoptar otras acciones:
1. Es urgente y necesario que las OSC participen de manera plena, sustantiva, constructiva y democrática en la formulación del Reglamento de la Ley, garantizando un proceso eficiente y participativo.
2. Acudir a organismos internacionales de Derechos Humanos para presentar evidencia que respalde las preocupaciones.
Danilo Manzano, director de derechos Lgbtiq, opinó que la acciones deberán darse a prisa, porque la ley impone un plazo de 60 días para su implementación.
Las acciones de la UAFE y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
La ley en vigencia otorga amplias competencias a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que podrá inmovilizar fondos que considere sospechosos o vinculados a presuntos delitos financieros. También se otorga un papel especial a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). El espíritu con el que fue creada esta institución del Estado fue controlar y vigilar a las organizaciones y entidades que conforman la economía popular y solidaria, fortaleciendo su sostenibilidad, transparencia, etc.
Con la nueva normativa, la SEPS tendrá la potestad de clasificar a las organizaciones sociales sin fines de lucro, según su nivel de riesgo: bajo, medio o alto, y se podrán aplicar los siguientes criterios:
- Volumen de recursos administrados, incluyendo presupuesto anual, activos y patrimonio.
- Origen de los fondos, sea nacional o internacional, públicos o privados.
- Alcance territorial de operación, sea local, nacional o transnacional.
- Naturaleza y finalidad de sus actividades.
- Número de beneficiarios o impacto social declarado.
- Historial de cumplimientos normativos.
Durante el debate de la ley, ADN defendió la iniciativa que buscaba golpear las economías criminales que mueven, según decían, $30 mil millones al año usando como vehículos a organizaciones sociales para cometer delitos como lavado de activos, minería ilegal, etc.
César Ricaurte, director de Fundamedios, recordó que el sustento de la ley fue débil, y volvió a desestimar el monto de $30.000 millones mencionado por el Gobierno con el cual se estaría lavando dinero en Ecuador.
Insistió que, con base a información de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Droga y el Delito, el lavado de activos estaría entre el 2% y 5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que aplicado a Ecuador bordearía entre los $5 mil millones y $6 mil millones. Cuestionó que el Gobierno no explicó de dónde salió la cifra de $30 mil millones. “No existe evidencia que diga que la sociedad civil lava dinero”, subrayó. (SC)
Fuente: La Hora
