Ley de Fundaciones: organizaciones piden a la Asamblea corregir excesos y aprobar una ley equilibrada
El proyecto de Ley de Fundaciones entró en la última semana de debate en la Comisión de Desarrollo Económico. En la mesa se reciben las últimas comparecencias antes de aprobar el informe final y ponerlo a consideración de los 151 asambleístas.
El proyecto de Ley de Transparencia Social o Ley de Fundaciones entró en la última semana de debate en la Comisión de Desarrollo Económico previo a la aprobación del informe final, que será puesto a consideración de los 151 legisladores. La propuesta causó controversia desde el 28 de julio de 2025, con el anuncio del presidente de la República, Daniel Noboa, y su posterior envío a la Asamblea Nacional.
En la mesa legislativa, controlada por el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), se reciben las últimas comparecencias de varios sectores y organizaciones de la sociedad civil, que hacen sugerencias para fortalecer el cuerpo legal o para que se revisen artículos considerados como excesivos. Algunos dan amplias facultades a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que podrá, según el proyecto, inmovilizar fondos que considere sospechosos o vinculados a presuntos delitos financieros.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), asimismo, tendrá nuevas atribuciones: la potestad de clasificar a las organizaciones sociales, según su nivel de riesgo: bajo, medio o alto.
¿Qué proponen las organizaciones sociales para el segundo debate?
1. Regulación y obligaciones diferenciadas según el tamaño, fuentes y exposición; auditorías y controles reforzados solo donde el riesgo esté técnicamente demostrado.
2. Garantías de debido proceso y no disolución por faltas formales: toda medida extrema debe ser excepcional, con control judicial y causales claras.
3. Evitar cargas que empujen a la informalidad, especialmente en organizaciones comunitarias y rurales con baja capacidad administrativa.
4. Evitar enfoques punitivos o generalistas que castigan a todo el sector por conductas no probadas.
5. Las organizaciones de la sociedad civil piden a la Asamblea corregir los excesos y aprobar una ley equilibrada, eficaz y compatible con los estándares internacionales.
Fundamedios: “el sustento de la ley es bastante débil”
ADN defiende la iniciativa como un intento que busca golpear las economías criminales que mueven, según dicen, $30 mil millones al año usando como vehículos a organizaciones sociales para cometer delitos como lavado de activos, minería ilegal, etc.
El 21 de agosto de 2025, la presidenta de la Comisión, Valentina Centeno (ADN) tenía previsto recibir a José Terán, experto en Derecho Mercantil; Roberto Aspiazu, de la Cámara de Energía del Ecuador; y César Ricaurte, director de Fundamedios, organización dedicada a la observación y estudio de medios de comunicación.
“El sustento de la ley es bastante débil”, dijo Ricaurte, tras calificar de “escandaloso” el monto de $30.000 millones entregado por el Gobierno con el cual se estaría lavando dinero en Ecuador.
“Con este argumento se intenta crear la narrativa de que las organizaciones estamos lavando, y de pronto nos convertimos en sospechosos de lavado de activos”, afirmó Ricaurte, en una declaración previa a su comparecencia en la Comisión Legislativa.
Con base a información de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Droga y el Delito, el lavado de activos estaría entre el 2% y 5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que aplicado a Ecuador bordearía entre los $5 mil y $6 mil millones, sustentó Ricaurte.
Sin embargo, cuestionó que hasta ahora el Gobierno no explica de dónde sacan la cifra de $30 mil millones y, de ese monto, cuánto lavan las organizaciones de la sociedad civil. “No existe evidencia que diga que la sociedad civil lava dinero”, subrayó.
Añadió que los legisladores y el presidente Daniel Noboa deberían decir al país cuál es la real intención del proyecto.
La postura de los sectores políticos en el Parlamento
1. Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC) señaló que no se oponen a que haya transparencia en ese sector y las razones de su existencia y de dónde provienen los recursos. Advirtió que muchas fundaciones usan el nombre de Galápagos para captar fondos, y los invierten sin transparencia. “Lo que nos llama la atención es que el presidente Noboa está preocupado, con justa razón, por el lavado de activos que podría haber en las fundaciones”. Sin embargo, cuestionó que en una de las preguntas de la consulta popular se busca el retorno de los casinos, considerados por varios países como el centro de lavado del mundo. “Estas son las contradicciones”, afirmó Serrano.
2. La bancada de la Revolución Ciudadana cuestionó la “hiperregularización” que se otorga a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que se encargará de verificar el volumen de recursos administrados por las organizaciones, así como su presupuesto anual, activos y patrimonio, etc.
3. Alex Toapanta, coordinador de Pachakutik, opina que el proyecto de Ley pone en riesgo la autonomía de los pueblos y nacionalidades indígenas. Afirmó que las comunidades indígenas y campesinas se financian con recursos de organizaciones internacionales enfocadas en apoyo a proyectos de ley de páramos o educación intercultural. Según Toapanta, en el gobierno del expresidente Rafael Correa «hizo algo parecido y dejó en declive a las organizaciones indígenas». (SC)
Fuente: La Hora
