Ley de Fundaciones: ADN iniciará debate bajo presión de la sociedad civil
Los proyectos económicos de Solidaridad Nacional, Integridad Pública y Áreas Protegidas también fueron tramitados en la Comisión de Desarrollo Económico, controlada por ADN
El proyecto de ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales enviado por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente cumplió este 4 de agosto de 2025, el sexto día de rechazo y cuestionamientos por el impacto y la vulneración que generaría en torno al derecho a la libertad de asociación.
El espíritu de la iniciativa remitida el 29 de julio a la Asamblea Nacional por el presidente de la República, Daniel Noboa, busca prevenir, detectar y controlar posibles financiamientos irregulares de organizaciones, corporaciones y demás entidades sin fines de lucro radicadas en Ecuador.
Se trata de una de las leyes del Ejecutivo que mayor resistencia genera, no solo en sectores de la sociedad civil, sino que incluso podría escalar a la esfera empresarial. El proyecto reforma el impuesto a la renta en la distribución de dividendos e incorpora un nuevo impuesto sobre las utilidades que no son distribuidas a los accionistas de las empresas.
Estos son los antecedentes con los que Valentina Centeno, del Acción Democrática Nacional (ADN) y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, deberá lidiar en los próximos días una vez que se inicie el debate del proyecto tras ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Ricardo Buitrón, de Acción Ecológica; y Rosana Palacios, expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), comentaron que las propuestas recuerdan al controvertido Decreto 16 que expidió el expresidente Rafael Correa (hoy prófugo en Bélgica) con el que buscaba regular el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil y ejercer un control sobre ellas para evitar voces en contra de su régimen.
Palacios y el abogado ambientalista, Gustavo Redín, recuerdan que la primera “víctima” del Decreto 16 fue la Fundación Pachamama, y luego la UNE.
Belén Páez, presidenta de la Fundación Pachamama, una de las organizaciones disueltas durante el régimen de Correa, declaró que, si bien las organizaciones sociales apoyan la ley por el control sobre capitales irregulares, les preocupa la similitud con el Decreto 16.
“Queremos pedirle al Gobierno que esta vez haya una gran apertura al diálogo. Y no solo eso, sino que también se debata el antiextractivismo”, subrayó.
Consideró, asimismo, que en la próxima consulta popular anunciada por el Gobierno para diciembre, deberían incluirse temas a futuro, como la crisis climática.
Páez aseguró que, independientemente de lo que ocurra en la Corte Constitucional (CC) o en la Asamblea Nacional con la Ley de Fundaciones, la sociedad civil seguirá movilizándose pacíficamente.
Organizaciones serán supervisadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Los representantes de las organizaciones que fueron consultados por LA HORA recordaron que, si se aprueba el proyecto, las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil pasarán a ser supervisadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
En la propuesta se incluyen infracciones que podrían cometer las fundaciones, como el uso indebido o desvío de los recursos económicos respecto a sus fines declarados o a disposiciones legales; el incumplimiento reiterado de las normas contables, de transparencia o de prevención de lavado de activos y obstaculizar la labor de control de la Superintendencia.
Para Valentina Centeno, la iniciativa se enmarca en la misión del Gobierno de golpear las economías criminales y los flujos irregulares de capital que en muchos de los casos buscan financiar grupos de delincuencia organizada, minería ilegal, o “para financiar paralizaciones o movilizaciones violentas en contra del Gobierno o del Estado”. (SC)
El trámite en la Asamblea
Para su trámite en dos debates, la Asamblea Nacional tiene como máximo hasta el 28 de agosto de 2025, según lo establece el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
Según Valentina Centeno, se ha asumido con seriedad el deber de garantizar que las estructuras legales no sean utilizadas como vehículo para actividades ilícitas como el lavado de activos, la corrupción o el financiamiento de organizaciones criminales.
La norma representa una herramienta clave, agregó, para proteger los recursos del Estado y asegurar que toda organización que opere en el país lo haga bajo principios de legalidad, transparencia y servicio a la sociedad.
Fuente: La Hora
