Código de la Función Judicial: ADN plantea incluir el polígrafo y rediseñar la Judicatura
En el texto del proyecto de reforma se señala que el sistema judicial enfrenta una crisis histórica marcada por corrupción estructural, penetración del crimen organizado e ineficiencia institucional e impunidad, lo que ha generado la desconfianza ciudadana.
Una nueva propuesta de reforma a la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) se tramita en la Asamblea Nacional.
Tosa Torres (ADN), presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado planteó una iniciativa que incluye, por ejemplo, la incorporación del polígrafo para unidades especiales, un rediseño del Consejo de la Judicatura, un nuevo régimen disciplinario, repotenciación de los juzgados de paz, entre otros
El proyecto de reforma tiene nueve ejes:
1. Blindaje ético del poder judicial: la propuesta busca implementar el polígrafo para jueces y fiscales de unidades especiales que conozcan causas relacionadas con delitos graves (la propuesta se ampara en el artículo 230.1 COFJ) y como un “medio efectivo” para alcanzar un “nivel alto” de confianza en los servidores judiciales. Además, que a través de la Contraloría General del Estado se cree un sistema de seguimiento electrónico mediante cruces de declaraciones patrimoniales con fuentes como el sistema bancario, SRI, registro de la propiedad, registros vehiculares, etc. permanente de los patrimonios de jueces, fiscales y defensores público para detectar presuntos enriquecimientos ilícitos.
2. Transparencia y democratización de la justicia: el proyecto de reforma establece la participación ciudadana en procesos judiciales mediante jurados populares para delitos contra la administración de justicia (peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito que pasen de $500) así como de casos contencioso administrativos, tributarios y de responsabilidad extracontractual del estado que superen el $1 millón.
3. Tratamiento técnico de medidas cautelares: se crean unidades de servicios judiciales especializados para garantizar rigor técnico y control en su aplicación.
4. Concursos en la función judicial: se norman los procedimientos legales para concursos de méritos y oposición para personal judicial, no judicial y notarial garantizando transparencia y meritocracia. La regulación de concursos es un avance que refuerza la transparencia, meritocracia e independencia judicial. El proyecto establece procedimientos “claros y técnicos” para el ingreso, ascenso y promoción dentro de la Función Judicial, en cumplimiento del artículo 109 de la Constitución. Esto contribuye a evitar la injerencia política y garantiza que los mejores perfiles accedan al sistema, elevando la calidad del servicio de justicia.
5. Rediseño del Consejo de la Judicatura: se reorganiza su estructura administrativa para superar bloqueos institucionales y fortalecer la gobernanza judicial. El proyecto propone una estructura técnica y funcional. Las funciones ejecutivas deben estar confiadas a una instancia unipersonal; en cambio, las responsabilidades legislativas, reglamentación, y sancionatorias a un órgano pluripersonal. Se aclara las competencias entre el pleno del Consejo de la judicatura y el director administrativo y director general.
6. Nuevo régimen disciplinario: se crean procedimientos diferenciados para sancionar a funcionarios judiciales, operadores de justicia y abogados con la garantía del debido proceso.
7. Modernización tecnológica: se impulsa la transformación digital mediante expediente electrónico y sistema de gestión judicial.
8. La reforma fortalece la Escuela Judicial como órgano especializado del Consejo de la Judicatura, encargado de la formación inicial y continua de aspirantes y servidores judiciales. Para jueces, fiscales y defensores públicos se exige una maestría judicial previa al concurso, con contenidos prácticos y éticos. También se estructuran etapas diferenciadas de formación, becas, evaluación de impacto y cobertura nacional.
9. La repotenciación de los juzgados de paz en el proyecto de reforma al COFJ es una medida positiva que fortalece la justicia comunitaria, dice el texto de proyecto, y añade que se fomenta la resolución pacífica de conflictos y contribuye a descongestionar el sistema judicial. Para que sea efectiva, se requiere capacitación, recursos y una normativa clara sobre su funcionamiento y articulación con la justicia ordinaria. Esta propuesta se alinea con los principios constitucionales de pluralismo jurídico y acceso a la justicia. Un cambio paradigmático es que para pequeños conflictos especialmente vecinales se les otorga competencia judicial
En un resumen con la exposición de motivos para la presentación del proyecto, se señala que el sistema judicial ecuatoriano enfrenta una crisis histórica, marcada por corrupción estructural, penetración del crimen organizado, ineficiencia institucional e impunidad, lo que ha generado una profunda desconfianza ciudadana.
Ante este escenario, dice el documento, se vuelve imprescindible una transformación estructural y responsable del sistema judicial, y aclara que la propuesta de ley no recurre a soluciones simbólicas ni autoritarias, sino que plantea una reforma integral, profunda, técnica y respetuosa de los derechos fundamentales.
Su objetivo es reorganizar la justicia desde sus cimientos, enfrentando de forma real y efectiva el deterioro institucional con medidas que marquen un verdadero giro. (SC)
Fuente: La Hora
