Asamblea: ADN volverá a poner a prueba la mayoría para aprobar tercer proyecto urgente

En la Asamblea, una facción de Pachakutik podría volver a inclinar la balanza para la aprobación del último proyecto de ley urgente económico enviado por el Ejecutivo para la recuperación de áreas protegidas.

Una facción del movimiento Pachakutik (PK) el principal aliado del movimiento de Gobierno Acción Democrática Nacional (ADN), en la Asamblea Nacional, podría volver a inclinar la balanza y allanar el camino para la aprobación, con sus seis votos, del último proyecto de ley urgente enviado por el Ejecutivo para la recuperación de áreas protegidas.

El informe para el segundo y definitivo debate de la ley fue aprobado el 8 de julio de 2025, en la Comisión de Desarrollo Económico, dominada por ADN.

La iniciativa fue aprobada con ocho votos a favor (seis de ADN y dos de los exasambleístas de correísmo Sergio Peña y David Arias). Los asambleístas de la bancada correísta Diego Salas y Fernanda Méndez votaron en abstención.

En el proyecto que será puesto a consideración de los 151 asambleístas en una sesión del pleno prevista para la tarde de hoy, 10 de julio, se excluyó la creación de una empresa pública que iba a encargarse de administrar el 20 % del territorio nacional que, según las cifras oficiales, suman las áreas protegidas.

Este es uno de los temas que mayor polémica generó durante el primer debate de la ley el pasado 2 de julio.

Con esta modificación, el oficialismo buscó asegurarse los respaldos necesarios para aprobar la norma. ADN requiere 77 votos, como lo dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Sin embargo, el apoyo podría ser mayor.

Por el momento, el oficialismo tendría asegurados 73 votos (ADN que suman 66 y 7 independientes). A ellos se sumarían 6 de Pachakutik.

Durante el primer debate en el Pleno, el Pachakutik, el Partido Social Cristiano (PSC) y un grupo de independientes rechazaron la propuesta de crear una empresa pública, y coincidieron que la iniciativa dejaba abierta la posibilidad de que las áreas protegidas sean privatizadas.

Servicio de Áreas Protegidas

El actual informe para segundo debate señala que el presidente de la República, podrá crear el Servicio Nacional de Áreas Protegidas como entidad pública con autonomía administrativa y financiera.

La administración de esas áreas podrá ser 100% pública o ser delegada a privados con contratos específicos o con modelos asociativos permitidos por la ley.

ADN también incluyó un artículo que prohíbe las actividades y proyectos extractivistas en las áreas protegidas. En el primer informe esa prohibición constaba, pero solo para los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas.

“Se deja claro que está prohibida la privatización, que no se puede entender inversión como ceder títulos de propiedad sobre ninguna área protegida”, dijo Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, quien será la ponente del proyecto de ley durante la discusión en el pleno.

“Esto fue una desinformación”, comentó Centeno ante los cuestionamientos de Pachakutik y los independientes que veían que la propuesta original podía haber permitido el extractivismo en las zonas de reserva porque habla de respetar la consulta previa a las comunidades, mecanismo que se activa solo cuando van a iniciar proyectos que pueden afectar los territorios.

Los cambios incluidos demuestran el espíritu democrático y que, con transparencia se pudo llegar a consensos que recogen las observaciones de todos los sectores políticos, gremios y académicos, dijo Centeno.

Yumbay sigue lejos de ADN

Sin embargo, para Mariana Yumbay (PK) que se mantiene alejada de la línea del ADN, la propuesta deja abierta la posibilidad de la privatización. “No se está buscando ni la protección de la naturaleza ni de los territorios, ni la protección de los derechos de los pueblos, sino la sostenibilidad financiera.

Yumbay también se refirió al artículo 7 que habla de crear infraestructura en áreas protegidas, lo que significa,dijo, la construcción de hoteles, vías de acceso, etc. “Esto no se hará en el aire, sino atentando contra la biodiversidad y a los ecosistemas que existen en las áreas protegidas”, según Yunbay.

Por el contrario, dijo Valentina Centeno, lo que se busca es mejorar la infraestructura turística que ya existe y al final del día mejorar el servicio y poder captar inversión para fortalecer las áreas en zonas destinadas para turismo. “La actual infraestructura de las áreas protegidas es deplorable, está en pésimas condiciones; no existe vigilancia y control, señalización, senderos de calidad”, afirmó.

Creación de empresa pública

Juan Gonzaga, asambleísta de Sucumbíos (Independiente) también alertó que la creación de la empresa pública pudo haber limitado los derechos y facultades que podría tener el Ministerio de Ambiente.

Sugieren que sea el ministerio que asuma los procesos de concesión y entrega a las operadoras turísticas que puedan ingresar a las áreas protegidas. Además, que en alcance a las recomendaciones de la Corte Constitucional obligó al ente legislativo a realizar consultas prelegislativas.

“Entendemos que por la naturaleza del trámite no va a poder realizarse la consulta prelegislativa, pero sí recoger la vigencia de los derechos de comunas y nacionalidades que son parte de los ecosistemas que deben ser preservados, combatir la minería ilegal”.

A partir de los cambios que se hicieron al segundo debate es muy probable que se pueda apoyar el proyecto de ley, mencionó.

En el proyecto se incluyen temas de jubilación voluntaria

Mariana Yumbay cuestionó, además, que se sigue violentando el principio de la unidad de materia que no tiene nada que ver con áreas protegidas.

Yumbay se refiere a que en el proyecto se incorpora que los servidores públicos podrán jubilarse voluntariamente desde los 60 años y recibirán la compensación de ley. Con esta inclusión, el oficialismo corrige el error cometido en la aprobación de la ley de Integridad Pública que cambió el artículo 81 de la Ley de Servicio Público referente a la jubilación. En el texto de la ley se escribió 65 años, en lugar de 60. (SC)

Otros temas que incluye el proyecto de ley

1. El proyecto mantiene la remisión de intereses, multas y recargos para los deudores de la Corporación Financiera Nacional (CFN) que paguen al menos el 10% del capital. Pero, se exceptúan autoridades de elección popular, funcionarios del nivel jerárquico superior y sus familiares.

2. El informe crea un fideicomiso para financiar la administración de las áreas protegidas, con donaciones nacionales e internacionales, préstamos, rendimientos de proyectos en las zonas protegidas y otros ingresos como tasas y tarifas.

3. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán ingresar a las áreas protegidas en las que se detecte presencia de organizaciones criminales. La intervención será temporal hasta que se elimine la amenaza.

Fuente: La hora

Las leyes de Solidaridad, y de Integridad Pública fueron las dos primeras enviadas por el presidente Daniel Noboa y aprobadas en la Asamblea, pero que enfrentan demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC).