Marcha ambiental en Cuenca: ¿el renacer de Yaku Pérez?

Yaku Pérez reaparece en la escena pública debido a su relación con organizaciones sociales que se oponen a un proyecto minero en el páramo de Kimsakocha. Abiertamente, ha llamado a marchar en Cuenca en contra del extractivismo minero.

Yaku Pérez Guartambel es abogado y docente. Fue candidato presidencial dos veces, la última en las elecciones anticipadas de 2023 por la alianza política “Claro que se puede”. También fue candidato para asambleísta por el movimiento político “Amigo” en 2025, pero en ninguno de los casos los votos le alcanzaron.

Ahora, la figura de Pérez destaca públicamente por ser uno de los rostros visibles que rechazan la licencia ambiental otorgada el 23 de junio de 2025, por parte de la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, a la compañía Dundee Precious Metals Ecuador S.A., titular del proyecto minero Loma Larga, ubicado en las parroquias Victoria del Portete, San Gerardo y Chumblín, en los cantones Cuenca, Girón y San Fernando.

El proyecto minero que genera reacciones

Se trata de un proyecto considerado de “gran minería para las fases de explotación y beneficio”, según consta en la Resolución MAATE-SUIA-LA-SCA-2025-00003. Dundee proyecta construir una mina de oro subterránea de alta calidad, con una vida útil de 12 años.

Pero Pérez, quien es integrante y abogado de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), dice que si el proyecto entra en fase de explotación afectará al páramo de Kimsakocha y a los ríos principales de Cuenca (Tarqui, Yanuncay, Irquis y Portete).

Ante esto, la FOA, las Juntas de Agua de Tarqui, de Victoria del Portete, la comunidad San Pedro de Escaleras, la Sociedad de Riego Girón, el Cabildo por el Agua de Cuenca, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) organizan una marcha por el agua, anunciada para el 16 de septiembre de 2025.

Sin embargo, no son los únicos que marcharán. Hay organizaciones que se han autoconvocado, como el Colegio de Ingenieros Civiles del Azuay, que en un comunicado defendió que Kimsakocha es una reserva hídrica estratégica para Cuenca.

También se sumarán profesionales de la salud, abogados, gremios de turistas, según la FOA. La Conaie también los respalda. La Alcaldía de Cuenca y la Prefectura de Azuay se suman al rechazo. El Concejo cantonal también participará, así como el colectivo Ecos del Yasuní.

A pesar de que el presidente Daniel Noboa manifestó su intención de no seguir con el proyecto, hay dudas de las organizaciones.

Pérez, en diálogo con LA HORA, expone los motivos de su postura y la relevancia de la unidad.

Pregunta: ¿Cuál es el fondo de la marcha?

Estamos diciéndole al Gobierno que revoque la licencia ambiental y cancele definitivamente el proyecto Loma Larga en Kimsakocha, porque ya hemos ganado juicios, tres consultas populares (consulta comunitaria en Tarqui y Victoria del Portete en 2022, en Girón en 2019 y en Cuenca en 2021) y tenemos informes técnicos como el de Etapa (en 2024, la Empresa Pública de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental indicó que Loma Larga es un yacimiento de oro, cobre y plata de alta sulfuración y que hay riesgo de contaminación del agua con arsénico y otros metales pesados).

Y si no escucha el Gobierno, el 23 de septiembre inicia un levantamiento indefinido. El juez (Carlos Cárdenas, de la Unidad Judicial de Trabajo de Cuenca) no se ha pronunciado (sobre el petitorio de Pérez de que declare la nulidad de la resolución que otorgó la licencia). Si bien los juicios están ganados, ahora tiene que ejecutar la sentencia, es decir que se cumpla con la consulta previa, con los informes técnicos. Nada de eso ha cumplido el Gobierno y extendió la licencia ambiental.

(Cárdenas emitió la sentencia escrita del 20 de julio de 2022 y ordenó “la suspensión y la inejecutabilidad del registro del sistema único de información ambiental del proyecto”. Y al Ministerio de Ambiente ordenó cumplir con esa suspensión “hasta que el Estado realice la consulta previa a las comunidades indígenas existentes en las parroquias Victoria del Portete, San Gerardo y Chumblín, sin que se pueda continuar con la fase de explotación y beneficio en las concesiones Cerro Casco, Río Falso y Cristal”, que conforman el proyecto).

Como revancha, la Virgen de las Aguas que estaba colocada desde hace 15 años en Kimsakocha fue destruida. Por eso presentamos una denuncia penal en la Fiscalía en contra de la empresa minera. Hay demandas internacionales presentadas en el Comité contra la Discriminación Racial y también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que está lista para la admisibilidad. Estamos a la expectativa.

P: ¿Cuál es la expectativa de la medida en la calle?

La marcha por el agua comenzó en Cuenca para defender Kimsakocha, que abastece a casi la mitad de la población de Cuenca. Pero esto fue creciendo como una onda expansiva. Estuve en Loja, invitándoles. Estuve en El Oro y van a venir delegaciones de todo el país. Desde 1994 ha pasado mucha agua bajo el puente, detenciones, golpes, heridos, prisiones preventivas, pero esta semilla cayó en tierra fértil y ahora vemos que se unen las universidades, la Iglesia, las autoridades, los gremios de profesionales, de los hospitales, los jóvenes, los niños. Ya no solamente son los ecologistas, los campesinos y los indígenas, los activistas. Esta lucha se va multiplicando y va a ser un grito de Cuenca al Ecuador y al mundo para decir que el neoextractivismo, este neocolonialismo, no tiene futuro porque nos trae contaminación, depredación, envenenamiento, corrupción.

Es el momento de unir fuerzas sin excluir a nadie. Invitamos una vez más para este 16 de septiembre a hacer un acto disruptivo. Será una multitudinaria marcha que nunca hemos visto en Cuenca y en el país en contra del extractivismo. Nos sentimos muy contentos del inmenso eco que estamos sintiendo por el apoyo de todo el país, incluso a nivel internacional.

P: ¿Su activismo en defensa del agua se limita a los casos en Azuay?

No, es una posición en defensa del agua y la vida en todos los territorios en donde nos demanden de nuestro contingente. Si bien en Azuay tenemos varios casos, pero como académico y como jurista estoy patrocinando otros casos en Bolívar, en el caso Las Naves; en Imbabura, frente al extractivismo en Cielo Verde. Estoy patrocinando junto a otros abogados en Ayabaca, en Perú. En Colombia. Estaremos en Brasil. Es decir, la lucha contra el extractivismo no es local, es global y uno no puede ser egoísta, tiene que apoyar en todos los lugares.

P: ¿Hay minería ilegal en Azuay? ¿La combaten?

De lo que conocemos hay minería, entre legal e ilegal, en Sígsig y Camilo Ponce Enríquez. Pero allá no tenemos bases ni comunidades que estén coordinando con nosotros. Sí tenemos, en cambio, bases en Molleturo (por el proyecto minero Río Blanco), en Cochapata, Cerro Hermoso, Oña, Kimsakocha. Tampoco hay minería legal porque allí estamos en resistencia.

P: ¿Somos Agua, su organización política, está en pausa?

De las casi 300.000 firmas presentadas, el Consejo Nacional Electoral nos aprobó un ridículo número de 35.000 (en 2021 no logró la inscripción). Ante esa situación hemos hecho una pausa y vamos a ver más adelante. Le estamos poniendo más fuerza a la lucha ecosocial. No es nuestra prioridad la lucha electoral. Nadie es indispensable en la vida y por eso es mi afán el generar nuevos perfiles en la lucha social. Me alegra mucho que hoy haya un despertar en Azuay y en muchas partes. Eso es bueno. Quisiéramos que haya muchos abogados que conozcan la parte constitucional, penal, ambiental para que hagan una defensa técnica sólida frente al poder político y económico que tienen los gobiernos y las multinacionales.

Tras el diálogo con Pérez, LA HORA consultó al Ministerio de Energía si la suspensión del proyecto Loma Larga, que se dispuso el 6 de agosto, continúa o no. No hubo respuesta. (KSQ)

Fuente: La Hora