CNJ y Judicatura: en silencio ante críticas por supuesta interferencia de la política en la justicia

En medio de la crisis que atraviesa el sistema judicial, una nueva ley aprobada en la Asamblea aparece como la tabla de salvación para intentar sanear la Función Judicial y los requerimientos de los usuarios del sistema.Pero se cuestiona una presunta interferencia de la política.

En medio de la crisis que atraviesa el sistema judicial del país, una nueva ley aprobada en la Asamblea Nacional aparece como la tabla de salvación para intentar sanear la Función Judicial y los requerimientos de los usuarios del sistema.

El proyecto de Ley de Integridad Pública otorga poder al Consejo de la Judicatura (CJ) para declarar en emergencia esta función del Estado. Esta declaratoria permitirá, de forma temporal y excepcional, realizar las siguientes acciones:

1 Establecer un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial, donde no se generará estabilidad a los servidores judiciales.
2 Reasignar y requerir recursos presupuestarios para atender la emergencia.
3 Realizar evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales.
4 Realizar las contrataciones por emergencia que se requieran. La resolución de declaratoria de emergencia deberá estar motivada, y determinar un plazo de duración que podrá prorrogarse por decisión del Pleno del CJ.

Desde que el Gobierno de Daniel Noboa entró en funciones (a partir de noviembre de 2023 tras las elecciones anticipadas, y luego con el triunfo electoral de abril de 2025), esta no es la primera vez que en la actual administración se habla de cambios en el ámbito judicial

En la consulta popular de abril de 2024 se aprobó el funcionamiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, pero aún no entran en vigencia.

Pero la propuesta contenida en la Ley de Integridad Pública no ha sido bien recibida por algunos sectores que lo ven como una nueva interferencia o “toma” de la política en la justicia y con el riesgo de “cero independencia”.

Mientras tanto, los actores involucrados: Corte Nacional de Justicia (CNJ), las cortes provinciales de justicia y la Judicatura, permanecen en silencio.

A José Alomía, expresidente de la Federación de Abogados, no le sorprende las nuevas facultades como organismo “superpoderoso” que le otorga la nueva ley a la Judicatura; ente de administración y disciplina de la Función Judicial.

Remarcó que, a pesar de ello, la Judicatura deja mucho que desear no solo en el área penal, sino en lo contencioso, civil, laboral y en las cortes provinciales.

“Todo es una desgracia, esto se debe a la inoperancia de la Judicatura que ha fracasado en un 98% en el cumplimiento de sus funciones, no ha dado en el clavo, solo ha llegado a ver qué puestos hay y ha cumplir los mandados de quién les pone”, advirtió.

Alomía también se queja que se le otorgue nuevas facultades para que el organismo emprenda una reestructuración. “Esto es un contrasentido, en el organismo debe haber gente seria, responsable”, subrayó.

Para Alomía, es imposible que cinco vocales puedan evaluar en dos años a 15 mil o 16 mil funcionarios.

A su criterio, la Judicatura debería aprovechar sus nuevas facultades para realizar evaluaciones a fiscales, notarios que están prorrogados en funciones casi seis años, y tratar de adelantar el concurso a jueces de la CNJ.

Giuseppe Cabrera: estrategia para desacreditar a las instituciones

Giuseppe Cabrera, abogado y máster en Análisis Político de la Universidad Complutense de Madrid, opina que el anuncio de las autoridades del Gobierno de publicar las fotos de jueces y fiscales, ha sido una práctica de los gobiernos del mundo que tienen poco apego a la democracia.

A su criterio, usan esta estrategia para desacreditar a las instituciones, interferir en la Función Judicial, reformar sin el debido proceso y sin garantías, “sacar a los jueces que ellos (el Gobierno) dice que son correístas”, y acumular el poder alrededor de las funciones del Estado. “Todo proyecto autoritario busca tener todas las funciones”, afirmó Cabrera.

En enero de 2024, la jueza de la CNJ, Daniella Camacho, dijo que las metidas de mano a la Justicia le han costado a este país. “Ha costado que la Corte Interamericana indemnice a jueces en la Corte Nacional y Tribunal Constitucional”. (SC)

Valentina Centeno: ‘con esta ley serán obligatorias las evaluaciones’

Valentina Centeno (ADN), defendió que la ley plantee que se declare en emergencia al sistema de Justicia.

Mencionó informes de organismos internacionales como la ONU, que señalan que la Justicia es “extremadamente frágil, corrupta, con limitaciones altísimas de transparencia”, y con mafias y el crimen organizado enquistado en la administración de Justicia que se supone están llamados a ser independientes.

Con la emergencia se podrán realizar procesos expeditos de ingreso a la carrera judicial porque se requieren más jueces limpios y menos magistrados corruptos. El país no admite más corrupción en la administración de Justicia, con esta ley serán obligatorias las evaluaciones a jueces y fiscales, dijo.

Hitos de la politización de la justicia

● En 1984 León Febres Cordero, rodeó con tanques la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? El Congreso de la época dio por terminado el período de los jueces, tras un cambio en la Constitución que reducía su periodo de seis a cuatro años.
● Luego de una negociación política entre el Gobierno y el Congreso, nuevos jueces se quedaron en la Corte. La pugna por la Justicia había comenzado y estuvo sometido al control de los partidos políticos: PSC, PRE, ID, DP. A pesar de ello, el abogado José Alomía recuerda que los partidos, al menos se preocupaban de designar juristas como Héctor Romero Parducci, Gonzalo Benítez, Galo Pico, Jaime Velasco, Ernesto Albán Gómez. “Antes había algo de carrera judicial, hoy no existe”.
● En 1995, Sixto Durán Ballén convocó a consulta popular para intentar cambiar la Función Judicial, y conformar un nuevo tribunal de Garantías Constitucionales. Perdió la consulta.
● En mayo de 1997, Fabián Alarcón impulsó una consulta para crear un Consejo de la Judicatura, comisiones especiales para nombrar jueces, y un nuevo reglamento de selección y evaluación de magistrados y dio paso a la nueva Constitución de 1998. Dispuso que, a partir de su publicación, la Corte Suprema tenía total libertad para elegir a sus integrantes.
● En 2004, el presidente de la República, Lucio Gutiérrez, gobernaba sin mayor problema. Viajó a Panamá donde se reunió con Abdalá Bucaram. “Esto fue público”, recuerda José Alomía. A su regreso convoca a un congreso extraordinario donde un delegado del MPD eleva a moción que se destituya la Corte Suprema, y se nombra a una nueva Corte con Guillermo Castro Dáger, alias El Pichi a la cabeza. Aquella Corte había anulado los juicios en contra de Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y Alberto Dahik; los tres regresaron a Ecuador
● Por esas decisiones, en el país empiezan las movilizaciones. Lucio Gutiérrez es defenestrado.
● En 2005, con el presidente Alfredo Palacio se instala una nueva Corte que es cesada por la Constituyente de Montecristi.
● Rafael Correa impulsó la Constitución de Montecristi en 2008,a través de una Asamblea Constituyente, donde se cambió el nombre de la Corte Suprema de Justicia a Corte Nacional de Justicia. El número de magistrados se redujo de 31 a 21.
● En 2011, Correa llama a consulta para sustituir al pleno del CJ de entonces por un renovado Consejo de Transición que duraría un año y medio
● En 2012, el CJ Transitorio (integrado por Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yavar) culmina sus funciones. Dejó como nuevo presidente a Gustavo Jalkh.
● En 2018, el presidente Lenín Moreno llamó a una consulta, se reestructuró el Cpccs. Entre todos los cambios a los organismos de control, se buscó sanear las cortes reestructurando la Judicatura de Jalkh.

Fuente: La Hora