Con los votos del correísmo y ADN, proyecto de ley sobre economías criminales irá al Pleno de la Asamblea este sábado

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó para las 19:00 de este sábado 7 de junio de 2025 a sesión del Pleno para conocer el informe en segundo y definitivo debate. La aprobación de la normativa requiere 77 votos.
La Comisión de Desarrollo Económico, con el voto unánime de sus diez integrantes, aprobó el informe para el segundo y definitivo debate del proyecto de Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, calificado por el presidente de la República, Daniel Noboa, como urgente en materia económica.
La normativa incluye medidas de protección, prevención y reparación a personas vulnerables en zonas afectadas por el crimen organizado, el incremento de penas para el tráfico de combustibles y adecuaciones al régimen de rehabilitación social.
En este sentido, el proyecto reconoce la necesidad de establecer medidas de protección y atención prioritaria a la población civil afectada por el conflicto armado interno, conforme a lo dispuesto en la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario, a fin de garantizar que las víctimas accedan a sus derechos, promoviendo su reparación integral y su inclusión en políticas públicas diferenciadas y con enfoque de dignidad.
Igualmente, en el texto para segunda discusión se incrementa de 22 a 26 años la pena para delitos relacionados con el sector hidrocarburífero y se adecúa el sistema penal en cuanto a la proporcionalidad en la aplicación de sanciones por los jueces, a fin de evitar el abuso de medidas sustitutivas a la prisión preventiva o, por ejemplo, cambios de un régimen de rehabilitación semiabierto a abierto sin las condiciones que lo justifiquen.
Además, en el documento constan mecanismos de evaluación y depuración del personal militar y policial, cada seis meses, mientras dure el conflicto armado interno, con el propósito de salvaguardar el normal desempeño de las funciones que corresponden a los organismos de seguridad pública.
Sobre la figura del indulto anticipado, la Comisión considera necesario permitir que se establezca un indulto diferido, a fin de evitar que los efectivos policiales y militares sean sujetos de prisión preventiva, arresto domiciliario o el uso de grillete en caso de una investigación penal en su contra, producto de la lucha contra el crimen organizado. (SC)
Fuente: El Tele’grafo





