Quito: Municipio y transportistas tratan el alza de pasajes en mesas de diálogo
La eliminación del subsidio al diésel abrió un debate sobre un posible incremento en el costo del transporte público en Quito. El alcalde Pabel Muñoz responsabilizó al Gobierno por la medida. La Secretaría de Movilidad mantiene mesas de trabajo con los transportista
La decisión del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel provocó una nueva tensión en el sector del transporte público. En Quito, los transportistas ya pusieron sobre la mesa la posibilidad de un aumento de tarifas, mientras el Municipio intenta sostener el diálogo.
La HORA pudo acceder a información donde confirman que el Municipio, junto con los transportistas, ya están en mesas de diálogo para buscar una opción con respecto al incremento de la tarifa.
Propuesta del sector
Luis Haro, representante del transporte, confirmó que ya se presentó a la Secretaría de Movilidad un modelo de gestión que busca cambiar el esquema actual hacia un pago por kilómetro recorrido. “Creemos que este sistema permitiría ajustar los ingresos de forma más justa para el servicio”, explicó.
La propuesta se analiza en mesas de trabajo, pero el Municipio asegura que aún no les ha llegado la propuesta del modelo de gestión que mencionan los transportistas e insiste en que cualquier cambio depende de mejoras tangibles para los usuarios. El valor referencial planteado es de 1,80 dólares por kilómetro recorrido.
Según Haro, este esquema permitiría un ajuste más justo para los operadores y una mejor planificación del servicio.
Un modelo “primitivo”
Para Édison Yánez, especialista en transporte público, el debate va más allá del subsidio o del valor de la tarifa, pues el problema es estructural. “A nivel de Latinoamérica, el modelo de pago por servicio se usa en toda la región, salvo en Ecuador y Bolivia. Tenemos 50 años de retraso. El sistema actual es tan primitivo que los choferes ven a la gente como moneda y no como cliente”, explicó.
Yánez señaló que el maltrato a usuarios, como la negativa de algunos conductores a transportar a quienes pagan media tarifa, es consecuencia directa de este esquema obsoleto. “No ha habido una decisión política de cambiarlo. Y mientras no se haga, el servicio no mejorará”.
El especialista detalló cuatro pilares para una reforma:
Operadora modelo: que el Municipio defina requisitos claros y exigencias mínimas para que los privados operen. Actualmente, la normativa de caja común de 2013 exige entre 39 y 40 empleados administrativos, pero en los cálculos oficiales solo se reconocen 12, lo que genera ineficiencia.
Operación modelo: establecer rutas tipo, kilómetros promedio y verdaderos indicadores de gestión que midan eficiencia, no solo calidad.
Modelo de pago: migrar hacia el pago por kilómetro recorrido, en línea con los estándares internacionales.
Tarifa socialmente justa: fijar el gasto mensual en transporte en un rango máximo del 15% de los ingresos familiares, como ocurre en la mayoría de países de la región.
“Si el Municipio decide que ese gasto sea del 10% o incluso del 5%, está bien. Inclusive puede fijar tarifas gratuitas. La diferencia entre lo que paga el ciudadano y el costo real del servicio debe cubrirse con un fondo de transporte, previsto en la ordenanza 017-2020, pero que hasta ahora no se implementa”, recalcó Yánez.
De aplicarse ese esquema, Quito podría atraer inversiones de hasta 300 millones de dólares y generar alrededor de 5.000 empleos directos, según el especialista. “El país necesita un modelo técnico, no discursos políticos”, concluyó.
Sector del transporte en Quito crea presión por aumento de tarifa
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, en su programa Frecuencia Quiteña, este lunes 29 de septiembre, señaló que “el único responsable de que hoy se hable de posibles incrementos de tarifas en el transporte público es el Gobierno Nacional”. Recordó que la eliminación del subsidio forma parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtió que la medida “golpea directamente a los hogares empobrecidos”.
Muñoz defendió que los subsidios que deben eliminarse no son los destinados a la movilidad y la alimentación, que representan hasta el 65% de los gastos familiares, sino aquellos que sostienen economías ilegales y criminales. “El transporte público no es solo una política de movilidad, sino también una política social. Hablar de alzas de tarifas solo debería darse cuando existan mejoras reales en la calidad del servicio y avances en electromovilidad”, enfatizó.
En el caso de Quito, Muñoz recordó que ya se han dado pasos en esa dirección con la operación del Metro y la incorporación de nuevos trolebuses eléctricos, que reducen costos de operación y contaminan menos. “El debate nacional no debe desviarse: lo urgente es atender la crisis sanitaria, de empleo y de seguridad que golpea al Ecuador”, concluyó
Fuente: La Hora
