Más leyes, más corrupción: el círculo vicioso que alimenta a los políticos y le cuesta miles de millones al año a los ecuatorianos

Cada año Ecuador pierde hasta $5.000 millones por corrupción. La respuesta de todos los gobiernos ha sido generar más normas. Pero ¿y si el verdadero origen del problema fuera eso? Desde Argentina, el ministro Federico Sturzenegger propone desregular como antídoto.

Cada año, Ecuador pierde cifras equivalentes a entre el 2% y el 4% de su Producto Interno Bruto (PIB) por culpa de la corrupción. Esos son entre $2.000 millones y $5.000 millones, según varias fuentes como la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), Transparencia Internacional y organismos multilaterales. La respuesta de todos los gobiernos, incluyendo el de Daniel Noboa, ha sido siempre la misma: legislar más, regular más, emitir más decretos, acuerdos, resoluciones y controles. Una «guerra contra la corrupción» que se libra con una artillería que, paradójicamente, puede estar alimentando el problema.

A julio de 2025, Ecuador suma más de 150.000 normas jurídicas vigentes, entre leyes nacionales, reglamentos, ordenanzas, resoluciones y acuerdos. Esta maraña regulatoria no ha traído más ética ni transparencia. Lo que ha traído, como denuncia el abogado experto en mejoras regulatorias y consultor Ricardo Freire, es un círculo vicioso que frena el desarrollo, favorece la informalidad y abre puertas a la corrupción institucionalizada.

“Cuantas más regulaciones existen, más espacio hay para la discrecionalidad y menos claridad para los ciudadanos y las empresas. Eso genera inseguridad jurídica y favorece la corrupción”, explica Freire.

La fórmula repetida: más leyes, menos resultados

El Gobierno de Noboa ha seguido la misma ruta. Solo en el primer mes de su nuevo Gobierno, se aprobaron tres nuevas leyes, incluidas dos económicas urgentes. En 2024, se emitieron más de 60 nuevas normas entre reglamentos y reformas. La llamada Ley de Integridad Pública, ya vigente, suma más controles y requisitos bajo el objetivo de blindar la contratación estatal.

Así por ejemplo, según Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia, “se exige que todos los contratos incluyan cláusulas de tiempo de pago”, para evitar que las empresas quiebren por los retrasos. Pero el remedio vuelve a ser otro parche normativo.

La mirada desde Argentina: cuando la ley es el problema

Mientras Ecuador legisla más, desde Argentina, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, durante una reciente conferencia, lanza una tesis contraria: la corrupción estructural no se combate con más leyes, sino con menos.

Sturzenegger, parte del equipo de Gobierno de Javier Milei, lo dice sin rodeos: “Cuando la ley es la corrupción, cuando el sistema institucionaliza los privilegios y los sobornos, la solución no puede ser más leyes, sino eliminar las que dan poder arbitrario al político para corromperse”.

Para el ministro, hay cuatro causas estructurales de la corrupción que son comunes en Argentina, España (asolada por la corrupción del PSOE en el poder) y Ecuador:

Falta de ética pública: “Podemos tener reglas de contratación, pero sin ética detrás, la corrupción se cuela por los recovecos legales”.

Complicidad del sector privado: “Empresas que empezaron como víctimas de coimas terminan convirtiendo la corrupción en parte de su modelo de negocio”.

Exceso de leyes: “Es la principal causa. Cuando las leyes no están hechas para proteger al ciudadano, sino para dar poder discrecional al burócrata o al político, se institucionaliza la corrupción”.

Sistema legal capturado: “Tenemos una montaña de leyes diseñadas para proteger privilegios (o para impedir o frenar la competencia). Y cuando eso pasa, el problema ya no es que los políticos sean corruptos, sino que el sistema los obliga a serlo”.

Sturzenegger propone lo contrario de lo que hace Ecuador. “La solución es la libertad. Es eliminar leyes inútiles. Salir del infierno de Grand Gilmore, donde todo se regula para que el Estado lo controle todo”, acotó.

En Argentina, el proceso de desregulación comenzó desde finales de 2023. El Gobierno ha identificado cientos de normas que se eliminarán por ser innecesarias, redundantes o dañinas. La apuesta es generar transparencia, competencia y libertad económica, y romper la lógica del poder discrecional.

En Ecuador, Freire lo resume de otra forma: “Hoy se mide el desempeño de las instituciones por cuántas regulaciones hacen al año, no por su impacto real. Necesitamos cambiar esa lógica, eliminar barreras regulatorias y aplicar las leyes que ya existen, como la de eficiencia de trámites”.

Dos herramientas ya existen en Ecuador para desmontar la trampa legal que alimenta la corrupción

Ecuador ya tiene dos herramientas jurídicas clave que permitirían eliminar miles de normas innecesarias, trámites absurdos y barreras regulatorias que hoy asfixian al sector productivo y abren la puerta a la corrupción. El problema es que no se aplican.

1. La Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos (2018). Esta ley busca reducir los costos de gestión entre el ciudadano o empresario y el Estado, y obliga a la administración pública a ser más eficaz, eficiente y transparente. Además, promueve la digitalización de trámites y prohíbe la duplicidad de requisitos. Sin embargo, en la práctica, sigue siendo ignorada.

“Te siguen pidiendo papeleta de votación para todo, o que imprimas documentos que el Estado ya tiene. Incluso si llevas un CD con tu documentación firmada electrónicamente, no te lo aceptan y te mandan a imprimir”, denuncia Freire.

Según Freire, la aplicación de la ley está en manos del Ministerio de Telecomunicaciones, pero “no se ha comprendido que digitalizar trámites no es solo ponerlos en línea, sino también eliminar lo redundante e innecesario”.

2. El Libro VII del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Cogep). Este capítulo, incorporado en el Gobierno de Guillermo Lasso, establece la obligación del Estado de evaluar periódicamente sus propias regulaciones. El objetivo es eliminar o reformar aquellas que no generen valor público, que obstaculicen el desarrollo económico o que impidan la competencia.

“Cualquier ciudadano o empresa puede pedir que se evalúe una norma, y el Ministerio de Producción debe requerir al emisor original la justificación técnica para mantenerla. Si no la hay, debe eliminarse”, explica Freire.

Pero tampoco se aplica de forma efectiva. “El país tiene decenas de agencias reguladoras, ministerios y entes públicos que emiten normas sin evaluarlas, sin medir impacto y sin tener datos actualizados. Esa es una receta perfecta para la sobrerregulación y, con ella, para la corrupción”, sostiene. (JS)

Fuente: La HORA